El Gobierno vasco amenazó con sancionar a Iberdrola si no cortaba la luz a los 'okupas'

El barrio 'okupa' de Errekaleor, para el cual el Ayuntamiento de Vitoria ya ha iniciado los trámites de demolición mientras el colectivo ocupante se ha granjeado un importante apoyo social y político en la ciudad y fuera de ella, está siendo escenario de una batalla de informes, a los que ha accedido eldiarionorte.es tanto en el Parlamento Vasco como de otras fuentes. El alcalde, Gorka Urtaran (PNV), viene esgrimiendo numerosos riesgos de seguridad para los residentes en las 192 viviendas de lo que en su día se llamó “mundo mejor” y constituyó una de las colonias obreras por excelencia de la Vitoria que se industrializó en el franquismo. El Gobierno vasco, asimismo, ha tenido claro desde 2015 que había que cortar el suministro eléctrico en el barrio e incluso advirtió a Iberdrola de que la sancionaría si no procedía como hizo en mayo. Entretanto, el último documento ha sido impulsado por los propios residentes: un 'dossier' de la arquitecta Almudena Pérez de Diego que asegura que las viviendas de la zona están en un muy buen estado y que apenas precisan leves reformas.

Errekaleor, alejado físicamente del núcleo urbano de Vitoria, se conformó como una colonia de inmigrantes de regiones como Extremadura en la década de 1960. Se levantaron varios bloques gemelos de pocas alturas y viviendas de menos de 60 metros cuadrados, aunque tenían tres dormitorios. El barrio se colmató con zonas de esparcimiento, un frontón, una parroquia y hasta un cine propio. Pasados los años, el Ayuntamiento planteó la demolición de la urbanización dentro de sus planes de expansionismo de Vitoria hacia el sudeste, bien con viviendas o bien como continuidad de los parques periurbanos que se han venido a llamar el “anillo verde”. 

Los propietarios originales, que habían hecho reformas en sus casas para ganarles un puñado de metros cuadrados, fueron saliendo y siendo recolocados en otros barrios. Sus viviendas se tapiaron. Pero en los últimos años un grupo de jóvenes 'okupas', hasta 150 ahora, ha desembarcado en el barrio para experimentar un proyecto de colectividad que se ha convertido en un referente, por su dimensión y organización, en Euskadi y en España. En paralelo, otros 'okupas' a título individual también han accedido a las viviendas vacías, lo que ha generado algunos choques.

El primer aviso de Maroto

El primero de los informes sobre la situación del barrio ocupado data del 27 de marzo de 2015, todavía con Javier Maroto (PP) como alcalde de Vitoria. La sociedad urbanística local Ensanche XXI, propietaria de los pisos de Errekaleor, emitió un dictamen en el que se aludía al “muy grave riesgo” que suponía que el suministro eléctrico estuviera “puenteado” para abastecer a las casas de los 'okupas'. El 31 de marzo, Iberdrola procedió a cortar parte del tendido del barrio, si bien respetó algunas líneas debido a que aún había contratos en vigor por parte de algunos vecinos. En general, todos los documentos oficiales se centran mucho más en los riesgos de la instalación eléctrica que en la propia edificación, lo que ha llevado a la izquierda (EH Bildu, Podemos e IU-Equo) a defender que no hay argumentos técnicos para acometer el derribo.

Ahora, en 2017, ya no quedan propietarios originales y el 6 de febrero Iberdrola informó al Gobierno vasco (el Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras es competente en materia de Energía) de que la demanda de energía en la zona era “muy elevada” teniendo en cuenta que sólo pagaba el Ayuntamiento por tres servicios muy pequeños que mantiene en el barrio. La compañía explica que no había hecho una inspección 'in situ' por temor a agresiones “físicas” a sus operarios y el Gobierno envió personal, técnicos que constataron esas “irregularidades técnicas”. La situación es “incluso peor” que la de 2015 y el Ejecutivo está decidido a actuar desde entonces.

El 20 de febrero se convocó a todas las partes a una reunión -menos a los 'okupas'- sin que asistiera al encuentro el Ayuntamiento, como consta en la documentación, y sin que se lograse “unificar criterios” de respuesta ante el asunto. El 6 de marzo, el Ejecutivo autonómico insistió en la existencia de usuarios “fraudulentos” de la red eléctrica en Errekaleor y en que esas conexiones eran “potencialmente peligrosas”. El delegado territorial en Álava, Sabin Zugadi, y el coordinador de Energía, José Luis Ateca, firmaron un requerimiento urgente a Iberdrola para que actuase sin demora.

Pero llegó el 27 de abril y la compañía no había hecho nada. Así las cosas, en un informe titulado “Asunto: Errekaleor. Apercibimiento de multa coercitiva”, Zugadi y Ateca volvieron a emplazar a Iberdrola, en este caso bajo la premisa de que de lo contrario se propondrán medidas, incluso “la incoación de expediente sancionador”. Iberdrola contaba con un plazo claro: 10 días.

En mayo llega el apagón

El margen se flexibilizó algo y es el 15 de mayo cuando se reúnen Gobierno vasco e Iberdrola para acordar la intervención en Errekaleor, que necesariamente tendrá que tener cobertura de la Ertzaintza ante la resistencia que plantearán los 'okupas', algo que ya se prevé de antemano. “Irán escoltados por la Ertzaintza”, se lee en la documentación. Finalmente, es el 19 de mayo cuando la compañía “realiza los trabajos” de corte de suministro, tres días después de lo acordado inicialmente y con apoyo de los antidisturbios. Unos días después (26 de mayo) se plantea la posibilidad de “instalar farolas solares” para cumplir con determinadas obligaciones de servicio público en el barrio ya que el suministro se ha cortado totalmente.

El 9 de junio de 2017, el director de Energía del Gobierno vasco, Aitor Oregi, emitió otro informe que dirigió al Ayuntamiento y que es el primero en el que incorpora la acusación de que los 'okupas' estaban cometiendo un “delito”. “Se trata de la utilización de instalaciones eléctricas no autorizadas y sin ningún contrato de suministro en algunas de las 192 viviendas de Errekaleor por unas 150 personas”, se lee en el extenso informe. Y añade: “La no existencia de contratos de suministro, ni de contadores de energía (o puenteados), justifica de por sí la pertinencia de la suspensión inmediata de los suministros irregulares, además de poder ser constitutivo de un delito de fraude al sistema eléctrico”.

El Ayuntamiento, asimismo, también ha esgrimido documentos relativos a la aparente fragilidad de las estructuras de las viviendas y a que “no ofrecen ninguna garantía de salubridad, higiene ni seguridad”, según manifestó el regidor Urtaran, que ha llegado a afirmar que espera no tener que lamentar la muerte de algún 'okupa' en Errekaleor. Ensanche XXI ya ha iniciado el procedimiento para acometer la demolición del “mundo mejor”, si bien también se ha procedido a instalar las prometidas farolas. Entretanto, desde hace años está abierta una petición judicial de desahucio.

Los 'okupas' han “mejorado” las casas

El último documento conocido es de los últimos días. Errekaleor Bizirik ha entregado a la Alcaldía un informe firmado por la arquitecta Almudena Pérez de Diego y secundado por otra docena de expertos titulados. El documento no entra a analizar en ningún momento la instalación eléctrica, pero sí constata que los cimientos de las casas están bien, que las estructuras son robustas, que las viviendas están razonablemente bien cuidadas y que los trabajos de restauración de los propios 'okupas' han hecho que la zona gane en habitabilidad al reducir humedades, desconchones u otros problemas. Es más, aplaude que los lugares más deteriorados hayan sido precintados siguiendo técnicas propias de los Bomberos.

“No se observan patologías ni signos externos en los edificios que nos indiquen riesgos inminentes ni graves. Los edificios no presentan daños estructurales que puedan provocar un riesgo a medio plazo”, se lee en el documento, facilitado por Errekaleor Bizirik con el ánimo de que cambie el estado de opinión en la Alcaldía. Y añade que el trabajo de los 'okupas' ha “mejorado” las “condiciones de seguridad generales” por lo que “se recomienda seguir con el proceso de rehabilitación”. “La solución de rehabilitar frente a la del derribo y construcción de nuevas viviendas siempre resulta más económica y sostenible”, remacha Pérez de Diego.

Como anexos, el documento entregado por los 'okupas' menciona también dos 'patologías' de las viviendas, la presencia de aluminosis y amianto. Respecto a lo primero, la experta explica que el hecho de que se construyera con cemento aluminoso “no implica forzosamente que haya aluminosis”. En cuanto al amianto, el informe constata que no hay más que en otros lugares de Vitoria, “incluso en colegios y hospitales” lo hay. De lo que se trataría sería de no manipular, tocar o cortar esas placas para “evitar el desprendimiento de fibras” contaminantes y peligrosas. “Las personas residentes en Errekaleor están informadas y son conscientes de los riesgos derivados del amianto”, indican este documento.

“No se trata de una guerra de informes. Y aunque partiéramos de la hipótesis de que las casas están bien, ¿quiénes son ellos para entregar un informe técnico si las están ocupando ilegalmente?”, ha replicado Urtaran a este informe.