Los cuatro proyectos que resquebrajan al cuatripartito en Navarra
Octubre comienza convulso para los socios del cuatripartito. Dos de ellos, Geroa Bai y EH Bildu, han convocado de urgencia la comisión de seguimiento del acuerdo programático para intentar que sus otros dos socios, Podemos e IU, no den al traste con la ley de Policías de Navarra conocida como ‘ley Beaumont’. No es la primera vez que alguno de los socios se acoge a este organismo que vela por el cumplimiento del pacto a cuatro firmado para que Uxue Barkos accediera a la presidencia en 2015. Con el Gobierno recién estrenado, en noviembre de ese mismo año fue necesario que los cuatro socios se encontraran en dicha comisión de seguimiento para que Podemos e IU pudieran expresar internamente sus quejas por la forma de proceder del consejero de Educación con la primera tentativa de convocar una OPE para profesores y maestros. El descontento que la formación morada y la coalición de izquierdas manifestaron en aquella reunión terminó al tiempo saldándose con la dimisión del titular de Educación, José Luis Mendoza. E incluso la presidenta Barkos
reconoció públicamente algunos “errores” del ex consejero.
La ley Beaumont
La gestión que está ahora en juego es la de la única consejera que EH Bildu propuso para integrar el gabinete de Barkos, María José Beaumont, cuya presencia fue aprobada personalmente por la presidenta para ocupar la consejería de Interior. Beaumont tenía el compromiso de desarrollar la Policía Foral para hacer de ella un cuerpo policial “integral y de referencia” en Navarra, según el acuerdo programático. Lo que se encontró fue un cuerpo de funcionarios públicos que, además de muchas otras características, resulta muy caro de mantener para las arcas públicas. Con la ley de Policía vigente, los agentes tienen asignada una jornada laboral anual idéntica al del resto de los funcionarios de la Administración foral. En la práctica, esto se traduce en que, en determinadas unidades y por la responsabilidad y funciones del trabajo que desempeñan, los agentes agotan su jornada laboral mucho antes de que concluya el año. Parte de su trabajo lo cobran entonces como horas extraordinarias, o bien optan por cogerse días libres y deben ser sustituidos por otros agentes.
EH Bildu, que logró numerosas alcaldías de ayuntamientos importantes tras las elecciones de 2015, pronto trasladó a la consejera Beaumont que se habían encontrado con un problema de costes de las policías locales similar al que la consejera había percibido en el cuerpo policial autonómico. De forma que Beaumont se propuso impulsar una nueva ley de Policías de Navarra que suprimiese de un plumazo este sobrecoste para las arcas forales y para las municipales. Además, por descontado, su ley incluiría los parámetros a seguir para que los cuerpos policiales se transformasen en Navarra en el modelo de “policía de cercanía” que defiende EH Bildu.
Pero la ‘ley Beaumont’ cosechó el rechazo unánime de todos los sindicatos policiales. Y Podemos anunció que no prestará su apoyo a una ley que los representantes de los trabajadores afectados consideran que les perjudica de forma notable. También Izquierda Unida condicionó su apoyo a la ley a que el texto consiguiese la adhesión sindical. Tras dos prórrogas parlamentarias de varios meses para que Beaumont negociase con los sindicatos, la situación no ha variado. De forma que Podemos e IU han registrado una enmienda a la totalidad del texto que se debatirá el próximo 19 de octubre en pleno.
EH Bildu no está dispuesto a que los dos socios más díscolos se desmanden, y les ha llamado al orden convocando la comisión de seguimiento del acuerdo programático. Está por ver hasta dónde llega su influencia pero, de momento, Podemos e IU se mantienen firmes en su rechazo a la ley.
La OPE de Educación
La comisión de seguimiento del acuerdo programático se reunió apenas seis meses más tarde de ponerse en marcha el autodenominado Gobierno del cambio para intentar recomponer la unidad interna de un cuatripartito dividido por las formas del ex consejero de Educación, Eduardo Mendoza. Su sustituta, María Solana, no ha heredado el tono ‘ex catedra’ de su antecesor, pero sí sus objetivos políticos, que intenta alcanzar con una gestión más discreta y menos dada a la polémica que la que protagonizó Mendoza. La discreción, no obstante, no le ha servido a Solana para que Podemos e Izquierda Unida no hayan encendido de nuevo todas las luces de alerta ante la última iniciativa anunciada por la consejera: instaurar el sistema de lista única para la próxima oposición que Educación quiere convocar en 2018. A Podemos y a Izquierda Unida no les gustó nada en 2015 la sugerencia de Mendoza de convocar una OPE por el sistema de lista única (que se aplica en otras Comunidades Autónomas con dos lenguas oficiales y que consiste en que todos los aspirantes integran una única lista, pero los opositores bilingües pueden optar con un mismo examen a las plazas ofertadas en ambos idiomas). Tampoco les satisfizo en
absoluto la proporción en la que se repartieron las plazas convocadas (70% euskera, 30% castellano). Y se plantaron. La dimisión de Mendoza diluyó aquella división interna que ahora ha vuelto a resurgir ante la próxima convocatoria de Educación que prepara Solana.
La presidenta Barkos ha negado que exista división en el cuatripartito por la lista única de la OPE de Educación, ya que la consejera Solana aún no ha tomado una decisión y simplemente está estudiando la fórmula jurídica que permitiría la implantación de este sistema en Navarra, donde la ley del Euskera no considera esta lengua cooficial más que en algunas zonas.
Pero la división existe y viene de lejos, como demuestra el hecho de que Podemos e IU han elegido permitir con su abstención que salga adelante una iniciativa parlamentaria de la oposición que expresa su rechazo hacia el sistema de lista única. Solana se ha comprometido a informar a sus socios del cuatripartito antes que a la sociedad cuando tenga sobre la mesa una solución jurídica para la lista única. No se sabe si la tendrá lista para la reunión de la comisión de seguimiento que se celebrará esta semana, o si será necesaria la convocatoria de este organismo de nuevo. El caso es que la líder de IU, Marisa de Simón, ya ha advertido a Geroa Bai que espera “que en este asunto de la lista única el Gobierno tenga en cuenta el criterio de todos sus socios, y no actúe por su cuenta como ha hecho en el asunto del TAV”.
El corredor ferroviario
Ningún socio del cuatripartito está contento con el desenlace de las negociaciones entre el Gobierno foral y el del PP en torno al corredor ferroviario de alta velocidad en Navarra. Pese a que Geroa Bai ha despejado de su horizonte más próximo el nubarrón que suponía la amenaza de sus tres restantes socios de no apoyar sus presupuestos para 2018 si estos incluían financiación para el tren, el vicepresidente
Manu Ayerdi se enfrenta ahora a un litigio de naturaleza administrativa con el Estado, que quiere revocar el convenio suscrito por ambas administraciones en 2010 y licitar las obras de dos tramos este mismo año. Tampoco EH Bildu, Podemos o Izquierda Unida, en este caso unidos en bloque por su oposición a la alta velocidad, están satisfechos. Sienten que Geroa Bai ha jugado con dos barajas, una en el ámbito
foral, con la que ha tratado de tranquilizar a sus socios asegurando que no habría avances inmediatos con el tren, y otra en el ámbito del ministerio, a quien ofreció una contrapropuesta de convenio que había mostrado a sus socios del cuatripartito apenas tres días antes. Ahora, Ayerdi ha perdido la confianza de sus socios en lo relativo a las negociaciones que, como vicepresidente, mantiene con el Estado en diversas materias, como la ampliación de la segunda fase del Canal de Navarra.
El agua para la Ribera
Y, precisamente ahora, urgida por los diputados de UPN en Madrid, la ministra Tejerina acaba de anunciar la licitación inminente de la segunda fase del Canal. Una obra considerada por UPN y PSN como estratégica para Navarra, y a la que tradicionalmente se ha opuesto de forma frontal EH Bildu. El Gobierno foral y el Estado negocian el futuro de esta inversión en el seno de la sociedad pública Canasa, que ha decidido licitar los trabajos cuanto antes. El problema llegará con la definición del proyecto y con su financiación. El Estado, a iniciativa del anterior Gobierno de UPN, recibió la propuesta de que la infraestructura se construya “a cielo abierto” y las obras tendrían un coste estimado en unos 200 millones de euros. El Gobierno foral, por su parte, propone construir la infraestructura con la que llegará agua a la Ribera de Navarra con el sistema que ya se empleó para la ampliación de la
primera fase del Canal, el del tubo soterrado, que tendría un coste máximo estimado de cerca de 130 millones. Aunque Canasa (compuesta al 60% por el Estado y al 40% por la Administración foral) optase por la opción más barata que defiende el Ejecutivo de Barkos, también tendrían que ponerse de acuerdo en el caudal de agua que transportaría ese tubo soterrado y en el número de hectáreas de la Ribera que podría transformarse en regadío, así como en el coste de esta transformación.
Con estos cuatro grandes asuntos que resquebrajan la unidad del cuatripartito tendrán que sentarse los cuatro socios a la mesa para tratar de ponerse de acuerdo en un proyecto de presupuestos para el próximo año.
