“La Ley de Justicia Gratuita está hecha para ricos”
Javier García Pascual, decano del Colegio de Abogados de Álava, está muy enfadado con el proyecto de Ley de Justicia Gratuita, que se tramita actualmente en el Congreso de los Diputados. El decano advierte de que puede tener graves consecuencias para los ciudadanos y el colectivo de abogados adscritos al turno de oficio. En su opinión, no resuelve los problemas reales, sino que perjudica la actual prestación de este servicio para todos aquellos que necesiten una atención inmediata y cercana.
Pregunta. El servicio de justicia gratuita atraviesa un momento complicado y es uno de los fundamentos del Estado de Derecho.
Respuesta. La gente cada vez tiene menos recursos y desde que se implantaron las tasas trata de acceder a ella. Pero se está obstaculizando su paso.
P. ¿Hay medios económicos para prestar el servicio?
R. No. Y se está formando un embudo.
P. ¿La recaudación extra que ha anunciado el Ministerio por las tasas no está ayudando a financiar la justicia gratuita?
R. Se justificó la creación de las tasas para financiar este servicio, pero ni un euro se está destinando a este fin. La justicia gratuita empezó de la mano de abogados que de manera altruista decidieron ofrecer este servicio. Cuando se desbordó, intervino el Estado para regularlo. Ninguna de las sugerencias realizadas por los colegios de abogados para la nueva ley han sido atendidas. Por una parte, hay doble tramitación. Es decir, la administración realiza el mismo papeleo que los colegios y ratifica el 90% de las resoluciones. Así, se carga más de papeleo al abogado. Y en cuanto a las personas que se van a beneficiar de la justicia gratuita, se ha hablado mucho de que se va a ampliar el espectro, pero no es así. En el caso de las familias de un solo miembro se baja el importe máximo de renta para que puedan acceder.
P. También se quejan de que un abogado de cualquier ciudad podrá atender a una persona sin tener despacho en esa localidad.
R. Está pensado por alguien que no conoce la justicia. No se puede permitir que un abogado pueda prestar servicio en cualquier parte del país sin tener despacho abierto en esa ciudad. ¿Dónde está la calidad? ¿Dónde queda la cercanía al ciudadano? El único requisito que pone la ley es que pueda responder en tres horas y si no se dirige a otro. ¿El ciudadano tiene que aguantar eso, que su abogado no sea de su ciudad, que es donde se va a tener que ir a juicio? Es una ley equivocada, hecha desde una visión de mercado que intenta que tenga encaje en la libre competencia y no puede ser así. La justicia gratuita es un servicio público, con unos precios y baremos tasados.
P. ¿Se infravalora el turno de oficio por parte del Gobierno central?
R. Totalmente. Históricamente se ha identificado el turno de oficio con abogados inexpertos que lo ejercían para curtirse. Y no es así. La lucha de los abogados es por prestigiar esta área, que funciona muy bien y lo reconocen los ciudadanos. Cuando algo funciona muy bien, aunque sea a costa de los colegios, de los letrados, que muchas veces trabajan sin cobrar, la administración no se puede empeñar en despreciarlo. Es un pilar del Estado de Derecho, se trata de permitir que los ciudadanos accedan a la tutela judicial efectiva. Algo recogido en la Constitución Española, pero parece que a algunos se les ha olvidado.
Derecho a pleitear
P. ¿Qué tipo de justicia se quiere para este país?
R. Resulta muy preocupante que se intente bajar la calidad de esta forma. No es cuestión de reducir la litigiosidad; es cuestión de que la gente tiene derecho a pleitear y no puede hacerlo. Si hay exceso de litigiosidad que se vaya a las causas y se compruebe si hay abusos de las grandes empresas, como aseguradoras o bancos. A nadie le gusta tener que acudir a la justicia y los abogados no instamos a los ciudadanos a que vayan. Vale más un mal acuerdo que un buen juicio. Si llegas a juicio es porque no hay otra forma. Entonces, no se puede limitar el acceso. Cuando te encuentras con un cliente en el despacho y le comentas que la sentencia es incorrecta y que no se ajusta a derecho, es duro decirle a su vez que tiene que pagar 800 euros si quiere recurrir en concepto de tasas. Tal y como están las cosas hoy en día, ¿quién puede hacerlo? ¿Qué se busca? ¿Que aparezcan empresas como en el sistema americano que financian los recursos a cambio de un porcentaje si gana?
P. ¿A quién beneficia esta ley?
R. No lo sé. Si el Gobierno quiere sacar dinero debajo de las piedras lo que no puede hacer es mover las piedras porque después se puede caer el edificio. La mejor manera de no tener pleitos es impedir que la gente acceda a los juzgados. Las trabas para acceder a la justicia gratuita es un atentado contra el Estado de Derecho porque por la vía de los hechos no se permite recurrir, ni contra la administración ni contrra nadie. Hay cuestiones que afectan a los derechos fundamentales que no pueden basarse en cuestiones económicas. En España, nunca se le ha dado a la justicia el dinero que se merece.
P. Parece que se ahonda en los males endémicos que arrastra la administración de Justicia.
R. El ciudadano es el pagano de todo este desbarajuste. A una parte se les impide el acceso mediante las tasas; a otros se les pone trabas para acceder a la justicia gratuita y, además, se empeora la calidad del servicio. Es una ley hecha para ricos. Las tasas afectan a los ciudadanos, pero las grandes empresas pagan menos de las que pagaban antes.
