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"Por un aval de 18.000 euros y la trampa del banco, un piso pagado va a subasta"

Los testimonios de tres familias vascas, jubilados todos ellos, que avalaron a sus familiares y se enfrentan a ser desahuciados de sus casas.

A Olga Alberdi, con una pensión de 650 euros, le reclaman 39.000 euros de un préstamo pedido al banco por su cuñado y la directora de la sucursal le "aconsejó" que no acudiera a Stop Desahucios.

A los octogenarios Elisa Barcenilla y Rodrigo Redondo, la entidad financiera les dijo que "en ningún momento" perderían su piso también pagado por avalar a su hijo.

"Lo peor es la incertidumbre de si te van a echar, sobre todo en personas mayors que estaban tranquilas con su piso pagado desde hace tiempo", lamenta un familiar.

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A la derecha sentados, los octogenarios Elisa Barcenilla y Rodrigo Redondo, y a su lado Olga Alberdi.

A la derecha sentados, los octogenarios Elisa Barcenilla y Rodrigo Redondo, y a su lado Olga Alberdi.

Son otra cara más de los desahucios. Los que podían llamarse efectos colaterales aunque son tan directos como los otros.  Tres familias vascas viven apesadumbradas ante la opción de  quedarse sin la vivienda de toda su vida por haber avalado a sus familiares.  “Por un aval de 18.000 euros y una trampa del banco, así estamos: un piso pagado va a subasta”, asegura Castor, la pareja de Juana Loro, vecina de Renteria, de 65 años, una viuda con una pensión de 1.000 euros mensuales, que tiene una demanda de subasta de su vivienda por Kutxabank  ya pagada, por el préstamo concedido a su hijo para la adquisición de un local comercial  por importe de 409.000 euros.

Ocurrió hace cuatro años cuando el hijo de Juana, quien ya tenía comprado el local comercial, pidió un crédito para acometer unas obras. Kutxabank exigió el aval de una vivienda por una cantidad de 18.000 euros. “Cuando fuimos al notario, sin explicarnos nada, pusieron toda la vivienda como aval. Una culpa importante es del notario, por no haber explicado lo que se hacía. La gente mayor firma como niños ante los notarios”, agrega.

El problema se suscita hace dos años cuando un día, al intentar sacar dinero de su cuenta, Juana Loro se encuentra con que está bloqueada. Entonces se percata que le están descontando todos los meses más de 300 euros de su pensión. Empieza la reclamación al director de la sucursal de Kutxabank, en Renteria, en la calle San Sebastián, “quien se negaba a darnos el recibo de esos 300 euros. Nos decía para que queríamos el recibo”, dice la pareja de Juana Loro, que atraviesa problemas de salud. Cambian de entidad bancaria y Kutxabank, a principios de año, saca a subasta su vivienda y entonces recurre a Stop Desahucios, que el pasado jueves difundió su caso y el de cinco jubilados más, de ellos dos matrimonios octogenarios. “Esto es increíble y se hace porque los bancos tienen el apoyo del PP”.

A Olga Alberdi, de 61 años y vecina de San Sebastián, la historia de Juana le suena mucho. Olga cobra 650 euros de una pensión de viudedad y corre el peligro igual que Juana de perder su vivienda ya pagada si Caja Laboral no accede a liberarla de una deuda de 39.212 de un préstamo concedido a su cuñado para la adquisición de un local-vivienda.

Caja Laboral le llamó en Semana Santa. “Me ofrece que pague 504 euros al mes para liquidar la deuda. ¿Y cómo vivo con poco más de 100 euros? Les digo que cojan en local de mi cuñado pero responden que no les interesa. Pero si les interesa mi casa, que está libre de cargas y pagada desde 1987”. A Olga Alberdi aún no le ha llegado ninguna orden de embargo. “El lunes hable con la directora de la sucursal y me dijo que todo seguía igual pero que tengo que responder con algo a la deuda”. La ejecutiva de Caja Laboral le “aconsejó” que no recurriera a Stop Desahucios porque “todavía no me han embargado. ¿Es una amenaza?, le pregunté. Me respondió que me estaba aconsejando”.

Olga Alberdi cree que su caso tiene solución si la entidad, al tratarse de una cantidad no elevada, realiza una quita y pasa la deuda a su cuñado. Pero no le han contestado a esta propuesta. “Todo esto es indignante. ¿A dónde voy con 61 años y con una pensión de 600 euros? Estoy en manos de lo que quiera Caja Laboral”.

 Elisa Barcenilla, de 79 años y su esposo Rodrigo Redondo, de 81, avalan un deuda de 239.000 euros por el préstamo concedido a su hijo por Caja Rural de Navarra para la adquisición de su vivienda habitual. Fue un 2006 y, como insiste su hijo Luis Redondo, “en el banco me dicen que mis padres no van perder su vivienda en ningún momento”. En 2009, Luis se queda sin trabajo y tiene problemas para pagar el préstamo, por lo que acude a la entidad. “Me insisten que no nos preocupemos, que nos arreglaremos y que mis padres no perderían su casa. Siguen así hasta hace un año, cuando ya admiten que sí. Si llego a saber que había ese riesgo, no me meto en el préstamo”, enfatiza Luis.

La familia Redondo ha propuesto a la entidad, ahora Bankia, en una dación de pago de las dos viviendas y el pago de un alquiler social para el matrimonio que evite salir de su hogar en Urnieta. El banco solo acepta quedarse con las dos viviendas, por lo que hace ocho meses recurrieron a Stop Desahucios. “De momento no nos han embargado nada pero sabemos que va a pasar. Esto es indignante. Tampoco el notario te informa de que pueden quitarte el piso de tus padres. Te engañan como hicieron con las preferentes, para aprovecharse de todos nosotros”. Luis Redondo seguirá luchando para que sus padres no se queden en la calle pero admite que “lo peor es la incertidumbre de si te van a echar, sobre todo en personas mayores que estaban tranquilas con su piso pagado desde hace tiempo”.

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