Los jueces rechazan la ejecución del fallo que declaraba ilegal la OPE de la Ertzaintza
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha dictado este jueves un auto en el que comunica su decisión de no atender el requerimiento de ejecutar el fallo que declaraba ilegal la OPE de la Ertzaintza.
La sala de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal vasco razona que la anulación cautelar -como reclamaba la Abogacía del Estado- “generaría perjuicios de difícil reparación” en el servicio público de la Ertzaintza, hasta que haya sentencia firme.
Los 254 agentes afectados están en la calle de prácticas desde el pasado mes de julio y podrán continuar con su formación a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva el fondo del asunto, es decir, se pronuncie sobre el recurso de casación que el Gobierno Vasco presentó contra la sentencia que anulaba la OPE
El Departamento de Seguridad ha mostrado su satisfacción por la decisión de la justicia. Por su parte, el secretario general de ErNE, Roberto Seijo, ha expresado también su “satisfacción”, pero espera que el Tribunal Supremo “no adopte ninguna decisión que perjudique a los ertzainas de la XXV promoción”. La batalla legal no ha terminado. En ese sentido, la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, ha anunciado que van a seguir defendiendo con “argumentos jurídicos ante el Tribunal Supremo la convocatoria de la XXV promoción de la Ertzaintza, a fin de mantener el número de agentes acordado en la Junta de Seguridad”.
8.000 agentes
La OPE anulada fue convocada en 2015 y estaba previsto que los 250 nuevos ertzainas se graduasen esta misma semana en la academia de Arkaute. Euskadi argumentaba que el régimen de Policía autonómica especial le permitía no seguir las directrices estatales en materia de función pública, ya que es en la Junta de Seguridad que sienta al Ministerio del Interior y al Departamento vasco de Seguridad donde se fija la plantilla de la Ertzaintza.
Ese órgano fijó hace ya años en 8.000 el número de policías a disposición de Euskadi. Sin embargo, la cascada de jubilaciones que se avecinan en una Policía avejentada –el 50% de la plantilla actual se habrá retirado de aquí a una década- ha obligado a convocar nuevas promociones regularmente en los últimos años. Incluso el PP vasco había demandado medidas para garantizar esa cifra de 8.000 ante la evidencia de que el servicio de seguridad pública pueda colapsar de aquí a unos pocos años.
