Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.

Calladitos están más guapos

Lesmes da el primer paso para la renovación del CGPJ

Elisa Beni

65

“Se necesitan dos años para aprender a hablar y sesenta para aprender a callar” Ernest Hemingway

En este silencio del confinamiento resuenan con más estruendo los ruidos que parecen ahora estar fuera del orden de las cosas. En tiempos normales nos hemos acostumbrado tanto al estrépito, incluso al escándalo político, que la mayor parte de las veces lo escuchamos y lo dejamos correr para precipitarnos sobre el siguiente graznido que nos llame la atención. 

No siempre es preciso hablar. La libertad de expresión, como todas las libertades, no debe ser obligatoriamente usada. Lo realmente singular del poder libre del hombre es que puede sobre sí y, por tanto, puede modular libremente el uso de su propia libertad. Dicho todo ello para constatar que tras lo oído esta semana, tanto Iglesias como Lesmes hubieran estado mejor callados en lo relativo a la sentencia del TSJM que condena a Isa Serra y que está aún pendiente de recurso. 

Pablo Iglesias, que salió al paso amagando un inicial respeto, acabó hablando de sentimiento de injusticia y la ministra Montero también se vació en un tuit sobre la condena a una persona a la que estima por “parar un desahucio” cuando, en puridad, la condena es por cómo se paró. Comprensible, desde un punto de vista humano, pero ellos ahora no son humanos simples sino humanos encarnando dos poderes del Estado -son ambos diputados y ministros- lo cual les sitúa en una situación completamente distinta. ¡Por supuesto que entra dentro del ejercicio de su libertad de expresión poner esos tuits! Lo que vengo a defender es que no siempre es obligatorio hacer uso de ella y que es preciso valorar si entra dentro de tu papel institucional hacerlo. Es harto difícil hacer una escisión entre el ciudadano Iglesias y el parlamentario Iglesias y el vicepresidente Iglesias. Lo remarco porque no siendo, en mi opinión, posible en su caso tampoco lo es en otros muy flagrantes.

El caso es que ese CGPJ que pasa de largo de tantas cosas que le competen, salió como una flecha a afearle la conducta. Lesmes y los suyos no dejan, sin embargo, de reconocerle esa libertad de expresión pero tras ello juzgan taxativamente “inadecuado el tono” y le exigen “moderación, prudencia, mesura y responsabilidad”. Es cierto que el Consejo caducado ha salido en alguna otra seleccionada ocasión a criticar la conducta de ministros y otros cargos, pero también lo es que se ha inhibido cuando las invectivas procedían del Partido Popular y se dirigían, por ejemplo, al juez De Prada por la sentencia que le costó la moción de censura a Rajoy. 

Ni siquiera voy a ir a ese doble rasero con los políticos. La crítica que le hago a Lesmes y sus chicos se dirige sobre todo a la interpretación que hace de la libertad de crítica política de los magistrados, cuyo régimen sancionador es de su competencia, y que hasta el momento no ha puesto el más mínimo reparo a la crítica feroz y hasta insultante de algunos de los miembros del Poder Judicial al Poder Ejecutivo. En ese aspecto corporativo, la libertad de expresión es leída siempre en su máxima amplitud, es decir, es leída en el silencio absoluto y la mirada hacia otro lado. 

Yo creo, efectivamente, que los poderes del Estado no deben enzarzarse en críticas ni alabanzas mutuas. En la democracia hay otros muchos intermediarios que pueden ocuparse sanamente de eso. Pueden hacerlo los ciudadanos libremente y también estamos los periodistas para ejercitar la crítica que no es sino una forma de control del poder. Por eso los poderes del Estado deben limitarse a los controles que están constitucionalmente señalados entre ellos. Si para ello se limita de alguna forma la libertad de expresión de los miembros de los poderes, tampoco sucede nada. Es libre formar parte de ellos. 

Lo cierto es que así pensaba el legislador cuando introdujo en el artículo 395 de la Ley Orgánica del Poder Judicial la prohibición de que jueces y magistrados “dirijan a los poderes, autoridades o funcionarios públicos felicitaciones o censuras por su actos”. Miren, las redes sociales están pobladas de magistrados que afirman con sus gónadas morenas que: “cuando una parte del gobierno es un sector totalitario que ataca a las instituciones y socava el Estado de Derecho (…) los hijos de la libertad no puede mirar para otro lado” o bien “Amosss a ver, Pablo.. de verdad no te das cuenta de que los problemas de España empezaron cuando tu apareciste” o bien “los discursos de Sánchez imitan la oratoria de Kennedy y quedan regular”, “Imitándolo malamente tra, tra” ,“Son discursos infumables” o “Brindo por un rápido desahucio de Moncloa de Sánchez…” que, en mayor o menor grado, como verán, cumplen a la perfección el artículo que les acabo de citar. Es una constante. Sólo he puesto unos ejemplos. 

A mí me explicaron hace mucho que la peculiaridad del Poder Judicial es que no es colegiado, como los otros, sino que cada uno de sus miembros lo encarna de forma completa. Muchos magistrados defienden, sin embargo, que ellos pueden ser el puro tercer poder y a la vez ciudadanos y que se quitan y se ponen la camiseta de una cosa y de otra y que no pasa nada. Eso sí, que el vicepresidente del Gobierno no se desdoble o se merece un mandoble. 

Es un debate que yo tengo claro. Los propios periodistas, que sólo somos el metafórico cuarto poder, sabemos que no somos jamás en redes un ciudadano diferente al periodista que encarnamos. Por eso verán que los que se dedican a la pura información huyen de manifestaciones que sí hacemos los que cultivamos el género de opinión. Algunos jueces creen que ellos pueden emboscarse tras un seudónimo, para decir y actuar y censurar como ciudadanos, pero subidos al pedestal de su magistratura que se ocupan muy mucho de resaltar en sus perfiles. A esos, Lesmes no les dice nada. 

El debate último de este cruce de críticas institucionales con el que arranqué tiene que ver con la sentencia dictada por el TSJM y no sería de recibo que yo saliera de aquí sin darles mi opinión. Es una sentencia que puede y debe ser recurrida. La sentencia considera probado que Serra lanzó objetos sin poder probar cuáles fueron. ¿Fueron flores, paquetes de tabaco, gorras o adoquines? Es muy importante porque las lesiones y los daños no se producen con claveles. Hubo lanzamiento de objetos peligrosos y de otros que no. Nadie ha probado que ella, en concreto, usara unos y no otros. Lo que sucede es que el tribunal considera que “no sería determinante que ella hubiera tenido una actuación especialmente significativa porque su integración en el grupo le hace asumir la responsabilidad”. Aplica aquí el TSJM la doctrina de la “masa de acoso” sobre la que, en efecto, hay jurisprudencia. Hasta 75 sentencias, como se ha molestado en contar la colega Alicia Gutiérrez, pero que se refieren siempre a casos de bandas organizadas, pandillas o clanes en actuaciones grupales violentas. Aplicarle la doctrina de los ñetas a unos manifestantes ofrece tantas aristas que el recurso es obligado y esperemos que la rectificación del Supremo también. 

Acaban de leer una crítica de la sentencia, respecto a la enervación de la presunción de inocencia y a la aplicación de una doctrina sobre la coautoría discutible, expresada en términos que nada tienen que ver con lo visceral. Defender a Isa Serra o criticar al tribunal no puede ser una cuestión de fe sino de razón y de eso debe tomar nota Iglesias y Podemos en general. Tejer fino siempre con los mismos, peerse y enojarse como hace Lesmes y su CGPJ, también les deja en muy mal lugar si es que esto, a estas alturas, fuera posible. 

Tienen cada uno los atributos de sus poderes que son grandes. Úsenlos cuando convenga y aprendan que en otros momentos callados están más guapos, es decir, mucho más institucionales y democráticos.

Etiquetas
stats