El Gobierno anula 373 ayudas de renta garantizada en un año
“Los sistemas de control no han fallado”. El vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, tendrá que comparecer en el Parlamento para explicar qué seguimiento se hizo de los expedientes de las 11 personas que cobraban la renta garantizada y fueron detenidas por su presunta participación en una banda organizada de robos y en una red de explotación sexual. Las ayudas a estas personas se suspendieron en cuanto se produjeron los arrestos, pero no antes. Laparra ya ha aclarado que, cuando los diferentes cuerpos policiales se pusieron en contacto con su departamento para hacerles partícipes de sus investigaciones, también les pidieron que no iniciasen ninguna acción para suspender las ayudas sociales de los investigados, puesto que dicha interrupción podía interferir en las operaciones abiertas.
Según la información facilitada por Derechos Sociales recientemente al PSN, estas 11 suspensiones tendrían que sumarse a las 373 anulaciones de la prestación de renta garantizada que se han producido desde que entró en vigor la nueva ley, en noviembre del año pasado.
Los sistemas de control del departamento han detectado en casi un año motivos para suspender cautelarmente la renta garantizada que percibían 657 núcleos familiares. El total de familias beneficiarias de esta ayuda, que supone un desembolso de 90 millones de euros anuales para las arcas públicas, es de 12.225. Las 657 suspensiones cautelares de la renta garantizada se redujeron, después de los correspondientes procesos de inspección, en 373 anulaciones definitivas de la ayuda, es decir, un 1,59% de los hogares beneficiados.
Según explican desde el departamento, se inspeccionan los expedientes sobre los que existen indicios de que puedan haber cambiado las circunstancias en las que se concedió la renta garantizada: o bien que la composición de la familia es distinta de la que se declaró para obtener la ayuda, o el lugar de residencia de la familia beneficiaria no está en Navarra, o en el hogar existen más vías de ingresos de las que se indicaron para solicitar la renta garantizada…
La mayor parte de las suspensiones definitivas se produjeron por no comunicar cambios en las condiciones de acceso a la prestación (80), seguidas de las que se dictaminaron porque los beneficiarios de la renta básica renunciaron a alguna oferta de empleo (67 casos). La no comunicación de un cambio en el domicilio fue la causa de la suspensión de 20 expedientes de ayuda.
Por otra parte, el departamento de Laparra cifra en 861 los beneficiarios que, en el año que lleva en vigor la ley, han dejado de cobrar la renta garantizada porque su situación socioeconómica ha mejorado y ya disponen de otros ingresos distintos a los de esta ayuda. De ellos, 190 se incorporaron a algún tipo de empleo social protegido.
