Lo bueno y lo malo de los 'decretos Maricarmen' del Gobierno

Los dos reales decretos que ha aprobado el gobierno de coalición para responder a las protestas de la acampada por la vivienda en la Puerta del Sol y que deberían ser convalidados este viernes en el Congreso de los Diputados - Junts ya ha dicho que los tumbará- son dos monstruos jurídicos: disponen de 106 páginas que incluyen más de 60 medidas, herramientas e instrumentos, y con numerosas excepciones para múltiples casos distintos, por lo que un análisis detallado sería inabarcable en un artículo de opinión (e incluso inasumible por un servidor por la complejidad jurídica de muchos de sus temas). No obstante, a continuación, analizaré las principales medidas económicas que incluyen los dos textos, con la intención de valorar si merecen la pena ser aprobados definitivamente.

La primera medida que destaco es la referente a los fondos buitre. A pesar de que el Gobierno dijo literalmente y en rueda de prensa que se iba a prohibir la compra especulativa de los fondos buitre, en el BOE sólo podemos leer que van a impedir (encima temporalmente) la compra de viviendas por un precio inferior al 70% de su valor de tasación de mercado. Esto es una tomadura de pelo, porque, para empezar, no es una prohibición de compraventa (como pedía la acampada por la vivienda y como prometió el Gobierno), sino una limitación de esta. La idea subyacente es que, si ninguna empresa puede comprar viviendas por un precio sustancialmente más bajo, tampoco podrán obtener rentabilidades desmesuradas al venderlas. La idea no es mala, porque eso atenta contra el núcleo de su negocio carroñero, pero el problema es que el límite del 70% es muy arbitrario e insuficiente. Al fin y al cabo, este tipo de empresas podrán seguir comprando lotes de viviendas por un precio inferior al 71% de su valor, lo que les seguiría brindando importantes niveles de rentabilidad. Es mejor que nada, pero ni es lo demandado, ni es lo prometido, ni va a alterar mucho el mercado especulativo de los fondos buitre.

En cambio, la regulación para suspender desahucios (el detonante de las protestas) es bastante adecuada y las organizaciones sociales están bastante satisfechas con ella, pero el problema fundamental es que sería sólo hasta 2031. Si impedir el desahucio a personas vulnerables y sin alternativa habitacional es una obligación moral inexcusable, ¿por qué tiene fecha de caducidad?

Por otro lado, la regulación del alquiler de temporada para que ningún casero pueda disfrazar con esa etiqueta sus alquileres residenciales y así sortear la legislación, es un importante avance. No es más que convertir en ley lo que ya la jurisprudencia señala, pero sin duda serviría para desalentar a muchos arrendadores de acogerse a ese truco ilegal. Y pasa algo parecido con la regulación de habitaciones, prácticamente inexistente hasta la fecha, porque se trata de impedir que la suma del alquiler de todas ellas sea superior al alquiler de todo el piso alquilado. Esto es un avance importante, aunque igualmente requeriría mucha supervisión y control porque hay bastantes formas de hacer trampas.

Lo que sin duda es una buena medida es la congelación total del alquiler si se encuentra por encima del Índice de Referencia que creó el Gobierno hace unos años. Para aquellos que estén por debajo, sólo podrán subir un 2%, un nivel inferior a la inflación actual. Esto permitiría un alivio a los millones de inquilinos que hay en nuestro país. Lo malo es que es sólo hasta 2028 (y estoy obviando que lo que se necesita en un pico de burbuja de precios es que bajen los alquileres, no sólo que dejen de subir).

Lo que es para echarse las manos a la cabeza son las bonificaciones fiscales a los caseros: se les perdona el 100% de los impuestos si bajan el alquiler un mísero 5% y si cumplen algunas otras condiciones. Pero en caso de no cumplir esas otras condiciones, se les perdona el 70%. Esto no hay por dónde cogerlo: es un regalo extremadamente generoso a los caseros a cambio de migajas. Las ayudas fiscales a los caseros ya son injustas de por sí porque permiten que una persona que simplemente ingrese dinero por su propiedad pague muchísimos menos impuestos que una persona que ingrese la misma cantidad de dinero por trabajar, pero llevarlas al 100% de la tributación y encima para una reducción ridícula del alquiler es un despropósito se mire como se mire.

Otra medida muy criticable es el préstamo al 0% para la entrada de la vivienda, esta vez sin límite de edad. A algunos les sonará bien, pero esto sin regulación de precios sólo los haría subir todavía más, amén de que seguiría engordando los bolsillos de la banca, que sería la encargada de conceder créditos aunque tengan el respaldo del Instituto de Crédito Oficial. Es un error porque existen muchas otras alternativas para facilitar el acceso a la primera vivienda que son mucho más justas y adecuadas.

El aumento del IVA al 10% a prácticamente todos los pisos turísticos o de estancias hasta 30 noches va en la buena dirección, aunque es claramente insuficiente porque cualquier otro negocio similar tributa al 21%. No tiene sentido seguir favoreciendo un negocio que tantos problemas provoca en el mercado inmobiliario y en nuestras ciudades.

Todas las medidas señaladas hasta aquí corresponden al primer decreto, el que tiene más probabilidades de ser convalidado. En el segundo queda aislada la más ambiciosa: la renovación automática de los contratos de alquiler. Es decir, que cuando venza un contrato (cinco años si el casero es una persona física, siete si es una persona jurídica) este se prorrogue. Conviene subrayar que no estamos hablando de nada revolucionario ni bolchevique; mecanismos de este tipo funcionan desde hace décadas en muchos países europeos. Si finalmente cae, habrá que señalar con nombre y apellidos a quienes lo impidan, y seguir peleando esta medida desde la calle y desde las instituciones.

Como decía antes, hay muchas otras medidas que dejaré al margen en este análisis, pero las citadas pueden ser perfectamente clasificadas como las más importantes.

A tenor de lo señalado, hay algo que puede afirmarse sin demasiado riesgo: la mera existencia de los decretos es un motivo de orgullo para la movilización popular, porque recogen bastantes medidas que se llevaban tiempo reclamando desde la calle y que no habían visto la luz por falta de voluntad política y/o por falta de apoyo parlamentario. Es verdad que estos decretos incluyen medidas injustas y negativas, pero no son tan graves como para eclipsar las importantes ventajas y beneficios de las medidas positivas. Recordemos que hace apenas unos meses el Congreso tumbó medidas más tímidas que estas. Que ahora el PSOE haya aceptado ir más lejos en el Consejo de Ministros no se explica por una conversión repentina, sino por la presión social. El PSOE jamás habría aprobado este paquete si no fuera por lo que está ocurriendo en las calles. Y probablemente lo mismo pueda decirse de Junts, que también tiene que rendir cuentas ante su electorado y sabe que no puede ignorar un clamor tan extendido.

Hay además un detalle procedimental que no es menor: la convalidación se producirá en cuestión de días, no de un mes como la vez anterior. Eso obliga a los grupos parlamentarios a retratarse ahora, mientras la presión social es máxima, y no cuando el suflé haya bajado.

Nada de esto resuelve la crisis de la vivienda. Estas medidas sirven para contener una situación de emergencia, para que los precios no sigan subiendo y para que la gente no sea expulsada de sus casas, y eso hay que celebrarlo. Pero el problema de fondo, que es la especulación y el rentismo, sigue intacto. Sabemos qué haría falta para acabar con él; el problema es que no hay mayoría suficiente en las Cortes Generales para llevarlo a cabo. Pero eso es algo que hay que cambiar, en las urnas y en la calle, y la convalidación de los dos decretos es una forma de avanzar en esa dirección. Hace sólo unas semanas un paquete como este parecía impensable. El tablero político se está moviendo gracias a la movilización popular, y precisamente por eso hay que seguir empujando.