PP y Vox tumban en el Parlamento murciano la comisión de investigación sobre el incendio de las discotecas

La Asamblea Regional no investigará las causas y los pormenores del incendio de las discotecas de Atalayas que costó, el pasado 1 de octubre, la vida de trece personas. La propuesta de la comisión de investigación, presentada por el Grupo Mixto (Podemos), ha sido rechazada en el Pleno parlamentario con 29 votos en contra de PP y Vox, frente a 15 votos positivos de la oposición. Salvo el vicepresidente del Gobierno, el ultraderechista José Ángel Antelo, ningún miembro del Ejecutivo regional ha acudido a la sesión. Tampoco el presidente, Fernando López Miras.

Populares y ultraderechistas han justificado su negativa aludiendo que la máxima autoridad legislativa de la Comunidad no es el lugar propicio para investigar lo ocurrido en la tragedia. “Los hechos ya se están investigando por parte de la Fiscalía, la policía, el juzgado y por el propio Ayuntamiento”. “La Asamblea no tiene las competencias necesarias. Las familias deben conocer toda la verdad. Confiamos plenamente en la justicia”, ha declarado la diputada popular María del Carmen Ruiz Jódar. Sin embargo, según el reglamento interno de la Cámara, y según la legislación vigente, la Asamblea Regional y la propia Comunidad Autónoma es la que posee las competencias en relación a los espectáculos que tienen lugar en locales de ocio nocturno. No existe, no obstante, ninguna ley que específicamente regule este tipo de actividades.

Uno de los máximos señalados tras la tragedia es el actual concejal popular de Urbanismo de la capital murciana, Antonio Navarro. En el propio Ayuntamiento de Murcia, desde hace dos semanas, hay en marcha una comisión de estudio que ha suscitado, a lo largo del Pleno, las críticas de la oposición. “Produce sonrojo que sean los políticos que pueden ser responsables de la tragedia los que pretenden investigarse a sí mismos”, ha declarado en esta dirección María Marín, la portavoz del Grupo Mixto.

La propuesta comisión de investigación en la Asamblea ha vivido, hasta su cese definitivo de hoy, semanas de titubeos y tiras y afloja. La Mesa rechazó su admisión a trámite hasta en dos ocasiones. Los miembros de dicho organismo pertenecientes al PP -tres, en contraposición de los dos del PSOE- alegaron en ambas, apoyándose en los servicios jurídicos de la Cámara, que las competencias en la gestión de los locales de ocio nocturno corresponden a los organismos municipales, en este caso al Ayuntamiento de Murcia. Sin embargo, en un tercer intento, el pasado 23 de octubre, la unanimidad de la mesa desbloqueó la situación. El Pleno debía ser entonces quien diese el visto bueno a la iniciativa que dilucidara los detalles del incendio y de la negligencia. Las expectativas entre los partidos de izquierda eran entonces positivas. Pero el resultado no ha sido el esperado.

“PP y Vox ignoran el dolor de las víctimas”

Marín se ha mostrado crítica ante la negativa de los socios del Ejecutivo. Que la Asamblea no investigue lo sucedido en Teatre y la Fonda Milagros es, para ella, fruto “del rostro más tenebroso de la política”. “PP y Vox ignoran el dolor de las víctimas. Para qué está este órgano”, se ha preguntado la portavoz de Podemos, “si ante la mayor tragedia en un local de ocio en la historia de la Región se mira para otro lado”. “El PP tampoco quiso investigar los muertos de las residencias en esta Comunidad. No hay espacio para la justicia aquí”, ha añadido.

“Esta Asamblea tiene las competencias necesarias para investigar lo ocurrido. Y también la autoridad. Tenemos que escuchar aquí a los responsables políticos, a los técnicos del Ayuntamiento, a los dueños de las discotecas, para que esto no vuelva a suceder”, ha defendido Marín.

Por su parte, el PSOE ha votado a favor: desde el primer momento, el partido mostró su beneplácito ante la iniciativa. Por un lado, sus dos miembros de la Mesa siempre fueron partidarios a la puesta en marcha de la comisión de investigación. Por otro, su portavoz parlamentario, José Vélez, también había ahondado en numerosas ocasiones en la necesidad de investigar “los años en que los locales (Teatre y Fonda Milagros) han funcionado presuntamente de forma irregular y sin los permisos necesarios”, a pesar de que otro de los posibles responsables de lo ocurrido es el exconcejal socialista de Urbanismo en Murcia, Andrés Guerrero, que es el actual responsable de Justicia y Relaciones Institucionales de la Ejecutiva regional socialista.

Durante el Pleno que ha rechazado definitivamente la propuesta, el diputado socialista Juan Andrés Torres ha evidenciado que, ante esta medida finalmente revocada, “no caben medias tintas ni colores políticos”. “Debemos poner todos los instrumentos necesarios para esclarecer todos los hechos. Es necesario que se investigue cómo, desde 2018, estos locales han funcionado sin licencia. Debemos depurar todas las responsabilidades, caiga quien caiga”, ha afirmado.

En cambio, Vox siempre ha exteriorizado, desde el principio, su recelo a que la investigación política se lleve a cabo en la propia Cámara. Justificando su voto en contra, su diputado, Antonio Martínez Nieto, ha cuestionado la utilidad de “una comisión de este estilo”. “Los hechos están claros, en apariencia. 13 fallecidos en una discoteca que no tenía licencia. Hay una brecha en la coordinación de los servicios administrativos municipales. Poco más se puede añadir. No vemos la utilidad de tener un conocimiento pormenorizado del incendio, que es lo que quiere la izquierda en esta Asamblea Regional”, ha expresado el ultraderechista.

La madrugada del domingo 1 de octubre, hace ya cinco semanas, tuvo lugar el trágico incendio en las discotecas Teatre y la Fonda Milagros, ubicadas en el polígono murciano de Atalayas. El fuego acabó con la vida de 13 personas. Una veintena resultaron heridas. La discoteca Teatre, pues administrativamente para el Ayuntamiento de Murcia nunca existió la Fonda Milagros, carecía de licencia desde el año 2019. Tenía decretado el cese de actividad desde el 10 de enero de 2022. El 11 de octubre de ese mismo año, el Consistorio ordenó que se precintara, pero el mandato no se llevó a cabo.

Aún se desconoce el origen del fuego. Determinar dónde y cómo comenzó permitirá atribuir responsabilidades. La discoteca Teatre había realizado en 2019 modificaciones en su estructura, para las cuales fue en todo momento necesaria una nueva licencia que nunca le fue concedida. Así lo comunicaron el teniente alcalde y concejal de Urbanismo de Murcia, Antonio Navarro, y el anterior responsable de la cartera, Andrés Guerrero. Pese a la enrevesada situación administrativa, la discoteca superó recientemente inspecciones de seguridad y pidió permisos para la modificación parcial de la fachada. El Consistorio decidió apartar a dos funcionarios y admitió la existencia de otros locales que funcionaban sin licencia. Ya se han precintado al menos diez. La jueza Ana María Martínez Blázquez, titular del Juzgado de Instrucción número 3 del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, abrió el 3 de octubre diligencias por 13 homicidios imprudentes.

Dos de las familias de las víctimas ya han tomado medidas legales a través de su letrado, José Manuel Muñoz. Pretenden dirimir la responsabilidad del propio consistorio murciano en una pieza separada, al existir, declaró el abogado, “suficientes” indicios en sus actuaciones que podrían desembocar en “una supuesta actuación corrupta” que ha tenido como consecuencia víctimas mortales. “Los responsables municipales no han justificado la causa por la que no se ejecutó la orden de cierre. No estamos ante un caso aislado, sin ante una estructura municipal que no ejecutaba las órdenes de cierre”, afirmó Muñoz.

Vox impide una declaración institucional de condena a los ataques a sedes del PSOE

En el Pleno de este miércoles, asimismo, se ha tratado de llevar a cabo una declaración institucional en contra de las violentas protestas que diversas sedes del PSOE en la península han sufrido estos últimos días. Pero el Grupo Parlamentario de Vox ha vetado la iniciativa.

“Vivimos en una democracia en la que todo ciudadano y ciudadana tiene derecho a manifestarse, pero siempre dentro de la ley, y, por supuesto, sin traspasar, en ningún caso, la línea roja de la violencia y el odio. La Asamblea condena enérgicamente cualquier tipo de ataque a sedes de partidos políticos democráticos, cualquier tipo de violencia en manifestaciones, cualquier tipo de agresión, señalamiento o forma de coacción a los profesionales de los medios de comunicación, y reafirma su compromiso con el derecho a la información, la libertad de expresión y de manifestación”, expresa el texto propuesto por la Cámara.

Ante la negativa ultraderechista, algunos diputados socialistas, que la han recibido con incredulidad, han expresado, antes de comenzar su turno de palabra en el atril, la necesidad de “aprobar una declaración institucional que Vox ha negado. Atacar a los medios de comunicación es atacar a la democracia”.