Menos de dos euros la hora para algunos abogados en la justicia gratuita
Los abogados siguen en guerra contra el proyecto de Ley de justicia gratuita diseñado por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Aunque se acaba de ampliar el plazo de admisión de enmiendas a la Ley, que se tramita en el Congreso de los Diputados -del 1 al 8 de julio-, el Consejo de la Abogacía Española ya conoce las líneas rojas que el Ministerio no parece dispuesto a traspasar y en qué asuntos se muestra “inflexible”, según fuentes del Consejo que preside Carlos Carnicer. La actual redacción es “insatisfactoria”, según ha calificado el pleno del Consejo en su reunión de la semana pasada, supone un “retroceso” respecto a la legislación vigente y “pone en riesgo un servicio fundamental para garantizar el derecho de defensa de los más vulnerables” porque “no garantiza la financiación pública”.
Para vencer ese inmovilismo, Carnicer ha remitido una carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para que se implique personalmente en la negociación dentro de un diálogo “concreto, urgente, reflexivo, abierto y sincero” sobre los aspectos que aun no se han resuelto.
Carnicer, que visita hoy el País Vasco para participar en el Congreso que celebran los jóvenes abogados, podría aprovechar ese foro para anunciar nuevas movilizaciones y campañas de protesta que se suman a las ya convocadas para intentar mover al Gobierno de sus posiciones: una de esas movilizaciones cuenta con el respaldo de todos los decanos españoles, según fuentes del consejo. Además, el próximo 17 de julio, la Asociación de Abogados del Turno de Oficio ha realizado un llamamiento para participar en una concentración en Madrid en protesta por la nueva legislación. Euskadi también ha vivido protestas similares en los ultimos meses ante los palacios de justicia. En total, son 42.500 los abogados que prestan este servicio público fundamental para el acceso a la justicia y el derecho a la defensa de las personas con menos recursos.
El Consejo de la Abogacía, que agrupa a los 83 colegios de abogados de toda España y representa a 250.000 colegiados, ha mantenido reuniones con el Ministerio de Justicia para intentar modificar una ley que, pese a las incorporaciones logradas a su articulado, “no recoge las reivindicaciones históricas de la abogacía”.
El Consejo exige que se “preserven las competencias autonómicas en la gestión de la justicia gratuita”. En Euskadi, el Gobierno anterior aprobo un Decreto que entró en vigor en septiembre de 2012 y que fue muy contestado por los colegios de abogados vascos. Aunque se han producido algunos retrasos, según han denunciado los letrados, el Departamento de Justicia mantiene por el momento la partida para la justicia gratuita.
Hay alguna parte del articulado de la Ley de Gallardón que los representantes de los abogados consideran de entrada inviable y en parte algo “absurda”. Un ejemplo es la denominada lista única para la justicia gratuita para que cualquier abogado pueda prestar el servicio de asistencia jurídica, con independencia de dónde esté colegiado y de su residencia. El artículo 25 marca solo como “requisito indispensable” que el letrado “pueda personarse en la instancia judicial que corresponda dentro del plazo máximo de tres horas desde la recepción del encargo”. “Esta medida no garantiza la cercanía de la justicia gratuita al ciudadano”, critica el Consejo.
Al parecer, el argumento esgrimido por el Gobierno a los letrados es que esa formulación tan amplia en lo que a territorialidad se refiere está relacionada con la libre competencia y la libertad de ejercicio de una profesión en los Estados comunitarios, un recordatorio que tiene su origen más en el Ministerio de Hacienda que en el de Justicia, según fuentes del Consejo de la Abogacía.
Además, se plantea poner coto a un posible intrusismo y por esa razón se exige la “intervención exclusiva de los profesionales que constitucionalmente tengan asignadas funciones de asistencia y defensa jurídica”.
Cuantías congeladas desde hace seis años
Pero no es esa la preocupación más importante para los letrados. Históricamente, la justicia gratuita se cobra “tarde y mal”, según los letrados apuntados al turno de oficio. Da cuenta de los retrasos Juan, un abogado de origen argentino que lleva apuntado al turno de justicia gratuita en Madrid desde 1994 y que está participando activamente en las protestas. “Lo último que hemos cobrado es lo que se certificó en el tercer trimestre de 2013”.
El problema es que ahora, en casos concretos, también se cobra poco. Una de las reivindicaciones planteadas al ministro Gallardón es “la garantía de cobro” -incluso en los fallidos, es decir, aquellos casos en los que al final no se le reconoce la justicia gratuita al solicitante- con una retribución “digna, puntual y de actualización automática”. “Los baremos están desfasados y, además, hemos tenido un recorte del 20%. Con el proyecto de Ley del PP la situación va a ir a peor, para nosotros como letrados, pero también para el justiciable. Lo que se busca es que la gente no use un servicio público que pese a todo funciona fenomenal y está muy bien valorado por los ciudadanos”, señala.
Un ejemplo de ese objetivo sería la presunción que arrastra la ley de que si se solicita más de tres veces en un año la justicia gratuita se está ante un “abuso de derecho” y se presume que quien la reclama es un querulante. “Imagínate, puedes tener tres multas o una alcoholemia o cualquier otro delito. ¿Y ya eres un querulante? Solo se busca que las personas desistan de ejercer su derecho a ir a los tribunales. Es indignante”, critica Juan.
Los baremos por los que se paga la justicia gratuita no se han tocado “desde hace diez años”, ha denunciado el Consejo. En el caso de Euskadi, las cuantías están congeladas desde hace seis años, como ha recordado el Colegio de abogados vizcaínos, y con la “aplicación del nuevo Decreto, en gran parte de los asuntos se han producido reducciones injustificadas de no honorarios en un porcentaje mayor del 25%, habiendo aumentado, igualmente de forma abrumadora, la burocracia necesaria para la llevanza de la defensa y el cobro de los emolumentos”, según una circular interna remitida por el nuevo decano vizcaíno, Carlos Fuentenebro, en febrero pasado a los abogados vizcaínos.
Las críticas a los honorarios finalmente cobrados por los letrados de la justicia gratuita llega a niveles alarmantes en algunas provincias españolas. Los representantes de los letrados alicantinos, valencianos o de Castellón denunciaron el pasado mes de mayo que el pago a la hora para el turno de oficio es menor a dos euros (1,67 euros), según precisó el decano de los abogados de Alicante, Fernando Candela Martínez.
En las tablas genéricas de cuantías de justicia gratuita, el País Vasco y Navarra, con los datos comparativos oficiales de finales de 2012, salen mucho mejor parada en muchas de las jurisdicciones analizadas. Por ejemplo, en el caso de las actuaciones en materia de extranjería, la cuantía en Euskadi era de 212,8 euros, frente a los 100 euros de Navarra, los 72,12 en territorio Ministerio de Justicia o los 40 de Valencia. Si tomamos un procedimiento ordinario en la jurisdicción Penal, las cuantías vascas para los abogados de justicia gratuita ascienden a 325,5 euros, frente a los 270,45 del territorio que depende del Ministerio de Justicia, mientras que en Navarra se elevan a los 450 euros. En un procedimiento ordinario civil, la cuantía en el País Vasco es de 344,1 euros, mientras que en el territorio común (Ministerio) es de 240,4 euros y en Navarra es de 420 euros.
