El alcalde de Noja, imputado por posibles delitos de prevaricación y malversación
El alcalde de Noja, Jesús Díaz (PP), tendrá que declarar como imputado el próximo día 9 de abril por posibles delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. Y lo hará junto a parte de su equipo de Gobierno, ya que el teniente alcalde y concejal de Obras, Manuel María Alonso; el edil de Medio Ambiente, Emilio Gándara, y el exsecretario municipal, José Luis Sáenz Messia, han sido citados también en la misma causa.
La magistrada Raquel García, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Santoña, ha decidido 'fusionar' los dos procedimientos penales abiertos contra el alcalde y los máximos responsables del Ayuntamiento de Noja tras las denuncias de los miembros del Grupo Municipal Regionalista. En su escrito, fechado el 12 de febrero y ante el que cabe imponer recurso en el plazo de tres días desde la notificación, acuerda la declaración de los cuatro imputados para cerrar las diligencias previas y decidir si abre juicio oral.
Las dos demandas presentadas por los cinco ediles regionalistas -únicos miembros de la oposición en el pleno municipal- solicitan que se abra una investigación por posibles delitos de prevaricación administrativa, malversación de fondos y caudales públicos, así como un delito contra las garantías constitucionales al impedir su tarea de fiscalización sobre las cuentas del Ayuntamiento.
El PRC ha recordado este martes que la primera denuncia la interpuso el pasado junio, a consecuencia de la “pasividad” del equipo de gobierno ante las “actividades sin licencia” de un negocio de hostelería propiedad del concejal de Obras, y que tuvo alquilado un hijo del edil de Medio Ambiente, contra el que no ejerció medida alguna pese a que su “ilegalidad” fue confirmada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Santander, que llegó incluso a condenar al Ayuntamiento de Noja por “inacción y dejación de funciones”.
Tal y como adelantó eldiario.es Cantabria, estas denuncias han llegado incluso al Tribunal de Cuentas. En la documentación que aportan los demandantes, a la que ha tenido acceso este periódico, se pone también en conocimiento del órgano judicial la existencia de “numerosas irregularidades” en los procedimientos de contratación y adjudicación de los servicios municipales por parte del alcalde y de algunos de sus hombres de confianza.
El PRC de Noja alerta de más de 200 facturas de pagos a proveedores “sin consignación presupuestaria ni autorización legal del gasto” y cifra en más de seis millones de euros el presupuesto sin fiscalizar por la oposición como consecuencia de las maniobras de Jesús Díaz. La denuncia advierte de duplicidades en las facturas, servicios facturados sin consignación presupuestaria, adjudicaciones verbales sin contrato o fraccionamientos para eludir la normativa.
Los cinco ediles de la oposición registraron en el Juzgado de Guardia de Santoña el pasado 31 de julio de 2014 un escrito que, entre otros aspectos, cuestiona que dos de las empresas contratadas de forma “irregular” pertenecen a un familiar del secretario municipal y una tercera al concejal de Obras.
En la denuncia relatan que para saltarse los reparos de Intervención motivados por la aprobación de gastos sin consignación presupuestaria, adjudicaciones verbales y sin expediente de contratación, Jesús Díaz recurría a resoluciones directas de Alcaldía. Un 'modus operandi' que, a juicio de los regionalistas, supone un “evidente conocimiento de lo ilegal de la situación” y “una muestra de su voluntad de incumplir la ley”.
Los regionalistas señalan que esta situación no evitó que las empresas afectadas continuaran trabajando para el Consistorio, por lo que el PRC “sospecha de una posible connivencia para asumir la ilegalidad y continuar prestando los servicios”, dado que además las “beneficiarias” de tales irregularidades “se repiten de manera casi permanente”.
Apertura sin licencia
Además de lo expuesto, el Grupo Municipal Regionalista ha llevado también a los tribunales una posible prevaricación al permitir la apertura sin licencia de un bar propiedad de una de las empresas del primer teniente alcalde y a su vez arrendado por el concejal de Medio Ambiente.
En esta denuncia, fundida ahora en el mismo procedimiento penal que la anterior, los ediles del PRC explican que el local permaneció funcionando con normalidad entre noviembre de 2013 hasta junio de 2014 existiendo una resolución del alcalde en la que se establecía el cierre y clausura del establecimiento tras reiteradas acciones judiciales por parte de un vecino de la localidad.
El Grupo Municipal Regionalista, dirigido por Michel Ruiz, decidió acudir al Juzgado tras constatar “numerosas irregularidades administrativas” en el funcionamiento de dicho negocio, desde el año 2009, cuando comenzó a ejercer la actividad de restaurante en una zona del casco tradicional del Noja donde no estaba permitida la actividad hostelera.
Aunque el Ayuntamiento puso en marcha en aquel momento una modificación puntual de las Normas Subsidiarias para legalizar dicha actividad, la Comisión Regional de Urbanismo la informó desfavorablemente, por lo que el equipo de Gobierno optó por reformar la Ordenanza Reguladora de Establecimientos Comerciales e Industriales y Equipamientos Comunitarios, con la que finalmente facilitó la instalación de establecimientos hosteleros y la ampliación de los horarios de apertura, a juicio del PRC, “con el objetivo inequívoco de favorecer al concejal propietario del local”.
A pesar de que finalmente obtuvo licencia como restaurante, el PRC ha indicado que el establecimiento no se limitó a esa actividad, sino que también ofreció servicios de bar, cafetería y pub en horario nocturno, con terraza exterior, actividades lúdicas y todo tipo de actuaciones musicales y de entretenimiento, lo cual motivó la denuncia de varios vecinos en 2012 ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Santander, que confirmó la “ilegalidad” e incluso condenó al Ayuntamiento por no tomar medidas.
“La realidad es clara y obstinada. Si tenemos en cuenta que la distancia entre las oficinas municipales y el local en cuestión no supera los 500 metros y para la notificación se han tardado ocho meses, solo cabe entender que el retraso ha sido evidentemente voluntario y doloso, derivado de la condición de concejales de los dueños y de las personas que explotaban comercialmente el local”, insisten los denunciantes.
La semana pasada, en una conversación telefónica con eldiario.es Cantabria, el alcalde de Noja rechazó las acusaciones vertidas por la oposición y aseguró que “siempre ha sido muy transparente”. “No tengo nada que contar al respecto. Yo siempre cumplo la ley. Lo que pasa es que estamos en elecciones”, subrayó Jesús Díaz, que emplazó a esperar a que se pronuncien los tribunales antes de valorar los hechos.
