¿Quién hace la ciudad?: una lectura de la carta abierta de Airbnb a los gobiernos de Madrid

Hace unos días, la división española de la multinacional Airbnb envió una «carta abierta» a los gobiernos municipal y autonómico de Madrid. Esta carta, en la que Airbnb se presenta como «un buen socio para las ciudades», incluye un informe basado en datos que no son públicos y, nos tememos, contiene un buen número de alt-facts, o, como se decía antiguamente, falsedades. Estas van desde juegos de manos con los datos para camuflar la verdadera naturaleza de su negocio hasta un gravísimo intento de hacerse pasar como una herramienta en la lucha para evitar los desahucios. Muy al contrario, la realidad que vivimos en los barrios, y los propios datos, nos muestran la verdadera cara de Airbnb.

En la carta, tras presentarse como un actor decisivo en eso que llaman turismo sostenible, Airbnb dice estar preocupado por la disponibilidad de vivienda en Madrid, «a pesar de que los expertos coinciden en que Airbnb no tiene un impacto significativo en la disponibilidad de vivienda». Para sostener esta afirmación, cita un artículo de la web Idealista, que a todas luces son expertos cuyos intereses en el sector son tan evidentes como los de la propia Airbnb. Expertos en el problema podrían ser también las personas que reciben un burofax que da la vuelta a su vida porque tienen que abandonar su hogar o pagar 500 euros más. Pero es que, además, basta habitar en el centro para saber que se está produciendo una sustitución de viviendas en alquiler residencial por viviendas de uso turístico (unas 7.500, según este estudio basado en datos): nos están echando.

Datos oficiales y datos de verdad 

oficialesPara contrarrestar ese tipo de evidencias, la carta prosigue tildándolas de «datos no oficiales, erróneos e imprecisos sobre la comunidad de Airbnb». Si entendemos que datos oficiales son aquellos publicados por la propia Airbnb, esta afirmación no se sostiene, ya que gran parte de los estudios se basan en una técnica en la que se basa el propio buscador de Google, llamada web scraping. El scraping no es otra cosa que la automatización del proceso por el cual una persona accede a los datos de una web: en lugar de visitar todos los anuncios de Airbnb uno por uno, anotando en una libreta los datos que ahí se ofrecen, es posible programar un algoritmo que lo haga de forma autónoma. Así, podemos trasladar a una tabla toda la información que contiene Airbnb con respecto a los anuncios de una zona dada, y, puesto que la fuente es la propia web, no cabe sino asumir que, salvo error u omisión (de lo que tampoco está libre la propia Airbnb), estos datos son, sin duda, los datos oficiales. Es la técnica que usa el ayuntamiento de Barcelona o el de San Francisco, por ejemplo, para valorar el efecto de Airbnb en sus calles. «Queremos mostrar tanto a los ciudadanos de Madrid como a los líderes políticos el impacto real que Airbnb tiene en su ciudad», dicen. Perfecto. La mejor manera sería, sin duda, publicar los listados en un formato descargable y operable (en lugar de entregarlos procesados de acuerdo a sus propios criterios) y dejar que sean procesados por terceros, exactamente como si no tuvieran nada que ocultar.

Sin embargo, no contentos con intentar desacreditar otros estudios, el informe entra de lleno a analizar esos datos oficiales que no han publicado. Y en él se dice que «(l)a escala de Airbnb en Madrid es demasiado pequeña para tener un efecto concreto en la vivienda. En Madrid, concretamente, los anuncios de casas enteras reservados más de 90 noches en 2017 representaron solo el 0,3% del total de viviendas». Bien. Ciertamente Madrid es muy grande y el problema está muy localizado, así que comparar con el total de viviendas de la ciudad es, cuando menos, interesado. Tendría más sentido comparar con las viviendas de alquiler, por ejemplo, o mejor aún con aquellas que están disponibles para ser alquiladas en cada barrio en este momento. Pero incluso aceptando la comparación que Airbnb propone, los datos no cuadran. Según el INE, hay 1.530.957 viviendas en Madrid. Y según los datos que Airbnb muestra en su web, hay 12.162 ofertas profesionales (que superan el umbral de 90 días). Esto da un 0,79%, y no un 0,3%, lo cual indica que todos los datos derivados del informe de Airbnb hay que tomarlos con, como poco, cierta precaución.

Sigamos. Después de los datos anteriores, el informe afirma que «(l)a causa real de los problemas de vivienda asequible en Madrid es que la demanda de vivienda urbana sobrepasa a la oferta». Es llamativa la falta de rigor de esta afirmación etérea, que solo un economista podría colocar en mitad de un párrafo dedicado a datos estadísticos. Y, para colmo, Airbnb pretende sustentarla en el dato de viviendas vacías que, según el Ayuntamiento, había en 2011. Un momento. Pero si, como dice el Ayuntamiento, en Madrid hay un 10% de viviendas vacías, ¿cómo es posible que la demanda supere a la oferta? Los trucos de la economía española, cuyo resultado, largamente señalado por los movimientos sociales, es gente sin casa y casas sin gente. Como bien diagnostican los Sindicatos de Inquilinas, la causa real de los problemas de vivienda asequible está compuesta de varios elementos, entre los que la última reforma de la LAU (y, en general, un panorama normativo centrado en la protección del «capital urbano latifundista») es el más destacado.

La piel de cordero de los especuladores 

Una de las afirmaciones que más sorprenden en toda la «carta abierta» de Airbnb es esta: «Los ingresos obtenidos a través de Airbnb ayudan a quienes más lo necesitan a poder pagar su vivienda». Esto es una falacia en toda regla: si solo el 13 % de las ofertas de Airbnb son no profesionales (ver las tablas elaboradas por Javier Gil) eso implica que, grosso modo, el 87 % de los ingresos van al bolsillo de gente que hace negocio con la vivienda, no al de «quienes más lo necesitan», aunque también haya casos. Esto es compatible con los estudios de Juliet Schor, nominada en 2018 a premio Principe de Asturias y quien fuera 17 años profesora de Harvard, que ha sido de las que más ha estudiado el fenómeno de las economías colaborativas. Schor plantea que los posibles beneficios de la «economía colaborativa» entre particulares son muy desiguales, y que quienes más probabilidad de obtener ingresos tienen son el 80% de la piramide con mayor capital económico.

Dice Airbnb que «(e)l anfitrión típico en Madrid gana alrededor de 4.400€ y el anuncio de alojamiento típico se comparte 70 noches al año». Suponemos que se ha usado la media para calcular los ingresos de ese «anfitrión típico», pero no podemos comprobarlo porque Airbnb no publica estos datos. Pero sabiendo que un 26 % de las ofertas pertenecen a usuarios que gestionan más de 5 viviendas, parece claro que el «anfitrión típico» debe de ganar bastante menos. Sería útil tener acceso a los datos en bruto para saber cuánto gana al año el anfitrión profesional.

«Unas normas justas y claras para que las familias puedan compartir sus habitaciones vacías y ocasionalmente sus casas enteras ayudarían a miles de familias a poder seguir en sus barrios», dice Airbnb. Con los Sindicatos de Inquilinas decimos: unas normas justas y claras para que los especuladores no puedan intervenir a su antojo en el problema de la vivienda ayudarían a miles de familias a poder seguir en sus barrios. Porque la vivienda no es un negocio: es un problema para mucha gente, pese a, no nos cansamos de repetirlo, ser un derecho fundamental.

La prosa de Airbnb es, en algunos pasajes, cristalina: «El número de viajeros de todo el mundo que escogen Madrid es cada vez más numeroso y los beneficios económicos que generan deberían llegar a las familias madrileñas. Airbnb facilita que estos beneficios lleguen a las familias, negocios locales y comunidades en las que los negocios tradicionales de alojamiento no están presentes». No habíamos leído ninguna definición mejor del fenómeno de la turistización: todo será pasto del turismo, también «las familias, negocios locales y comunidades en las que los negocios tradicionales de alojamiento no están presentes».

¿Principales cifras sobre la comunidad de Airbnb en Madrid?

La carta prosigue desglosando algunas cifras que no sabemos bien de dónde salen. Por ejemplo, «60% de los anfitriones comparte su residencia habitual»: ¿cómo puede esto ser posible si el 57% de las ofertas corresponden a usuarios que tienen más de una vivienda? Por otro lado, ese 57% representa tan solo en torno al 4% del total de la actividad en la plataforma. Algo no cuadra.

Pero sin duda el momento en que la creatividad de Airbnb se vuelve deslumbrante es este: «11% (de) familias han evitado un desahucio gracias al home sharing en 2016». Esta vergonzante afirmación, que es una dura afrenta a los cientos de hogares destruidos cada día por los desahucios, y que merece la contundente respuesta de las organizaciones de personas afectadas, no se sostiene en absolutamente ningún dato. Tan solo se hace referencia a otro informe, también de Airbnb, en el cual nada se menciona sobre desahucios. Sorprende la ligereza con que Airbnb se atreve a jugar con una realidad tan dramática, y da una idea de la falta de escrúpulos de su equipo directivo.

Donde no hay mata, no hay patata: conclusiones

La carta de Airbnb termina esbozando tres conclusiones que, estando soportadas por las falsedades que venimos señalando, son, como no podía ser de otra manera, falsas a su vez:

«CONCLUSIÓN 1: Los anuncios de casa entera reservados a través de Airbnb son una pequeña fracción del total de viviendas en Madrid». Claro. Pero ese dato es irrelevante. También las viviendas disponibles para ser alquiladas permanentemente, o las viviendas con vistas, son una fracción muy pequeña del total de viviendas. Lo relevante es el número de viviendas que han sido reconvertidas en viviendas de uso turístico a causa del home sharing, como lo llama Airbnb. Y son muchas.

«CONCLUSIÓN 2: La gran mayoría de los anfitriones tienen solo un anuncio. Los anfitriones con más de un anuncio dan apoyo a familias con segundas residencias». Ajá. Salvo que lo interesante no es cuántos anfitriones tienen un solo anuncio, sino cuántas ofertas pertenecen a profesionales. Y resulta que los datos que publica Airbnb indican que el 87 % de las ofertas son negocios profesionales. De esas, sin duda habrá unas cuantas que respondan a la categoría de «familias con segundas residencias que necesitan apoyo», pero los datos son tozudos: el 61% de ofertas pertenecen a anfitriones con solo una o dos ofertas y el resto, 38% pertenecen a profesionales que tienen más de dos ofertas (y cuya necesidad de “apoyo” es cuestionable).

«CONCLUSIÓN 3: La mayoría de anfitriones en Madrid obtienen unos ingresos complementarios modestos al compartir sus hogares». De nuevo, no se trata de ver qué ocurre con los anfitriones, sino saber qué uso se le está dando a las viviendas. El 87% de ofertas están alimentando los bolsillos de profesionales, que, en proporción, son una minoría de anfitriones, pero se llevan el 96% del negocio.

Imaginamos que, a estas alturas, solo queda una leve estupefacción ante esta exhibición de cinismo y falta de rigor. También nos imaginamos que las destinatarias institucionales de la carta reconocen a distancia, ideologías aparte, la propaganda empresarial y le dan el valor que merece. ¿Por qué, entonces, toma Airbnb esta decisión? No es un hecho aislado: tras muchos meses de mutismo y discrección, de repente participan en debates, interactúan en redes, mandan notas de prensa... La razón es que defienden su posición, presentándose como interlocutores necesarios. Durante este tiempo de paralisis institucional han sido los movimientos sociales quienes han hecho visible el problema de la turistización hasta que ha tomado una dimensión ineludible para la agenda política. Así que en este momento de sí es, no es quieren formar parte de cualquier foro en el que se juegue alguna baza, especialmente si hay políticos de por medio. Es cierto que son un interlocutor necesario, igual que lo es en algún momento de la vida el gerente de la funeraria, pero una cosa es sentarse a negociar con alguien y otra que tengan silla en la mesa de las soluciones quienes forman claramente parte del problema. No puede tenerla quien defiende un modelo de ciudad en función de su cuenta de resultados.

Esto también vale para el lobby hotelero y el inmobiliario, que ya tienen poder de sobra por éste y otros cauces. La sociedad madrileña y las instituciones tienen por delante la tarea de abordar la situación actual con debate público, con participación y con datos reales. Ahí sobra el marketing y falta espacio: tanto para la participación real de la ciudadanía en los planes de ordenación turística y la definición del modelo de ciudad, como para plantear tantas preguntas como necesitemos respondernos como ciudad, algunas más nuevas, otras con solera. Quizá la más importante de ellas sea: ¿quién hace la ciudad? O mejor: ¿quién queremos que la haga?