Una empresa privada controla que las concesionarias del peaje en la sombra cumplan el contrato
El Gobierno de Navarra ha adjudicado el control de las empresas que explotan la autovía del camino y la autovía del Pirineo, las dos carreteras explotadas en la Comunidad Foral con la fórmula del peaje en la sombra. Será una empresa privada quien, durante los cuatro próximos años, hasta finales de 2018, vele por que las concesionarias de la explotación cumplen con lo establecido en el contrato en cuanto al estado de conservación de las carreteras y también al volumen de tráfico que transita por ellas, cuestión que afecta al canon que paga el ejecutivo foral.
Se trata de las dos autovías que, en Navarra, se explotan mediante el peaje en la sombra. Con esta fórmula, la Administración adjudica a una empresa la construcción, mantenimiento y gestión, en este caso, de las carreteras, y el Gobierno paga a dicha empresa un canon en función del uso que haya tenido la infraestructura. En este sentido, el ejecutivo tiene que controlar que el mantenimiento de la vía sea el correcto, y que el volumen de tráfico que la utilice también, ya que de ello va a depender el canon que tenga que pagar. Y estas son las labores que el Gobierno ha puesto en manos privadas. LCA, empresa adjudicataria, será la encargada de velar para que las concesionarias realicen sus funciones en cuanto al correcto mantenimiento de las autovías y que los datos de tráfico se correspondan con la realidad.
Una labor criticada desde algunos grupos de la oposición que consideran que lo lógico sería que el Gobierno, directamente, fuera quien ejerciera esa labor de control sobre la empresa concesionaria. Desde Izquierda Ezkerrra, su portavoz, José Miguel Nuin, destaca que es “llamativo que no sea el propio departamento el que lo controle. Como tienen tendencia a privatizar, pues también privatizan la supervisión”. Opinión que comparten desde Bildu que consideran que “lo lógico es que el propio Gobierno sea el que lo controle y no privatice trabajos propios de la administración. Puesto que no hay presupuesto para nuevas obras en el departamento de fomento, parece que los funcionarios debieran ocuparse de este tipo de cosas”, como afirma el parlamentario Koldo Amezketa. Otros grupos no lo ven con malos ojos, y comparten la visión de que la privatización pueda estar justificada si el Gobierno necesita ese apoyo para llevar a cabo la labor de control. Es el caso de Geroa Bai, cuyo portavoz, Manu Ayerdi, considera que “es una labor que alguien tiene que hacer, y alguien tiene que ayudar al Gobierno a asegurar que las concesionarias están cumpliendo con las obligaciones”.
500 millones de ahorro sin el peaje en sombra
En todo caso se trata de dos infraestructuras polémicas por la modalidad de gestión con las que se han llevado a cabo, el peaje en la sombra. Una modalidad que ha supuesto, según un informe de la Cámara de Comptos, un sobre coste a las arcas forales de 500 millones de euros solo de la autovía del camino, dinero que el Gobierno se podría haber ahorrado si se hubiera encargado directamente de las obras y la explotación de las carreteras. Cantidad a la que hay que sumar el coste de esta asistencia, para la que el ejecutivo había reservado 960.000 euros anuales para las dos carreteras.
