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Rosario Goñi Economistas Sin Fronteras

"Los consumidores necesitan una legislación que les proteja de la obsolescencia programada"

Rosario Goñi, de Economistas Sin Fronteras, advierte de los peligros medioambientales, sanitarios, culturales o sociales que entraña la obsolescencia programada.

"Las multinacionales, con la obsolescencia psicológica, dan otro paso para incentivar aún más el consumo"

"Las compañías hacen creen al cliente que un producto ya no le sirve aunque esté en perfecto estado y cumpla su función porque a través del marketing o de la publicidad lo convierten en obsoleto"

Rosario Goñi, de Economistas sin Fronteras .

Rosario Goñi, de Economistas sin Fronteras .

Rosario Goñi, de Economistas Sin Fronteras, dedica parte de su tiempo a concienciar a la ciudadanía sobre de los peligros medioambientales, sanitarios, culturales o sociales que entraña la obsolescencia programada. Ahora advierte de que la industria ha dado un paso más allá para incentivar aún más el consumo con la 'obsolescencia psicológica'. "Las compañías hacen creer al cliente que un producto ya no le sirve aunque esté en perfecto estado y cumpla su función porque a través del marketing o de la publicidad lo convierten en obsoleto". Reclama a las instituciones una legislación que respalde y proteja al consumidor.
La práctica de la obsolescencia programada , no es algo nuevo pero  ¿va 'in creçendo' ? ¿en qué lo percibe?

No es nuevo pero lo que se está constatando ahora con más nitidez son los efectos que la obsolescencia está provocando. La ciudadanía se va concienciando cada vez más. Las instituciones a nivel europeo lo están estudiando e incluso se plantean medidas para frenar este fenómeno. No solamente afecta a los consumidores concretos sino que va más allá. Tiene consecuencias a nivel medioambiental, social, sanitario, alimenticio o cultural.
¿Qué sectores la practican?
La mayoría de las empresas que se han puesto en entredicho por acortar la vida útil de sus productos de una forma premeditada pertenecen a la alta tecnología. Fabrican móviles, ordenadores, impresoras o electrodomésticos. Se trata de empresas muy grandes, con muchas subcontratas y resulta muy difícil probar que obran de esa manera. Pero hay ejemplos reales que evidencian que sí lo hacen. Acordémonos de ese móvil en el mercado al que no se le puede quitar la batería que va integrada y que te obliga a comprar otro si la pila se estropea aunque el aparato continúe en perfecto estado.

¿Qué pasa con las empresas que se niegan a formar parte de esta tendencia?
Las empresas más pequeñas, debido a esa competencia desleal generada por estas prácticas, se ven forzadas en ocasiones a actuar de forma similar. Es un doble esfuerzo al que se ven sometidas. Primero por el trabajo añadido que supone hacer frente con tus productos a esa competencia desleal y segundo, el tiempo y dinero adicionales invertidos en convencer a la clientela de que su producción es ajena a esos métodos. Algunas no lo soportan y caen en el misma dinámica.
¿El sector alimenticio ha sido el último en sumarse a estas prácticas?
Para ciertas compañías ya no hay fechas de caducidad. Han cambiado esa información en los envases por la de consumo preferente. El plazo se reduce y el consumidor acaba desechando alimentos que están en perfecto estado porque toma como referencia una fecha que no es la real de caducidad del producto. Así acaban en la basura a diario miles de alimentos aptos para el consumo. Y no estamos como para desperdiciar comida.

Usted habla también de obsolescencia psicológica, ¿cómo la define?

Con la obsolescencia psicológica las multinacionales dan un paso más para incentivar el consumo. No acortan la vida del producto. Las compañías hacen creen al cliente que un producto ya no le sirve aunque esté en perfecto estado y cumpla su función. Sigue siendo útil pero a través del marketing o de la publicidad lo convierten en obsoleto. Convencen al usuario de que ya no cubre las expectativas que tenía depositado en él cuando lo adquirió. Se ejerce una presión para comprar con más frecuencia el mismo producto. No se manipula el producto para que deje de funcionar, se manipula al propio consumidor para que lo renueve innecesariamente. Y así una y otra vez. Nos han interiorizado la idea del comprar, usar y tirar. Y esto se extiende a todos los sectores. Ninguno se encuentra a salvo de esta forma de consumo fugaz que ya es prácticamente un hábito en gran parte de los compradores.  

Las medidas implementadas hasta el momento contra la obsolescencia programada son todas de carácter voluntarista, recomendaciones.

Quizás sea el sector textil el más proclive a esta dinámica  

Sí. La ropa y los complementos son un buen ejemplo. Muchas veces se compra la ropa porque se quiere estrenar temporada aunque esas prendas que adquieres cumplen idéntica función que la que cuelga de tu armario y la industria de la moda te obliga a arrinconar sin motivo. 

Si se instala en la cabeza de los consumidores, parece que estemos ante un fenómeno imbatible ¿cómo se puede oponer resistencia y a quién le corresponde?

Es difícil salir de ese círculo, lo reconozco. Pero las personas cada vez vamos siendo más conscientes sobre cómo afecta a la sociedad nuestra forma de consumir. Una de las herramientas más eficaces para combatir la obsolescencia psicológica y la programada es seguir informando y formando a los consumidores. ¿A quién corresponde esta tarea? Al consumidor por una parte, que tiene que ser consciente de qué compra, cómo y qué implica su compra con respecto a los materiales con los que está hecho el obtejo y los residuos que produce. Y por otra parte, los consumidores necesitan el apoyo de los gobiernos y su legislación. Deben sentirse respaldado. En ello está la Unión Europea que trabaja sobre esa regulación. Se están viendo avances, iniciativas encaminadas a obligar a los fabricantes a que indiquen en los productos su vida útil y el impacto medioambiental que generan.

Esa preocupación a nivel europeo ¿tiene su reflejo en los estados miembros? ¿Aquí se hace algo para combatir la obsolescencia?

Aquí en Euskadi, por ejemplo, sí se percibe. Las instituciones sí son conscientes de que existe este problema aunque de ahí a ponerse manos a la obra y legislar va un trecho. Las medidas implementadas hasta el momento son todas de carácter voluntarista, recomendaciones.

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