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Los afectados por el 'no concierto' de Guetta seguirán peleando en los tribunales por recuperar sus gastos

Los abogados de la demanda conjunta contra La Campa anuncian que continuarán adelante a pesar del concurso de acreedores de una de las promotoras

Este colectivo de perjudicados agrupa ya a más de 1.500 personas y valora reclamar la presunta comisión de un delito penal por parte de los administradores

Promotores dicen que Guetta les deja en una situación de "extrema dificultad"

Asistentes al concierto cancelado de David Guetta en Santander que se suspendió este verano. | EFE

Los abogados que lideran la demanda conjunta de los afectados por el 'no concierto' de David Guetta en Santander -que ya alcanza los 1.500 perjudicados-, anuncian que continuarán adelante con el requerimiento a pesar de que una de las empresas promotoras, Delfuego Booking S.L., se ha declarado en concurso voluntario de acreedores. "Lo único que va a cambiar es que vamos a precipitarlo por los acontecimientos sucedidos, pero la demanda no ha quedado desactivada", afirma Marian Vidal de la Peña, una de las letradas.

Sobre ese adelantamiento en la presentación del requerimiento, la abogada considera que, al no disponer de ninguna certificación que confirme la presentación del concurso, su "obligación" es continuar "hasta que nos lo comuniquen". Además, Vidal de la Peña contempla que el anuncio de este miércoles ha sido "juego sucio", ya que desde la UTE La Campa "sabían que queríamos presentar la demanda este viernes", comenta la jurista.

Por otro lado, la abogada santanderina mantiene que el resultado del festival ha sido "positivo" económicamente para las empresas, y que tiene que haber beneficios "porque las cuentas no salen por ninguna parte". Además, se cuestiona ese "desfase" entre ingresos y gastos. "Yo no sé de dónde pueden haber salido esas deudas. No me cuadra nada", argumenta.

Respecto a la posibilidad de que llegue la notificación del concurso de acreedores, creen que podrían derivar responsabilidades. "Ya no hablamos solo de la vía civil, sino que nos estamos planteando incluso la presunta comisión de algún delito penal por parte de los administradores", señala. "Creemos que ellos, por esta vía que han abierto, lo único que van a conseguir es que podamos ir por más motivos contra su gestión", indica.

Además, desde ambos despachos de abogados se cuestionan que, cuando se pusieron en contacto con UTE La Campa para llegar a un acuerdo sin llegar a juicio, ellos ya tuviesen "planificado" lo que iban a hacer. "Creemos que ellos ya sabían que iban a presentar el concurso de acreedores y por eso nos daban largas. No decían nada, solo decían que lo tenían en manos de sus abogados y no se han manifestado hasta que no han tenido presentado el concurso en el juzgado", sentencia la jurista.

Por último, afirman que están "echando de menos" una implicación por parte del Ayuntamiento de Santander para los más de 10.000 afectados. "Estamos hablando de un grupo de sociedades que han obtenido un enriquecimiento a través de una concesión realizada por la administración local", concluye Vidal de la Peña.

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