Euskadi atribuye sus “duplicidades e ineficiencias” a que el Estado no culmina el Estatuto

El informe sobre las duplicidades e ineficiencias en el complejo entramado institucional vasco -ahora rebautizado por el Gobierno de Íñigo Urkullu como 'Análisis y Funcionamiento Institucional en la Comunidad Autónoma de Euskadi', concluye que los problemas que arrastra el País Vasco en esta materia no dependen del modelo. De hecho, el Ejecutivo de Urkullu no cuestiona “la validez del modelo que configura la arquitectura institucional vasca” -marcado por la Ley de Territorios Históricos (LTH)- y cree que buena parte de los problemas se han creado por la negativa del Gobierno central a desarrollar el Estatuto y culminar las transferencias pendientes.

La apuesta del Ejecutivo es profundizar en el “principio de subsidiariedad” desde la colaboración entre las diferentes instituciones. “La necesidad de profundizar en la cultura cooperativa es el auténtico caballo de batalla a abordar”, se señala en el documento, de 260 páginas.

Por contra, para el dictamen socialista, elaborado en la anterior legislatura, el grueso de todas esas disfunciones estaban en las diputaciones (un 50% se cifró entonces), mientras que el Gobierno vasco tenía un 30% y los ayuntamientos un 20%. Se da la circunstancia de que uno de los apartados del acuerdo sellado en septiembre pasado entre PNV y PSE-EE hacía una mención expresa a la necesidad de “abordar la actualización/modificación de la Ley de Territorios Históricos (LTH)” para lograr un entramado institucional más eficiente y sin duplicidades y se fijaba además una fecha tope: el 31 de diciembre de 2015.

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, reconoció ayer que el nuevo informe no realiza cuantificación alguna sobre el supuesto coste de las “ineficiencias” o de las “duplicidades”, a diferencia del elaborado por el Ejecutivo socialista. El gabinete que encabezó el lehendakari Patxi López cifró en 403 millones de euros el impacto de las duplicidades en las arcas públicas y subrayó que

Incumplimiento del acuerdo

Para empezar, el Gobierno ya ha incumplido el acuerdo cerrado con los socialistas, dado que el PNV se había comprometido a elaborar el informe que ayer aprobó el consejo de Gobierno dando “audiencia previa al conjunto de instituciones de la CAV”. Es cierto que el Ejecutivo remitió el pasado 20 de diciembre el informe a las tres diputaciones y a Eudek, pero no ha esperado a conocer las aportaciones de aquellas instituciones en las que el PNV no manda (las diputaciones de Gipuzkoa y Álava) para elaborarlo y remitirlo al Parlamento para su discusión en la ponencia establecida para ello. El documento remitido a la Cámara sí incorpora las aportaciones de la Diputación de Bizkaia y de la Asociación de Municipios Vascos (Eudel). Los socialistas ya han apuntado que se trata de un auténtico “contrainforme” que desenfoca las ineficiencias en Euskadi, para poner el foco en la Administración central con el único objetivo de no abrir el melón de la reforma de la LTH.

“Somos un país muy pequeño, con poco más de 2 millones de habitantes, en el que sin embargo se concentran cuatro niveles institucionales --Gobierno central, vasco, Diputaciones, más de 250 ayuntamientos--, con funciones que chocan permanentemente y competencias todavía sin definir”, advirtió en enero la portavoz del PSE-EE, Idoia Mendia. El acuerdo con el PSE-EE, además, fijaba que el informe “hará un especial énfasis en la delimitación competencial de cada ámbito institucional, así como los puntos de fricción, de duplicidad e ineficacia observada en la gestión desarrollada hasta la fecha, por las administraciones públicas actuantes en Euskadi”. UPyD considera que el único objetivo del informe es “mantener el absurdo entramado institucional vasco que padecemos los ciudadanos y aprovechan la elaboración de este psudo informe para pedir el repliegue de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado: no tienen vergüenza”, apuntó en un comunicado Gorka Maneiro.

El informe apunta exactamente que “tras el despliegue de la Ertzaintza en todo el territorio y el efectivo ejercicio por su parte de la generalidad de las funciones policiales, no parece justificable a la luz del ordenamiento vigente es la permanencia un número de efectivos de las FCSE en la Comunidad Vasca que no se corresponde con las tareas que tienen encomendadas”. Y cifra en 4.580 los agentes en Euskadi, según datos oficiales pero atrasados del Ministerio del Interior de 31 de enero de 2012.

De hecho, el nuevo documento, de 260 páginas, detecta “serias duplicidades” organizativas con la Administración del Estado, “tanto por solapamientos funcionales como por las ineficiencias derivadas de la falta de transferencia de medios y servicios en las competencias reconocidas en el Estatuto pero que el Gobierno central aún no ha traspasado”. Concluye que lo conveniente es “culminar” el desarrollo estatutario como “principal fórmula para acabar con las duplicidades en este ámbito”. Y da un paso más al proponer revisar la “utilización abusiva y disfuncional por parte del Estado de los títulos competenciales horizontales” y adecuar los servicios de la Administración General del Estado en la Comunidad Autónoma de Euskadi con criterios de “racionalidad organizativa”.

Bizkaia, contra un Consejo de Políticas Públicas de Euskadi ejecutivo

Aunque el Gobierno espera que la ponencia parlamentaria sirva para que los grupos parlamentarios “aborden, debatan y concluyan lo que estimen oportuno”, además de la culminación del Estatuto de Gernika, se plantean algunas medidas concretas:

• Creación del Consejo de Políticas Públicas de Euskadi, a fin de extremar la coordinación interinstitucional como principal medida para evitar esas duplicidades. Este órgano estaba incluido en el pacto firmado entre socialistas y peneuvistas. La diputación de Bizkaia, en sus aportaciones, no ve con demasiados buenos ojos ese nuevo instrumento y ya deja claro que de crearse debería ser un “órgano de debate y propuestas para evitar ejercicios disfuncionales sin competencias para acordar cuestiones relativa al gasto de los territorios históricos” y en ningún caso podría analizar las cuestiones que afectan al denominado “núcleo intangible de la foralidad”.

• Ampliación de funciones de la Comisión Arbitral, a fin de que pueda analizar los textos finales y no sólo los proyectos y proposiciones de normas. Esta precisamente ha sido una reivindicación histórica del diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao.

• Redimensionamiento y restructuración del sector público en cada nivel institucional, proponiendo la realización de estudios sobre los respectivos entramados de entidades vinculadas o dependientes, lo que permitirá un mapa global que facilite vislumbrar solapamientos y afrontar su racionalización.

En el caso de Eudel, la asociación de municipios echa de menos un mayor énfasis del escalón municipal, pero asume que este no podría ser analizado con el rigor requerido porque la Ley de Entidades Locales se estaba tramitando, según precisó Erkoreka. El portavoz y consejero de Administraciones Públicas solicitará comparecer en la Cámara para explicar el documento aprobado ayer.