Las puertas giratorias en Navarra, pendientes de las desavenencias en el cuatripartito
Terminar con el concepto de las puertas giratorias. Con la posibilidad de que los políticos que concluyen su mandato y, en muy poco tiempo, son el fichaje estrella de alguna gran empresa. Con la imagen fija en la retina de la ex presidenta Yolanda Barcina entrando a formar parte del conglomerado empresarial de Telefónica apenas unos meses después de dejar abandonado a su partido y tras dejar la presidencia de Navarra, el cuatripartito se impuso hace casi un año el objetivo de terminar con las puertas giratorias. Pero la distancia entre lo dicho y lo hecho sobre este asunto parece insalvable para el Gobierno, que no ha sido capaz de superar las desavenencias entre los partidos para aprobar un cambio legislativo.
Así que, un año después de gobierno del cambio, la situación en cuanto a los posibles privilegios de los políticos sigue como estaba. La ley prohíbe a los ex altos cargos, durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, “realizar actividades privadas relacionadas con expedientes sobre los que hayan dictado resolución en el ejercicio del cargo”, así como “celebrar contratos de asistencia técnica, de servicios o similares con las Administraciones Públicas”.
La ley señala además que, durante esos dos años en régimen de incompatibilidad, los ex altos cargos deberán enviar al Registro de Actividades e Intereses una comunicación con el tipo de actividad laboral que vayan a emprender. Esa comunicación es analizada por un grupo de funcionarios que determina si hay motivos para oponerse a la actividad laboral del exalto cargo o éste no incurre en incompatibilidad. Hasta la fecha, ninguna incorporación de un exalto cargo a la empresa privada ha merecido un dictamen reprobatorio por parte de los responsables del registro.
Y, aunque para el anterior Gobierno de UPN se trata de una ley “garantista”, lo cierto es que entre la oposición a los regionalistas se originó en numerosas ocasiones el debate sobre si la ley es realmente efectiva. Tras el fichaje de Barcina por una empresa filial de Telefónica, por ejemplo, partidos como Bildu preguntaron de forma pública si Barcina no había participado, siendo presidenta, en ningún expediente relacionado con Telefónica. Y la respuesta es que, literalmente, no. Barcina no estampó su firma en ningún acuerdo entre Telefónica y el Gobierno, no negoció con la empresa, ni siquiera participó en reuniones en las que algún representante de la empresa estuviera presente. Pero, bajo su mandato, el Gobierno sí firmó numerosos acuerdos con esta empresa. Bildu defiende que el Gobierno es un órgano colegiado y la presidenta su mayor responsable, por lo que ve incompatible su fichaje posterior por Telefónica, pero la literalidad de la ley hace que no haya habido un informe en contra por parte de los responsables del registro de altos cargos.
“Resquicios legales”
El cuatripartito quiere terminar con estos “resquicios legales” que dan la imagen de que determinados políticos utilizan su paso por la cosa pública como trampolín para su carrera laboral en el ámbito privado. El Gobierno del cambio quiere terminar con las puertas giratorias, pero este objetivo puede acabar siendo solo humo si los partidos no son capaces de ponerse de acuerdo en una fórmula.
Podemos y Bildu han presentado una ley sobre la que el Gobierno de su socia Uxue Barkos se ha pronunciado en contra. Los dos primeros quieren ampliar de dos a 10 los años de incompatibilidad para los ex altos cargos. Y, además, quieren suprimir las cesantías, que es la cantidad que cobran quienes dejan el Gobierno durante un máximo de dos años si no tienen ninguna otra percepción económica.
Desde Geroa Bai señalan de forma “no oficial” que el planteamiento de Podemos y Bildu es “maximalista” y conducirá a que profesionales de prestigio rechacen dedicarse temporalmente a la política. Tampoco consideran justo que 10 años de incompatibilidad no estén compensados con una percepción económica, aunque sea mínima. “¿Quién va a querer entrar en política si luego no puedes trabajar en nada relacionado con tu cargo durante 10 años, sin poder recibir una contraprestación por esa incompatibilidad?”, preguntan desde el partido del Gobierno.
De forma oficial, el Ejecutivo quiere reconducir la negociación con Bildu y Podemos a través de la redacción de un nuevo Código Ético en el que se redefina el término “incompatibilidad” y se ajusten los términos legales a una casuística más real. Pero este propósito de Geroa Bai será, en la práctica, como desdibujar la propuesta tan tajante de Podemos y Bildu en un texto mucho más farragoso y menos accesible para el ciudadano de a pie. Después de haber llegado tan lejos en sus exigencias, ¿cómo podrán justificar Podemos y Bildu una rebaja de sus pretensiones?
Izquierda Unida, por su parte, no quiere pronunciarse sobre la propuesta de ley de sus dos socios. Pero no la ve con buenos ojos. Desde IU creen que hay una vía intermedia entre el actual cobro de cesantías y su desaparición radical, como propone Podemos, que consiste en negociar con la Seguridad Social una especie de prestación para los ex altos cargos, de forma que las incompatibilidades a las que se ven sometidos no queden sin contraprestación económica.
El debate de las puertas giratorias vuelve a estar sobre la mesa del cuatripartito, que estos días de verano está decidiendo sus prioridades legislativas para el principio del curso parlamentario. Y, aunque aún no han mantenido ninguna reunión para retomar la cuestión de las incompatibilidades, todos ellos reconocen que es una “patata caliente” para la unidad del cuatripartito.
