Navarra Suma señala la inacción de la consejera de Salud tras una denuncia de cobro de comisiones en un contrato hospitalario

Navarra Suma (la coalición que agrupa UPN, Ciudadanos y PP) ha acusado al Gobierno foral de “evitar investigar” un posible caso de cohecho en el seno del Servicio Navarro Salud (Osasunbidea), al asegurar que altos cargos sí conocían –hasta seis meses antes y en contra de lo sostenido por la titular de Salud, Santos Induráin- los indicios penales que desde diciembre de 2020 investiga el Juzgado número 5 de Pamplona. Dicho material incluye una serie de grabaciones que recogen, presuntamente, unos hechos acaecidos en la sección de Hemodinámica del Complejo Hospitalario. En concreto, se apunta a la oferta hecha por un compañero a otros miembros del equipo para aceptar comisiones irregulares por la facturación a una empresa de instrumental médico.

Los hechos se remontan a junio de 2019 -con Fernando Domínguez como consejero de Salud en el anterior Gobierno de Uxue Barkos (Geroa Bai)-, cuando un facultativo comunicó los supuestos delictivos a la dirección del Área de Corazón. Y un año después hizo lo mismo con el gerente del complejo. Al no recibir respuesta, acudió al Defensor del Pueblo de Navarra. Este organismo fue quien finalmente trasladó el asunto a la Fiscalía. Las grabaciones ahora objeto de investigación, según ha apuntado el diputado de Navarra Suma, Juan Luís Sánchez de Muniáin (UPN), fueron facilitadas por dicho profesional a los integrantes del equipo. Así lo recoge al menos, según ha asegurado, un informe de una consultoría de ‘coaching’ encargado por el Gobierno que pretendía evitar el empeoramiento de las relaciones laborales del grupo de funcionarios en medio de la denuncia. En esta línea, Sánchez de Muniáin ha apuntado a la existencia de un expediente disciplinario abierto al facultativo después de iniciarse las diligencias judiciales. El portavoz de la oposición ha afirmado que es un documento que “certifica” que el funcionario facilitó las grabaciones al gerente del Complejo Hospitalario el 23 de julio de 2020.

Todo ello contradice, a su juicio, lo defendido por la consejera Santos Induráin, quien aseguró, en una respuesta por escrito en sede parlamentaria a Navarra Suma, que su departamento no trasladó el asunto a la Fiscalía por “no disponer de indicios basados en pruebas, a pesar de habérselo solicitado al denunciante”. Una decisión, añade Santos Induráin, que se adopta tras varias “actuaciones internas”, que incluyen la comprobación de la facturación de las empresas que suministran material al Servicio de Hemodinámica, “sin que se apreciaran diferencias entre las mismas que hagan pensar que se ha cometido irregularidad alguna”.

La investigación interna finalmente fue abierta en enero de 2021, un mes después que la magistrada Rebeca Esther Alonso Adrián del Juzgado número 5 de Pamplona abriera diligencias previas a instancias de la Fiscalía. En este sentido, Sánchez de Muniáin ha afirmado que la consejera “falta a la verdad” en las respuestas escritas dirigidas a su grupo y asegura que sus declaraciones “son desmentidas con rotundidad”. Y va más allá al afirmar que “prácticamente toda la cadena de responsables de Salud y quizá del Gobierno de Navarra” escucharon las grabaciones. “Conocían los hechos relativos a la denuncia con las mismas pruebas, al menos un año antes, y no iniciaron investigación alguna hasta que fueron sorprendidos por una investigación penal”, ha manifestado.

Ha apuntado, incluso, a la propia presidenta del Gobierno foral, María Chivite, al asegurar que el funcionario le envió en noviembre de 2020 un burofax exponiéndole los hechos, que entonces no estaban siendo investigados, y las supuestas represalias sufridas en su puesto de trabajo a raíz de la denuncia. En este punto, Sánchez de Muniáin ha acusado al Gobierno de intentar “envolver” la cuestión en una “cortina de humo”, al achacar lo sucedido a un “conflicto” entre profesionales.

Preguntada sobre si tenía conocimiento respecto a la existencia de algún facultativo que hubiera sufrido “alteraciones” en su puesto de trabajo tras realizar la denuncia, la titular de Salud contestó que dos profesionales se vieron afectados por cambios en el servicio, entre ellos el denunciante, “como consecuencia de las recomendaciones” realizadas por la empresa encargada de un proceso de facilitación y del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. “Y ante la posibilidad”, añade, de que se agravara la situación de tensión laboral.

En este sentido, el parlamentario de Navarra Suma ha lamentado que el Ejecutivo foral “no sólo no ha protegido” al facultativo sino que “finalmente ha sido castigado”, para atravesar un “auténtico calvario laboral” hasta ser expulsado del área en la que trabajaba. Unas sanciones, ha apuntado, adoptadas después de comunicar los supuestos hechos delictivos. “Una Administración correcta y recta tiene que encarar con determinación estas malas prácticas para que no se generalicen, porque no puede ocurrir que quien denuncia con valentía sufra un calvario laboral”, ha señalado.

Por ello, ha anunciado que Navarra Suma solicitará en sede parlamentaria información relativa a la facturación de la empresa presuntamente implicada, así como la comparecencia del Defensor del Pueblo y de la consejera de Salud. “Para que nos dé luz sobre estas contradicciones”, ha sentenciado.

El Gobierno foral defiende su actuación “proporcional y gradual” 

El Ejecutivo liderado por María Chivite ha respondido a las acusaciones vertidas por Navarra Suma al defender la actuación “proporcional y gradual” llevada a cabo por los distintos responsables jerárquicos del profesional denunciante en el Área de Corazón del Complejo Hospitalario. A la vez, ha manifestado su “más absoluta colaboración” con todas las instancias judiciales ante la denuncia presentada por un presunto delito de cohecho y su “respeto” ante las decisiones que se puedan adoptar.

En un comunicado, el Gobierno foral ha insistido en que en dicha área se produjo una reunión “aclaratoria” que finalizó con una “declaración unánime” de las personas asistentes que afirmaron que no se habían producido los cobros irregulares señalados en la denuncia. Además, ha subrayado que la dirección del Complejo Hospitalario “constató” que existía un “conflicto profesional” en la sección de Hemodinámica. A partir de ahí, se llevaron a cabo una serie de acciones de mediación profesional. Según se señala en la nota, las reuniones mantenidas con el facultativo denunciante versaron principalmente sobre reivindicaciones de tipo laboral y organizativo.

Como ya manifestó la consejera Induráin, el Ejecutivo foral ha vuelto a insistir en que los supuestos hechos delictivos no fueron trasladados a la Fiscalía por “no disponer de indicios basados en pruebas de lo denunciado”, a pesar de haber solicitado las grabaciones en repetidas ocasiones al denunciante.

Sí reconoce el Gobierno foral que el facultativo se dirigió entre octubre y noviembre de 2020 tanto a Presidencia como a la Dirección General de Intervención del Departamento de Hacienda. Ambas instancias remitieron el asunto al Servicio Navarro de Salud. El asunto llegó también a la Dirección General de Presidencia y al director gerente del Complejo Hospitalario. El Ejecutivo ha defendido que poco después recibió un correo del denunciante con una copia del escrito remitido desde el Defensor del Pueblo al Ministerio Fiscal. Y cuando Intervención preguntó a este último si convenía interponer una nueva denuncia con “el fin de apoyar la investigación”, la Fiscalía contestó que “no era preciso porque el procedimiento ya estaba en marcha”.

En un comunicado, finalmente, Salud ha pedido “respeto para los profesionales que componen el Área del Corazón del Complejo Hospitalario de Navarra” y ha reclamado que “se les aparte el proceso judicial de una exposición mediática” que, ha lamentado, “es contraria al respeto que merece un equipo de profesionales sólido y de reconocido prestigio como es el que compone la citada Área”.