El Supremo rechaza el recurso del Gobierno y confirma la anulación del PGOU de Laredo

En concreto, la anulación respondió a la falta de solicitud del informe de la administración estatal respecto al despliegue de las redes públicas de comunicaciones eléctricas.

El Gobierno alegó que la ausencia del citado informe no debía suponer la invalidez de todo el plan, interpretación que no comparte el Supremo, que señala que el despliegue de las redes públicas de telecomunicaciones electrónicas sobre las que el informe delMinisterio de Industria, Energía y Turismo debe incidir, “constituye una de las determinaciones mínimas que todo Plan General debe contener, por lo que su ausencia impide su aprobación”.

Para la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS, “carece de todo sentido” que pueda entenderse aprobado definitivamente un plan general a excepción, como propugna el Gobierno de Cantabria, de las determinaciones en materia de telecomunicaciones.

Y ello por “la incuestionable incidencia que la red de telecomunicaciones tiene en otras esferas del planteamiento, hasta el punto de que algunas de éstas pueden verse condicionadas por aquélla”, lo que “impide considerar que los planes generales se aprueben definitivamente sin hallarse determinada el despliegue de dicha red”.

La sentencia, dictada el 5 de febrero y a la que ha tenido acceso Europa Press, desestima el recurso del Gobierno de Cantabria sin imponer costas.

El Supremo tiene pendiente de resolver varios recursos más contra la anulación del PGOU de Laredo, ratificada por el TSJC en tres sentencias. Dos de ellas de diciembre de 2016, tras estimar los recursos de Telefónica Móviles y Vodafone, y la última de junio de 2018 por modificaciones sustanciales en el último trámite de información pública que no fueron sometidas a evaluación ambiental.

PGOU DE LAREDO

El PGOU de Laredo, que fue aprobado por la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) en mayo de 2016, tras casi 15 años de trámites, contemplaba la construcción de 7.000 viviendas en la villa, 2.000 de ellas de protección oficial.

Asimismo, incluía un plan parcial de 533.000, de los que 220.000 eran para industria y comercio, 125.000 para sistemas viarios, 123.000 para espacios libres, 52.000 para zonas de ocio, deportivas y culturales, y 13.000 para una estación depuradora, una subestación eléctrica y un punto limpio.