“Las regulaciones en el 'crowdfunding' son necesarias, pero deben ser las mínimas”
El anuncio del Gobierno central de poner límites al 'crowdfunding', ha abierto el debate sobre la regulación de este sistema que promueve la microfinanciación de proyectos sin la intermediación de entidades financieras. En los últimos dos años el mecenazgo colectivo se ha asentado en el País Vasco como alternativa a la falta de financiación. Entre las plataformas surgidas en este tiempo, la que más recorrido ha conseguido desde su nacimiento en 2011 es Goteo Euskadi, con 39 proyectos, más de 3.000 cofinanciadores y casi 200.000 euros recaudados para financiar proyectos creativos que fomentan el procomún.
La falta de regulación del 'crowdfunding' es uno de los circunstancias a las que han tenido que hacer frente estas nuevas plataformas, “nosotros nos hemos ido autorregulando”, apunta Ricardo Antón, responsable de Goteo Euskadi. La solución que encontraron fue constituirse en Fundación, de manera que las aportaciones son manejadas como una donación, con su tributación correspondiente. “Al principio tuvimos que hacer muchas preguntas a Hacienda, a veces no recibíamos respuesta, y a veces recibíamos dos contradictorias”, explica Antón. Ante esta falta de información, en Goteo creen que “hace falta una regulación”, y aunque consideran que “las regulaciones son necesarias” éstas deben ser “las mínimas” porque “cuando una cosa está naciendo, hay que ver primero cómo discurre”, explica Antón.
En este sentido Antón entiende que hay que estudiar “cómo desarrollamos el modelo de una manera cualitativa, no cuantitativa”. A su juicio lo más importante es ofrecer una seguridad tanto al promotor del proyecto, como a las personas que quieran convertirse en mecenas. “Nosotros pedimos a los promotores que especifiquen el presupuesto, en qué se van a gastar cada euro”, una información que puede consultarse en la página, “porque los que lo que estamos fomentando es una nueva forma de relacionarnos, siendo corresponsables como parte de un proyecto”, explica Antón.
El nuevo escenario, todavía plasmado como un anteproyecto de reforma de Ley de Fomento de la Financiación Empresarial, que según el Ministerio de Economía “trata de minimizar la posibilidad de fraude”, establece entre otras medidas el límite por inversor tanto por proyecto, 3.000 euros, como por plataforma,6.000 euros por año, “garantizando que sean transparentes y que los inversores dispongan de información suficiente”. En este sentido Ricardo Antón afirma que “estamos tranquilos” y “nuestra preocupación se centra en seguir trabajando y hacer las cosas bien para que lo público y lo común se desarrolle”.
