El Servicio Murciano de Salud tendrá que pagar un millón de euros por provocar una encefalopatía a un bebé y su posterior muerte

El Juzgado de Primera Instancia número 50 de Madrid ha condenado a Berkley como aseguradora de la sanidad pública murciana (SMS) a indemnizar a un padre por la encefalopatía de su único hijo durante los dos años que vivió, así como por su posterior muerte. La cuantía de la indemnización asciende a un millón de euros (416.000 euros, más intereses sancionadores desde 2011). 

La cónyuge de Maximiliano, C.F.B., ingresó en el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia el día 19 de abril de 2011 para dar a luz. En esa fecha tenía 35 años y era matrona del mismo hospital. Tras diversas incidencias el parto finalizó mediante cesárea urgente por pérdida de bienestar fetal, naciendo un varón que ingresó en la unidad de cuidados intensivos por encefalopatía hipóxico-isquémica por sufrimiento fetal agudo. El letrado Ignacio Martínez formalizó la demanda por entender que pese a los signos de alarma que se produjeron durante el parto, no se llevó a cabo la cesárea con la precocidad debida para evitar la asfixia del niño.

A partir del parto, los padres experimentaron el “doloroso” día a día de un niño con esta “gravísima” invalidez, con múltiples ingresos hospitalarios y asistencia especializada las 24 horas del día para mantenerlo con vida. La madre falleció de súbita enfermedad en agosto de 2012, pasando a ser el padre el único sostén de la criatura. En 2014 el pequeño también falleció por la propia encefalopatía.

“Hemos luchado mucho tiempo, ha sido muy difícil sacarlo adelante”, ha asegurado a este periódico el letrado Ignacio Martínez, encargado de llevar el caso a través de los Servicios Jurídicos de la Asociación el Defensor del Paciente. 

Parte de esta indemnización “se va a destinar a seguir luchando para financiar jurídicamente que los profesionales que cometieron la negligencia no tengan oportunidad de volver a incurrir en una desgracia similar”, ha explicado a eldiario.es M. M., padre del bebé fallecido.

“No actúo desde el rencor; pero soy controlador aéreo y si cometo un error en mi trabajo no vuelvo a sentarme en una torre de control; no saben la desgracia y el destrozo que supone un hecho así para las familias afectadas”, ha continuado.

A pesar de mostrarse “parcialmente satisfechos”, no han descartado recurrir la sentencia “porque no se han contemplado todos los daños que se produjeron, teniendo en cuenta que el niño falleció a los dos años, la indemnización es alta pero engañosa”, relata el letrado. En su opinión, desde 2011 “entendemos que puede haber conceptos que no se han tenido en cuenta; por ejemplo, que el padre tuvo que irse a vivir a Santiago de Compostela, donde hay un centro especializado para niños con esa patología, y por motivos de clima, más tarde a Málaga, con todo lo que conllevó de pago de alquileres y desplazamientos”.

En Santiago de Compostela, refirió el padre del bebé fallecido, “éramos 150 familias de toda Europa; había una niña de La Paz de Madrid, un niño de San Juan de Dios, de Barcelona, otra de Sevilla y ocho murcianos, un dato suficientemente contundente”. 

Además, hubo periodos en los que el progenitor “no pudo trabajar para dedicarse a su hijo, aunque contrató a cuidadoras las 24 horas del día, concepto que sí contempla la sentencia”, señaló el letrado Ignacio Martínez.

M. M. calificó la sentencia de “agridulce”. Las sensaciones, dijo, “son de pena, por mi mujer y mi hijo, porque no deberían estar enterrados y no se puede dar marcha atrás”. Pero también es “dulce” porque parte de esa indemnización va a destinarla a los niños de la Asociación Brandon Por una Vida Mejor, “va a ser para ellos una inyección vital”. Se trata de niños con lesiones neurológicas, “que me voy encontrando por el camino, dos en Asia, dos en Ucrania y el resto en España. Les echo una mano y financio su neuroreahabilitación”.

“Por mi concepción cristiana -prosigue- es una manera de darle sentido al paso por este mundo de mi mujer y mi hijo; con su muerte dan vida”. 

Batallar contra el Servicio Murciano de Salud, refierió el letrado, “es muy difícil; hay muchos factores que dependen de manera subjetiva de personas que intervienen en el procedimiento, como la fase forense, la inspección médica o las aseguradoras, es una rama bastante compleja”.