Por un progreso justo, seguro y duradero
La celebración de la cumbre del clima, con motivo de la reunión de la Asamblea General de Naciones Unidas, ha coincidido con la presentación del último informe del panel intergubernamental sobre cambio climático (IPCC), dedicado a la relación entre los océanos y el calentamiento global.
Una cuestión, por cierto, de la máxima trascendencia para un país como España, con más de 8000 kilómetros de costa y dos archipiélagos, que ya se ven afectados por tormentas tropicales e inundaciones de creciente frecuencia e intensidad, así como por la presencia notable de algas tóxicas...
Hace ya muchas décadas que la comunidad científica alerta, cada vez con mayor impacto mediático, sobre las causas y las consecuencias del cambio climático. Los últimos informes confirman que este proceso se está acelerando y agravando, comportando efectos incluso irreversibles, de forma que el coste económico y social de la inacción resulta cada vez más elevado: así lo ponen de manifiesto las grandes compañías aseguradoras, desbordadas por la envergadura de las “catástrofes naturales”, muy superior a las previsiones que hasta hace poco les garantizaban importantes márgenes de beneficio.
Una de las principales novedades, a mi juicio , es la masiva concienciación de los más jóvenes, impulsada por el carisma de Greta Thunberg; bienvenidos sean su indignación y su reproche a los líderes políticos y empresariales por no haber tomado antes medidas mucho más efectivas para frenar el calentamiento global. Su beligerancia obliga a ampliar el horizonte de las decisiones políticas y económicas, a tener en cuenta la responsabilidad de nuestra generación hacia quienes apenas han contribuido al cambio climático y sin embargo se enfrentan a sus graves efectos, ya evidentes en todos los rincones del planeta.
Debemos pues repensar todas y cada una de las políticas públicas –desde la política del agua a la agrícola y a la industrial, desde la energética a la movilidad y al urbanismo, desde la fiscalidad a la educación y la ciencia...– , para incorporar la perspectiva de las transformaciones de nuestro entorno, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y aumentar la resiliencia de los asentamientos humanos, en el medio rural y en las ciudades, en particular en los países y regiones más vulnerables.
El cambio climático es, ante todo, un desafío en términos de equidad global, una colosal injusticia para los ciudadanos más desfavorecidos y los países más pobres, escasamente responsables del uso masivo de los combustibles fósiles causantes del cambio climático.
Un desafío ético y por lo tanto político: desde luego, para los socialistas, para quienes nuestra principal seña de identidad es la lucha por la igualdad y la justicia. Por ello, en las resoluciones del 39 Congreso Federal en 2017, hemos incorporado definitivamente en nuestro ideario la sostenibilidad ambiental como garantía imprescindible para un progreso justo, seguro y duradero. El PSOE está por tanto comprometido con la necesaria transición ecológica de la economía, así como a la reducción de las desigualdades, dentro y fuera de nuestras fronteras, acorde con los objetivos de la Agenda 2030.
El gobierno de Pedro Sánchez ha tenido ocasión de comenzar a demostrar este compromiso; además de crear un ministerio encargado precisamente de promover la transición ecológica, con competencias en clima, agua, biodiversidad y energía, se han adoptado las primeras decisiones para incentivar la producción y consumo de las energías renovables –eliminando por ejemplo el injustificable “impuesto al sol”–; y se ha elaborado un paquete de medidas para cumplir con las exigencias de la Unión Europea en materia de transición energética y lucha contra el cambio climático, que define la hoja de ruta para alcanzar la total descarbonización en 2050. Para ello, es imprescindible potenciar al máximo el ahorro y la eficiencia energética –muy en particular en el sector residencial–, así como promover el uso masivo de electricidad producida con energías renovables. Ello requiere una reforma del mercado eléctrico, de forma que la creciente reducción en el coste de la utilización de dichas fuentes energéticas se traslade a los ciudadanos, generando la necesaria seguridad jurídica y los estímulos adecuados para los inversores.
El compromiso de nuestro gobierno frente a la emergencia climática se ha traducido también en las recientemente anunciadas contribuciones al Fondo Verde y al Fondo para la Adaptación de Naciones Unidas. Y por supuesto, queda mucho por hacer y el tiempo apremia: en particular, es urgente acometer los cambios regulatorios y las inversiones que faciliten la efectiva implantación de las energías renovables así como las actuaciones para la “transición justa”, que garanticen creación de empleo y actividad económica en los territorios y sectores más vulnerables. España puede beneficiarse, y mucho, de la prioridad otorgada a la emergencia climática por la nueva Presidenta de la Comisión Europea, que ha anunciado un marco normativo y financiero acorde con el Green Deal: un gran “pacto verde”, un nuevo contrato social para avanzar en esa senda de progreso justo, seguro y duradero, que la evolución del PIB no puede medir y que nos exigen, cada vez con más fuerza, los más jóvenes y los más desfavorecidos.
