El Gobierno foral dice que el impago de 93 millones al Estado no se produjo “sin avisar”
El Gobierno foral ha querido rebajar hoy el tono del enfrentamiento que mantiene con el Estado después de que, el último día de 2016, decidiera no pagar completa la cuota de la última aportación prevista de Navarra a las cargas generales del país. La medida, que se ha producido por primera vez desde que Navarra y el Estado regulan sus relaciones económicas a través del Convenio, ha suscitado fuertes críticas por parte de UPN y el PP. Y el consejero responsable, Mikel Aranburu, ha hoy en el Parlamento que, antes de dejar de pagar 93 de los 163 millones estipulados, se dio traslado al Estado de cuál era la posición de la Administración foral. “No se hizo sin avisar”, ha asegurado el titular de Hacienda y Política financiera del Gobierno de Navarra. La próxima semana, según ha asegurado, se mantendrá una reunión entre Navarra y el Estado para negociar la salida a esta situación.
En sede parlamentaria y por iniciativa propia, aunque también UPN había solicitado su comparecencia urgente, Aranburu ha puesto contexto a la decisión que adoptó su Gobierno de dejar de pagar 93 millones al Estado. Ha recordado que el Convenio se actualiza por quinquenios y que, actualmente, sigue sin ponerse al día la cuota calculada para el periodo 2010-1014. Es decir, que los 153 millones que Navarra paga cada cuatro meses al Estado son el resultado del cálculo elaborado hace 6 años. Y “esta situación de prórroga indefinida supone un importante perjuicio a la estabilidad y sostenibilidad de las cuentas de Navarra”, ha advertido Aranburu.
Ha explicado también que las negociaciones para actualizar la cuota del Convenio Económico para el quinquenio 2015-2019 comenzaron posponiéndose a través de un acuerdo “tácito” entre las administraciones foral y estatal. El objetivo de este retraso era darse tiempo para resolver “distintos conflictos que se arrastraban desde el quinquenio anterior”. De forma que en 2015 se prorrogó la cuota anterior y, a principios de 2016, el Gobierno foral tomó la iniciativa para retomar las negociaciones con el Estado y actualizar el Convenio.
Sin embargo, el Estado no respondió a la petición foral hasta el 22 de abril, fecha en la que se decidió “crear una subcomisión con la finalidad de impulsar y coordinar los trabajos técnicos preparatorios”. A pesar de los “continuos requerimientos de Navarra”, ha asegurado Aranburu, la citada subcomisión “no ha llegado a constituirse” puesto que el Estado no ha designado a las personas que quería que formaran parte de ella.
Mientras tanto, ha explicado el consejero, en la Hacienda foral continuaron con su trabajo preparatorio para la actualización del Convenio y elaboraron un estudio con el que ponían cifra a las relaciones financieras entre la Comunidad foral y el Estado durante el quinquenio 2015-2019. Aranburu asegura que enviaron este estudio al Estado el pasado mes de octubre. En dicho informe se cifra entre 90 y 250 millones la cantidad que Navarra ha pagado anualmente de más al Estado durante los años en los que se ha estado pagando de acuerdo con la cuota prorrogada. Además, ha añadido Aranburu, “hay que sumar las diferencias calculadas en la cuantificación provisional de los ajustes fiscales por la recaudación de la imposición indirecta, que también son favorables a Navarra, al menos, en el año 2016, por unos 70 millones”.
El titular de Hacienda asegura que mantuvo con el Estado conversaciones telefónicas sobre este asunto en noviembre y en diciembre, y que también trasladó personalmente su postura en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. “No se ha hecho sin avisar, sino que se ha hablado continuamente, poniendo de manifiesto el grave perjuicio que suponía para las cuentas de Navarra”. Por ello, ha negado que el Gobierno foral haya incurrido en “ningún incumplimiento” y ha asegurado que el nuevo equipo ministerial le ha expresado su voluntad de “retomar inmediatamente las negociaciones para llegar a la aportación definitiva cuanto antes y regularizar todas las aportaciones”.
