Confesar es de 'losers'
Lo dicen en privado muchos abogados penalistas y el caso Máster les da la razón. Nunca hay que declarar hasta que no sepas exactamente de qué te acusan y cuando lo sepas tienes dos opciones: negarlo todo y asociar tu suerte a la de otros imputados que puedan estar en una situación de privilegio o, si los indicios de delito son incontestables, reconocer lo mínimo y buscar un buen acuerdo de conformidad con la Fiscalía.
El archivo en el Tribunal Supremo del caso Máster para Pablo Casado, con la consideración de que el líder de la oposición pudo recibir “un trato de favor” de la Universidad Rey Juan Carlos que en todo caso no sería delito, deja varias lecciones y todas son desasosegantes para los ciudadanos normales, aquellos a los que nadie va a buscar a casa para regalarles un título universitario.
La primera es que no todas las imputaciones son iguales. Los indicios de delito que llevaron a declarar como investigadas a Alida Mas Taberner, María Dolores Cancio y María Mateo Feito -las otras alumnas vip, junto al líder de la oposición, del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos- no son más que “sospechas y conjeturas” de la jueza instructora, Carmen Rodriguez Medel, cuando se trata de atribuir la imputación al líder del PP, tal y como apuntó la Fiscalía.
Y ello a pesar de que los cuatro alumnos estaban exactamente en la misma situación: fueron dispensados de tener que ir a clase por la gracia de Enrique Álvarez Conde, jefe de un chiringuito que no tenía el reparo de utilizar la tarjeta de la universidad para hacer compras en la pescadería y en la carnicería; convalidaron la mayoría de las asignaturas del máster; y superaron las materias que les faltaban con una serie de trabajos que no aparecen o no quieren enseñar. Lo que en tres casos supone una imputación como cooperadoras necesarias en la prevaricación administrativa que se atribuye a Álvarez Conde y otro delito anexo de cohecho impropio, en otro -el de Casado- no. Según el Supremo, no hay pruebas de que el líder del PP llegara a un “acuerdo previo” para que el Instituto de Derecho Público, que destruyó 5.400 correos electrónicos cuando comenzó la investigación, le regalara el máster.
Siguiendo las reglas de la lógica, deberían estar imputados los cuatro o ninguno. Porque el listón de exigencia que ha puesto la Fiscalía del Supremo para imputar al líder del PP, cuya dirección se apresuró a adelantar de forma preventiva que la asunción de responsabilidades solo se produciría con la apertura del juicio oral, no es el mismo que el que puso en el juzgado de plaza de Castilla la Fiscalía de Madrid, que avaló toda la instrucción y no recurrió las imputaciones de las tres compañeras de máster virtual de Casado. Se entiende que por considerar que se ajustaban a derecho porque una imputación, que puede alargarse meses y años en un sistema judicial colapsado por la falta de medios y personal, puede destruir una trayectoria profesional y una vida, aunque la causa acabe finalmente archivada.
La segunda lección que deja esta causa es que confesar no es rentable. De las tres alumnas vip que comparecieron ante Rodríguez Medel, una de ellas, María Dolores Cancio, admitió que Álvarez Conde le permitió “no ir a clase ni hacer los trabajos” porque prefería que “no perdiera tiempo” y se dedicara a su beca de investigación. Incluso le dio consejos para pedir ayudas económicas, conseguir la devolución de las tasas y realizar las convalidaciones.
La tesis del teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, no deja otra salida a sus compañeros madrileños que solicitar el archivo de la causa para todas las alumnas de trato preferente, atendiendo al principio jerárquico y de unidad de acción del Ministerio Público. De todas a excepción de Cancio, cuya confesión incriminatoria le anuncia una condena con la única atenuante de “confesión tardía”.
Su situación recuerda a la antológica trampa que los líderes del PP valenciano más corrupto de la historia, Francisco Camps y Ricardo Costa, tendieron a dos de sus subordinados, Víctor Campos y Rafael Betoret, el 20 de julio de 2011 en el caso de los trajes regalados por la trama Gürtel. Aunque se había anunciado que todos habían alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía para reconocer el cohecho impropio y saldar la acusación con el pago de una multa, el día señalado para comparecer ante el juez Camps y Costa se quedaron en casa. Ellos acabaron acudiendo al juicio y resultaron absueltos, mientras sus escuderos aceptaron la condena.
En una vista posterior Betoret explicó la jugada: “Nunca me hubiese conformado con esa sentencia, me engañaron vilmente para que me conformase diciendo que era el acuerdo al que habían llegado todas las partes, me negué hasta última hora y firmé porque el presidente de la Generalitat me dijo que firmase”. Al conocer la sentencia, Camps guiñó un ojo mirando al cielo agradeciendo la absolución más a la providencia que a sus abogados, que sabían lo que no le advirtieron a Cancio: que en el mundo de los trileros solo los 'losers' confiesan.
