Bajas por enfermedad: cómo Feijóo banaliza los problemas

La repentina irrupción de ciertos responsables políticos en asuntos relativos a la gestión de las políticas públicas concretas, a las que apenas se han aproximado, tiende a realizarse con un elevado grado de improvisación, demostrando un importante desconocimiento de las cuestiones que en el día a día afectan e interesan realmente a la ciudadanía.

El caso de Núñez Feijóo resulta emblemático en ese forma de comportarse, que muestra una actitud de poco dominio de este tipo de asuntos. Es más, podría intuirse que no le interesan mucho, dado que suele ser monotemático en su reiterado exclusivo interés por el agotamiento de la legislatura. Incluso siendo comprensible que no pueda ser experto en todos los asuntos, al menos se esperaría que fuese asesorado por quienes se encuentran especializados en materias que en absoluto conoce, cosa que parece que tampoco hace.

Ejemplo muy significativo de lo anterior son sus recientes declaraciones sobre el incremento de las bajas por enfermedad, que, para empezar, comienza por confundir con los fenómenos de absentismo; es decir, confunde el incremento de las situaciones de enfermedad con las ausencias injustificadas al trabajo, como si detrás de toda baja existiese una conducta caprichosa y fraudulenta por parte de los trabajadores. Así, se acude a simplificadoras declaraciones muy mediáticas, limitándose a calificar el problema como un “cáncer”, pero sin saber de qué tipo de cáncer estamos hablando y cómo se puede atajar.

Y, precisamente, ese error de partida le conduce también a simplificar un problema complejo, lo que desemboca en una única receta que serviría para todo. Receta no solo extrema, sino fuertemente injusta por sancionar a quienes en la mayoría de las ocasiones no son en absoluto responsables de lo que está sucediendo. Pensar en que reduciendo las prestaciones de Seguridad Social por incapacidad temporal se resuelve el problema, es matar una plaga de mosquitos a cañonazos. Y pretender, como ha declarado, eliminar las mejoras en los convenios colectivos que complementan la prestación por incapacidad temporal es desconocer por completo la dinámica de la negociación colectiva, donde prima desde la perspectiva constitucional la autonomía de los interlocutores sociales y, por tanto, la imposibilidad de establecer prohibiciones desde la ley a que las partes puedan pactar este tipo de incrementos.

Nadie niega que tenemos un problema especialmente importante, derivado del fuerte incremento que se ha producido tanto en el número como en la duración de las bajas por enfermedad, especialmente a partir del fin de la pandemia. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) publicó a principios del año pasado un importante informe, exhaustivo en datos desagregados y de diagnóstico de la situación, que muestra la gravedad del problema, si bien su enfoque era muy parcial, por estar centrado en el impacto sobre el gasto público de la Seguridad Social, lo que derivaba también en un importante sesgo de las medidas que se proponía adoptar. Nos enfrentamos a una tendencia al incremento que se aprecia en el conjunto de Europa; si bien España presenta los niveles más elevados del porcentaje de las bajas por enfermedad respecto de la población ocupada, por encima de cualquier otro Estado y prácticamente duplicando la media europea.

Los datos son incontestables, pero la primera dificultad se encuentra en que las bajas por enfermedad se deben a muy diversas causas, algunas de ellas estructurales y profundas, que no permiten soluciones simplificadoras.

Para empezar, aunque se observan fuertes divergencias entre sindicatos y patronales, resulta unánime la valoración de que en ello influye de manera indiscutible el fuerte deterioro de la asistencia sanitaria pública, especialmente de la atención primaria de la salud, con dificultades para realizar un diagnóstico en primera línea acertado de las causas de las enfermedades y el modo de tratarlas. Pero también, la notable degradación de la atención médica especializada, que retrasa la realización de las pruebas necesarias y que provoca el notable incremento de la duración media de las bajas por enfermedad. Como elemento novedoso nos enfrentamos a un fuerte incremento de las bajas derivadas de enfermedades mentales tras la Covid, que son reales y manifiestan una papable incapacidad de la asistencia sanitaria pública de tratar debidamente este tipo de síndromes.

Desde esta perspectiva resulta imprescindible recordar que la gestión de la asistencia sanitaria pública, corrigiendo este deterioro sanitario, es responsabilidad de las Comunidades Autónomas, siendo obligado señalar que la mayoría de ellas se encuentran en manos del Partido Popular. Ni siquiera la mayoría de las autonomías se ha molestado en poner en marcha la propuesta consensuada entre las organizaciones sindicales y empresariales, en el sentido de que las Mutuas de la Seguridad Social puedan realizar pruebas diagnósticas y tratamientos terapéuticos y rehabilitadores en procesos de incapacidad por bajas de origen traumático. Aunque se trate de una medida limitada y parcial, es bien sencilla de implementar y poco costosa para las arcas públicas. En el fondo lo que sucede es que como el gasto por incapacidad temporal corre a cargo sobre todo de la Seguridad Social y en parte de las empresas, las Comunidades Autónomas poco interés muestran por sus efectos negativos en términos de costes, que en nada le repercuten.

Como elemento de contraste, no hay datos que prueben que la tendencia al incremento traiga su causa en una mayor utilización abusiva de las bajas. Sin embargo, apenas se atiende a otros factores especialmente influyentes, como son la concentración de las bajas en grupos determinados de trabajadores que presentan dosis superiores de morbilidad respecto de los trabajos más duros físicamente; el impacto del envejecimiento de la población ocupada, aunque paradójicamente también la superior incidencia de las bajas en la población más joven; o la mayor incidencia en las mujeres. A pesar de que los escenarios de crecimiento del empleo restan siempre presión a los trabajadores para acudir al trabajo con estados de enfermedad menor, eso no se detecta en la población con mayores dosis de precariedad, trabajadores temporales, pequeñas empresas del sector privado y cierto tipo de trabajos de las mujeres.

No se trata de negar que pueden existir conductas de uso indebido, aunque no necesariamente fraudulento, de las bajas por enfermedad por parte de los trabajadores, y que deberían también adoptarse medidas en ese frente, en el cóctel necesario de actuaciones dentro de un amplio abanico de medidas a tomar; pero sí de situar esta causa como sólo una de las muchas que concurren en este incremento de las bajas.

En definitiva, la envergadura del problema se debe a su complejidad, provocada por la confluencia de una multitud de factores y actores tanto públicos como privados, que se retroalimentan. Por ello, hasta que se logre una predisposición auténtica a afrontar el asunto y, a tenor de ello, un mínimo consenso en cuanto a las causas determinantes, poco se podrá hacer para ofrecer una respuesta integral y, con ello, enderezar la fuerte tendencia negativa.

A la vista de todo lo anterior, las declaraciones de Núñez Feijóo no pueden sino calificarse de banalización del problema, irrealidad en el diagnóstico e injusticia de la solución propuesta, mostrando una vez más sus carencias de fondo y ausencia de auténticos especialistas que le asesoren.