La violencia sexual, un método de guerra impune y devastador
Lo sabemos de sobra: los conflictos armados son devastadores. Provocan deshumanización, aniquilamiento de poblaciones, éxodos masivos… Y exacerban la violencia sexual, que se impone por la fuerza o bajo intimidación, con opresión psicológica, amenazas de detención o abuso de poder. Pero de esto se habla menos, aunque se trata de prácticas extendidas a lo largo de la historia, desde el Imperio romano a la Segunda Guerra Mundial, pasando por la Edad Media y las guerras de conquista.
La violencia sexual no es algo casual en los conflictos bélicos. Es un método de guerra deliberado y planificado que busca humillar, degradar y destruir el tejido social del ‘enemigo’ y que afecta a mujeres, hombres, niñas y niños. Con frecuencia, los estereotipos de género impiden a los varones reconocer que han sido víctimas de este tipo de abusos que conllevan vergüenza, miedo y temor a la estigmatización. Pero la violencia sexual se dirige, mayoritariamente, contra las mujeres. En muchas culturas las mujeres son consideradas las depositarias de los valores y las transmisoras de la vida y la cultura. Agredirlas sexualmente significa también atacar la integridad moral de la comunidad y dañar o destruir la etnia. Así sucedió, por ejemplo, en las guerras de los Balcanes y Guatemala y durante el genocidio de Ruanda.
En años más recientes, golpean nuestra sensibilidad los casos de República Democrática del Congo, Sudán del Sur, Nigeria, Siria…, donde estas prácticas se han convertido en un arma de destrucción masiva con las mujeres como principales víctimas; una violencia que no solo se refiere a las violaciones, sino que toma la forma de esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazos forzados, imposición de matrimonios con los soldados que han asesinado a sus familias…
Y no es solo achacable a grupos rebeldes. De hecho, según la base de datos sobre violencia sexual en conflictos armados (SVAC dataset), el 42 % de los actores armados estatales fueron denunciados como perpetradores de violencia sexual, frente al 24 % de los grupos rebeldes y el 17 % de las milicias. En cualquier caso, se trata de una violencia de muy difícil cuantificación: por cada violación denunciada se estima que hay entre 10 y 20 casos que no llegan a ser conocidos.
En muchas ocasiones, las víctimas no suelen tener acceso a los sistemas de justicia. Las mujeres embarazadas como resultado de violaciones quedan, frecuentemente, con el estigma de haber sido violadas por ‘el enemigo’, lo que provoca que sean expulsadas del núcleo familiar y comunitario. Algunas intentan provocarse abortos sin las condiciones adecuadas, lo que supone una de las principales causas de la mortalidad materna en situaciones de conflicto. De igual modo, los niños nacidos de una violación a menudo son considerados como ‘hijos del enemigo’ y son marginados por su propia comunidad.
Pese a que la impunidad sigue siendo la norma y son muy pocos los responsables que son juzgados y castigados, se han dado algunos pasos relevantes frente a esta violencia. Los Tribunales Internacionales para la ex Yugoslavia y Ruanda definieron la violencia sexual como arma de guerra y medio para perpetrar el genocidio, lo que sentó nueva jurisprudencia penal. Asimismo, en febrero de 2016, un tribunal de Guatemala condenó a dos ex oficiales militares por cometer violencia sexual durante la guerra civil del país, lo que supuso la primera vez que un tribunal nacional imputaba cargos de esclavitud sexual durante un conflicto armado. Ese mismo año, la ‘justicia de género’ también ocupó un lugar central en el acuerdo de paz firmado entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC).
Desde el punto de vista humanitario, uno de los retos principales es la atención a las víctimas, que abarca la asistencia sanitaria, social, económica, jurídica… Es necesario garantizar un trato digno, con absoluto respeto de la privacidad de las víctimas, y que sus voces sean escuchadas para que se haga justicia. Y es de vital importancia velar por su seguridad y prevenir nuevas agresiones. Con frecuencia, la intervención estatal alcanza esferas muy limitadas y esta atención a las víctimas solo es ofrecida por organizaciones no gubernamentales. En el caso de Manos Unidas, en los últimos años hemos acompañado, entre otras, a mujeres campesinas e indígenas víctimas de violencia sexual durante los conflictos armados internos de Perú y Guatemala, apoyando su lucha en busca de justicia y reparación y contribuyendo a su empoderamiento a partir de acciones formativas y de generación de ingresos.
La ONU proclamó en 2015 el 19 de junio como el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos, con el objetivo de concienciar sobre la necesidad de poner fin a esta lacra, honrar a las víctimas y rendir homenaje a quienes han dedicado su vida a esta lucha. En este mismo camino nos encontramos junto a las comunidades y organizaciones de base, apoyando los procesos puestos en marcha para poner fin a esta práctica inhumana y vergonzosa; para que los cuerpos de mujeres y niñas no sean más campos para la guerra.
