La etarra Yoyes le gana la partida histórica a Kubati, su asesino

El 9 de diciembre de 1977 abandonó la cárcel de Martutene (Gipuzkoa) el último preso de ETA, Francisco Aldanondo, después de que el 15 de octubre de ese mismo año se promulgara en España la Ley de Amnistía que vació las penitenciarías de “presos políticos”. Hubo un momento en este país en el que no hubo en prisión ningún miembro de ETA. Pocos meses antes se habían celebrado las primeras elecciones generales tras los 40 años de dictadura franquista. 

“De una u otra forma, las demandas de KAS [Koordinadora Abertzale Socialista, en la que estaba integrada ETA] se habían cumplido: el nacionalismo radical podía participar libremente en la arena política mientras que a los activistas de la banda se les permitía volver a casa y retomar sus vidas sin que nadie les pidiese cuentas por su pasado”, recuerda el historiador Gaizka Fernández Soldevilla en su último libro 'La voluntad del Gudari'. ETA había matado entonces, en diciembre de 1977, a 70 personas. Antes de cerrar la persiana, en octubre de 2011, la lista de asesinados llegaría a los 845. Los etarras han matado sobre todo en democracia y cuando el Estatuto de Gernika ya había sido sancionado mayoritariamente por la ciudadanía vasca.

Pero ETA entendió que aquello era una “amnistía parcial” y, para justificar las décadas de terror que llegaron después, dejaron por escrito que “aunque [la amnistía] fuese total no variarían nuestros planteamientos, ya que nosotros iniciamos la lucha porque Euskadi estaba oprimida”. Los “planteamientos” de ETA, por supuesto, eran asesinar, secuestrar, extorsionar y la organización armada no perdió ni 24 horas: al día siguiente de que el Consejo de Ministros ratificase el proyecto de ley, un comando de ETA (militar) asesinó a Augusto Unceta, presidente de la Diputación de Bizkaia, y a sus dos escoltas guardias civiles, cuando se disponía -como todos los fines de semana- a jugar a pala en el frontón de Gernika (Bizkaia). Poco antes, legalizada la ikurriña, Unceta se había opuesto a que la enseña vasca ondeara en el edificio oficial y tuvo un fuerte enfrentamiento con el ministro del Interior de la época, Rodolfo Martín Villa. Pero prácticamente todo el mundo condenó el atentado, incluido el diario Egin, que llegó a exigir “la renuncia al empleo de la lucha armada”.

ETA no escuchó a nadie y su estrategia violenta terminó por llenar las tumbas de personas inocentes y las cárceles de etarras. En todos estos años ha llegado a tener hasta cerca de 800 reclusos en las “cárceles de exterminio del Estado español y francés”, como se han encargado de repetir desde todas las organizaciones que han trabajado en el 'frente de makos' a las órdenes o dentro de la estrategia de ETA.

Ahora quedan unos 400, de los que menos de 200 tienen delitos de sangre y largas condenas por delante. Con este panorama, Sortu y la izquierda abertzale que nunca ha condenado a ETA se han embarcado en una ofensiva para que los presos etarras opten por la vía de la legalidad penitenciaria “para vaciar las cárceles”. Este domingo, al mediodía, llenarán las calles de la capital vizcaína por ese motivo. Y enviarán también un mensaje al grupúsculo disidente de la izquierda abertzale nucleado en torno a ATA. Rebautizado como Movimiento pro Amnistía y contra la Represión, este grupo -que reunió a solo un millar de personas en una reciente manifestación en Bilbao- ha remitido cartas a cada uno de los presos de ETA en las que les piden que no admitan “la legalidad penitenciaria y judicial”, que no renuncien a “su lucha o militancia” ni asuman “el arrepentimiento del daño o el sufrimiento generado”.

Rufi Etxeberria fue el histórico en la izquierda abertzale que enseñó el camino a los presos de ETA a mediados de enero pasado: o legalidad o cárcel para muchos y muchos años. “La salida de los presos no va a venir de la mano de un acuerdo alcanzado en torno a una mesa”, sino que sólo será posible “desde el desarrollo de la legislación”, dejó sentado en una conferencia en Pamplona -alejado del tono mitinero-, Intervención que luego se ha hecho ley interna. Y desde entonces han sido decenas y decenas los dirigentes y militantes acusados de pertenecer o seguir los dictados de ETA los que han pactado condenas con la Fiscalía y las acusaciones en la Audiencia Nacional para evitar entrar en prisión y seguir engrosando la lista de reclusos de la banda.

Todo va lento en ese mundo. De hecho, los presos etarras del colectivo EPPK ya lo habían admitido en aquella declaración realizada el 28 de diciembre de 2013. Entonces -hace más de dos años- mostraron su disposición, por primera vez en su historia, a seguir la legislación penitenciaria: “Podríamos aceptar que nuestro proceso de vuelta a casa se efectuase utilizando cauces legales, aun cuando ello, para nosotros, implícitamente conlleve la aceptación de nuestra condena. Compartimos que tanto la ley como su aplicación cumple una función esencial de cara al futuro, ya que han de ser utilizadas para fortalecer los pasos que hayan de darse”. Justo lo que hicieron en enero de este año Pernando Barrena y otros dirigentes y militantes, y lo que acaban de hacer esta misma semana otros cinco acusados de EKIN. 

Pero en un mundo tan cerrado y endogámico como el de ETA nadie puede pretender decir que el sol ha salido si quien manda [ETA durante décadas] no ha encendido la luz. Por mucho que hayan pasado horas y horas desde el momento del amanecer. Aunque tampoco nadie quiere pasar ni un día más en la cárcel, sobre todo cuando han transcurrido cinco años desde que ETA abandonó definitivamente la violencia y no se ha producido ni un movimiento desde el Gobierno del PP para flexibilizar la política penitenciaria.

Es lo que le pasó a la dirigente de ETA Dolores González Catarain, Yoyes. Fue la primera mujer en alcanzar la dirección etarra de la mano de su mentor político José María Beñaran Ordeñana, 'Argala', asesinado en 1978 por la 'guerra sucia' del Batallón Vasco Español (BVE). Y no tardó en darse cuenta, en 1979, de la deriva de la Organización. “No quiero actuar en apoyo de una lucha que ha degenerado en algo terrible, dictatorial y mítico, contrario a mis valores y sentires más profundos y constantes en mi trayectoria”. Y, sin pedir permiso, aunque avisando antes a la dirección, lo dejó y, tras un periplo por México, volvió a Euskadi. Se atrevió a discrepar, a vivir en libertad. El 10 de septiembre de 1986, Kubati fue a Ordizia a “ejecutar” a la “traidora” Yoyes. Los presos etarras de la Vía Nanclares que renunciaron a la violencia y reconocieron el daño causado tuvieron más suerte, les esperaba el ostracismo, no una bala del calibre nueve milímetros parabellum.

Esta semana, el asesino de Yoyes, Antton López Ruiz, Kubati, en libertad y dando entrevistas a los periodistas, ha publicado una carta junto a otros expresos en Gara en la que anima a sus 'camaradas' a “recorrer la vía judicial, explotar la legalidad penitenciaria” y “acogerse a todos y todo orden de beneficios carcelarios”. Lo que durante décadas fue anatema, ahora es el camino a seguir.

Ahora sí toca. Ahora si se puede. Ahora, ETA no mata.