“Vivienda para todos: un reto colectivo”

Antes de finalizar su “Retrato”, Antonio Machado escribió: “Y al cabo, nada os debo; debéisme cuanto he escrito. / A mi trabajo acudo, con mi dinero pago / el traje que me cubre y la mansión que habito, / el pan que me alimenta y el lecho en donde yago”. Con estos versos, el poeta expresaba, rotundamente, la importancia de la vivienda y de que toda persona pueda afrontar su coste por sus propios medios. Disponer de un techo, digno y adecuado, es un derecho universal recogido en el artículo 25.1 de la Declaración de Derechos Humanos y en el artículo 47 de la Constitución Española, pero se ha convertido en un problema a escala global. 

En España, este problema responde más a un desajuste entre la oferta y la demanda que a una falta real de vivienda. El encarecimiento progresivo de los precios, con la sobrecarga excesiva que supone para muchas familias, las dificultades para acceder a la financiación hipotecaria y la precariedad laboral, ligada a un cambio de tendencia en los jóvenes, que, además, encuentran serios problemas para emanciparse de sus padres, ha aumentado la necesidad de vivienda con alquileres asequibles. Pero la oferta en nuestro país es muy reducida. No solo no crece al mismo ritmo de la demanda, sino que se reduce en las grandes ciudades por el impacto del turismo, y la situación se ve agravada por la escasez de viviendas de titularidad pública, con un parque muy inferior al de la mayoría de los países europeos. Todo ello imposibilita una respuesta rápida para atender las necesidades de la población.

Políticas públicas a medio y largo plazo desde ya

En este contexto, las actuaciones a corto plazo se tornan urgentes, pero, en buena medida, son solo una venda provisional. Un “analgésico” que, si bien alivia los síntomas, no ataja la enfermedad: el agudo desajuste entre el parque de viviendas existente y las necesidades reales, que únicamente se puede abordar con políticas públicas a medio y largo plazo que tengan en cuenta algunos factores clave.

El primero es el estancamiento demográfico previsto para los próximos años. Incluso contemplando un aumento de la inmigración, la población española crecerá a un ritmo reducido. Por consiguiente, el incremento del número total de viviendas también será escaso. En los próximos años, de cada diez nuevos hogares que se formen, ocho utilizarán edificios ya existentes que hayan quedado vacantes. Solo dos tendrán necesidad de vivienda nueva. En términos absolutos, esto significa que, cada año, se formarán alrededor de 400.000 hogares, de los que 340.000 ocuparán inmuebles ya existentes y 60.000, de nueva construcción.

Por lo tanto, las políticas de vivienda desarrolladas en las últimas décadas, y dirigidas casi exclusivamente a obra nueva, son claramente insuficientes. En el escenario actual, se hace imprescindible reformular la estrategia pública de vivienda para intervenir, de manera intensa y generalizada, en los más de veinticinco millones de edificios que forman el parque residencial en España. Un parque obsoleto y con escaso mantenimiento que hay que adecuar, con urgencia, a los nuevos requerimientos y necesidades de la población y a la emergencia que introduce el calentamiento global, si queremos que nuestro país sea una economía sostenible y de bajo impacto ambiental en el año 2050.

En España, los edificios generan alrededor del 39% de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera y, con los datos del último censo, el 70% de las viviendas son anteriores a la aplicación de la primera normativa de eficiencia energética del año 1979. Como consecuencia, casi todo el conjunto presenta elevados consumos energéticos y un coste que aboca a numerosas familias a la pobreza energética. 

También hay evidentes carencias en materia de accesibilidad universal. Unas 100.00 personas no pueden salir de sus casas, y las necesidades de una población cada vez más envejecida requerirán adaptar buena parte del parque edificado a situaciones de movilidad reducida. Además, el impacto de la globalización y la irrupción de nuevas tecnologías han alumbrado nuevas formas de vida y de trabajo, diferentes a las que había cuando nuestras viviendas fueron pensadas y construidas. 

Por todos estos motivos, es necesario afrontar su renovación para adecuarlas a las demandas actuales de la sociedad y conseguir que recuperen su funcionalidad. Pero la situación es muy distinta. La tasa de rehabilitación en nuestro país no se ajusta ni a la hoja de ruta marcada por los organismos internacionales para luchar contra la emergencia climática, ni da respuesta a la actualización funcional necesaria, ni sirve para generar vivienda de alquiler asequible. Para parecernos a nuestros socios europeos, donde el porcentaje medio de rehabilitación es del 2%, en España habría que rehabilitar alrededor de 500.000 viviendas al año. Sin embargo, de acuerdo con los datos del Observatorio de Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento, se concedieron poco más de 10.000 licencias. 

Una solución con visión global y duradera

Garantizar el acceso a viviendas que respondan a las necesidades actuales de la población es un reto enorme y colectivo. Exige una transformación generalizada de viviendas, edificios y barrios. Y solo podremos abordarlo con estrategias a medio y largo plazo y políticas públicas que pongan en el centro el bienestar de la ciudadanía y sean firmes y estables en el tiempo. Para ello, tendrían que estar coordinadas entre las diferentes administraciones y tener en cuenta que la propiedad de la vivienda en España está mayoritariamente en manos de sus usuarios, por lo que deberían orientarse a impulsar, apoyar y facilitar su decisión de rehabilitación, mientras se promueven actuaciones a mayor escala en barrios y espacios públicos.

Ante uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo, en el Día Mundial de la Arquitectura, que, este año, celebramos con el lema “Arquitectura… vivienda para todos”, desde el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España reivindicamos un pacto social que aborde, de forma integral, las necesidades de acceso a un techo digno y adecuado, la renovación urbana y la calidad del entorno edificado para garantizar un bienestar social estable y duradero en el tiempo; para que todas las personas puedan disponer, mediante sus recursos, de un hogar que responda a sus necesidades reales, como Machado expresa en su “Retrato”.