Debajo de las multiplicaciones

Intento de desahucio de Teresa, de 72 años, hace unos días en Madrid.

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El PSOE se ha unido a PP, Vox y Ciudadanos para votar en contra del impuesto a los más ricos planteado por Unidas Podemos y respaldado por ERC, EH Bildu, Compromís, Más País, CUP y BNG. Las grandes fortunas no son la base social del PSOE, pero en el partido que sigue llamándose socialista se caracterizan por el temor a enfadar a la derecha y a los más privilegiados.

A día de hoy estamos pagando aún con dinero público el rescate de las entidades financieras de la crisis de 2008. El coste final para las arcas públicas superará los 175.000 millones de euros. Si ahora la apuesta es no aumentar los impuestos a quienes más tienen -mientras se sube las cuotas a los autónomos-, si tampoco se facilita el acceso a la vivienda, si no se adoptan medidas para ayudar a los más vulnerables, cabe preguntarse quiénes se harán cargo de pagar la crisis derivada de la guerra de Ucrania, que ya afecta a los precios de la energía y de los cereales.

Es justo y sensato que quienes más tienen sean quienes más contribuyan, de forma proporcional. No es lógico ni justo que quienes tienen mucho menos que los millonarios, paguen proporcionalmente más impuestos que ellos. El coste de la crisis no puede recaer en la gente trabajadora ni en las pequeñas empresas. Como dicen algunas personas en redes sociales en estas últimas horas, si alguien puede pagar la gasolina de su helicóptero, también puede pagar un poco más de impuestos.

El impuesto defendido este martes por las izquierdas planteaba ceñirse a quienes tienen más de 10 millones de euros de patrimonio (unas 27.000 personas) y beneficiaría al resto de la población, castigada por sucesivas crisis y por la actual inflación, en un contexto en el que el precio de la vivienda sigue subiendo y la represiva Ley Mordaza no termina de modificarse, lo que pone grandes trabas a la movilización social.

Para las rentas medias y bajas la propiedad de una vivienda es una quimera, y el alquiler sigue subiendo. A esto se añade que casi la mitad de los españoles que viven del alquiler a precio de mercado están en riesgo de pobreza o de exclusión social -tal y como indica el Banco de España-, lo que adjudica a nuestro país el récord de la Unión Europea.

Cuando Pedro Sánchez fue elegido secretario general del PSOE afirmó que “el Estado no puede tener viviendas vacías mientras hay familias en riesgo de desahucio”. Y sin embargo, la desprotección continúa. Los fondos buitre se han convertido en actores clave en el mercado de la vivienda en nuestro país desde la crisis de 2008.

Escribió García Lorca en uno de sus poemas de Poeta en Nueva York que “debajo de las multiplicaciones hay una gota de sangre de pato; debajo de las divisiones, una gota de sangre de marinero”. Detrás de las cifras, de los porcentajes y de las estadísticas, detrás de las opacas operaciones permitidas por los sucesivos gobiernos, hay nombres, rostros, historias de personas que sufren la violencia de un saqueo sistematizado, con fondos y grandes empresas comprando edificios enteros y aniquilando el tejido social de muchos barrios para después alquilar subiendo los precios.

En 2020 el relator de Naciones Unidas Philip Alston, visitó los pisos de la calle Juan Gris en Torrejón de Ardoz, adquiridos por las filiales españolas de Blackstone, que exigía a esos inquilinos unas subidas de alquiler de hasta cerca de un 50%. Alston afirmó entonces que “sí ha habido intervenciones del Gobierno que han favorecido al capital y no al pueblo” y recordó que “lo que se necesita es una política de vivienda abarcadora que regule el mercado para evitar los abusos”.

El problema persiste, en un país con mucha menos vivienda social que la media europea. Hay miles de viviendas vacías en España rescatadas en su día con dinero público que podrían usarse para cubrir las necesidades sociales de mucha gente. Son pisos de la Sareb, el banco malo creado hace diez años para absorber el ladrillo tóxico de la banca y que depende del ministerio de Economía. Por ejemplo, en la Comunitat Valenciana, los 8.532 pisos aún en posesión de la Sareb cubrirían no solo el total de solicitudes de vivienda protegida en la región -4.382-, sino que casi lo duplicaría. Por eso el conseller de Vivienda de dicha comunidad ha solicitado a la Sareb la transferencia de sus inmuebles vacíos. Otras comunidades -Navarra, Euskadi, Galicia, Asturias, Aragón y Catalunya- han seguido esta iniciativa y planteado la misma petición.

La Sareb ha sido un desfalco de dinero, viviendas y suelo, a plena luz del día, diseñado por el Gobierno de entonces del PP pero mantenido hasta hoy por el Gobierno actual, que sigue posponiendo medidas necesarias para mejorar la vida de un porcentaje importante de la población mientras el fondo de inversión de turno se lucra a costa de nuestros pisos, la desigualdad aumenta y la riqueza de los milmillonarios se multiplica. No es el mejor modo de hacer frente a la ultraderecha.

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