Sobre el precio de la luz y la vivienda: dar la palabra a la gente

En esta situación puede que el efecto buscado por las tibias medidas del Gobierno (aunque ahora parece que podrían quedar en menos aún por la presión del PNV) en la reducción de la factura de la luz, que ya presiona también a la patronal de la industria, supongan un pequeño alivio. Sin embargo, la idea de fondo que mueve la política gubernamental es bien diferente: impulsar una nueva clase empresarial moderna conforme a los retos del capitalismo del siglo XXI. El objetivo de la política económica del gobierno es por tanto enfrentarse a una supuesta clase empresarial anticuada y parasitaria, frente a unos empresarios conscientes de la nueva era que se abre ante las oportunidades de un neoliberalismo en crisis. Quedan lejos ya para el ejecutivo aquellas aclamaciones rimbombantes de la investidura sobre el poder de las trabajadoras y trabajadores.

Y es que en esta crisis que atravesamos debemos reconocer que existe un cierto grado de contingencia, debido a los altos precios de extracción de los combustibles fósiles, minerales y los movimientos geopolíticos, pero de fondo el papel del Gobierno responde a lo que algunos de sus ministros y ministras han denominado como “colaboración público-privada”, es decir, el Estado-empresa constituye hoy la mejor garantía para los intereses privados de las grandes multinacionales. Esto es, socializar riesgos y pérdidas privadas y extender una red salvavidas a costa de la riqueza generada por las clases trabajadoras de toda Europa. No se trata de una estafa urdida en oscuros despachos, a pesar de imágenes tan deplorables como la del militante del PSOE, Antonio Miguel Carmona , siendo nombrado vicepresidente de Iberdrola, sino de un sistema que supedita sus intereses a los del conjunto de la sociedad a través del papel del Estado, apoyándose en él para afrontar los retos que la profunda crisis del capitalismo le expone. Sin ir más lejos, nos encontramos con Iberdrola, empresa que se jacta de ser la compañía que más dinero público ha solicitado al Estado de los Fondos Europeos “Next Generation”, unos 30.000 millones de euros de dinero público para sus propios proyectos.

Son estas mismas empresas energéticas, bancos y fondos buitre propietarios de una parte importante de las viviendas, quienes vienen amenazando al conjunto de la sociedad si no se cumple con sus deseos. Así lo hacen diariamente manteniendo miles de viviendas vacías en todo el Estado, mientras millones se enfrentan a alquileres abusivos que suponen más de la mitad de los salarios. Al mismo tiempo, vacían los embalses de Extremadura, Galicia y Zamora, destruyendo parajes por completo para extraer más energía que vendernos a un precio más caro.

Frente a este panorama, desde Anticapitalistas nos preguntamos, ¿Por qué no decidir entre todas y todos como gestionar esta grave situación? ¿Podemos elegir democráticamente la manera de gestionar recursos imprescindibles como la vivienda y la energía? El gobierno es débil y su exigua voluntad de alterar el mercado se derrumba a la primera llamada de las compañías eléctricas o de partidos de la derecha, por eso armarse desde lo social no es sólo la vía más deseable, sino la única opción que tenemos para garantizar una democracia real. Pues la democracia es, en definitiva, decidir sobre aquello que afecta decisivamente a nuestras vidas y permite poner sobre la mesa las necesidades e intereses de la mayoría sobre los intereses particulares de una minoría. Desde el 14 de septiembre, día en el que el gobierno anunció las medidas sobre el precio de la luz, este no ha dejado de crecer semanalmente y amenaza a millones de personas con la llegada del invierno.

De la misma manera que, por lo anunciado en boca del Gobierno, la futura ley de vivienda será muy difícil que regule los precios del alquiler, no acabará con los desahucios y mucho menos pondrá en marcha un parque público de vivienda que asegure el acceso generalizado a este bien básico. Este afán permanente del Gobierno por vender ilusiones que cuando llegan a la realidad no se traducen en mejoras concretas para la vida de la gente solo amplía el campo de la frustración y la desafección, traduciéndose en más debilidad social para el conjunto de la izquierda que la extrema derecha no duda en aprovechar a cada momento.

Experiencias concretas como el referéndum celebrado en Berlín el pasado 27 de septiembre demuestran como medidas reales, serias y efectivas, expropiar más de 270.000 viviendas en manos de especuladores, pueden contar con un apoyo masivo si conectan con las necesidades cotidianas de las clases populares. Por tanto, es el momento de ponerse a ello. Tenemos las ideas y tenemos las propuestas para afrontar esta situación, pero necesitamos la fuerza social para hacerlas posibles. Es posible el control público de la producción energética que nos permitiría avanzar en la necesaria transición energética, abandonando la insostenible explotación de los recursos fósiles y sustituirlos por fuentes de energía renovables. Es posible acceder a este bien esencial para todas y todos a través de una empresa pública de energía. Podemos contar con un parque de vivienda público que facilite que las y los jóvenes puedan independizarse, que asegure que nadie tenga que elegir entre comer y pagar el alquiler, que acabe al fin con el drama de los desahucios.

Por eso desde Anticapitalistas hemos iniciado una campaña con el objetivo de que el Gobierno ponga en marcha un referéndum que permita al conjunto de la sociedad decidir sobre la gestión de la vivienda y la producción energética. El Gobierno cuenta con la capacidad legal de convocar un referéndum según la propia Constitución de 1978 y la Ley Orgánica de Referéndum 2/1980. Es la misma Constitución la que establece en su artículo 92 que corresponde al Presidente del Gobierno, autorizado por el Congreso, la convocatoria efectiva de un referéndum con carácter consultivo sobre decisiones de especial trascendencia.

No existe mejor forma de hacer avanzar la democracia que en la práctica cotidiana, discutir sobre la economía y los recursos como derechos sociales para la mayoría o como privilegios para unos pocos. Por todo ello, decidamos todo: https://decidamostodo.org/