No es el déficit público, es el estado lo que hay que liquidar
El déficit público en 2015 no fue del 4,5% como informó el gobierno hace 4 meses, sino del 5,2%. Un 0,7% sobre un PIB que alcanza 1,08 billones de euros: 7,6 mil millones de euros. España pactó llegar en 2016 a un déficit público del 2,8%, casi la mitad del actual. Aquello nos obliga a recortar para fines de 2016 en torno a los 26.700 millones de euros si nuestro PIB crece a un ritmo del 3% anual. Cuando la UE nos marcó aquel tope del 4,2%, en 2012, el PIB era de 1 billón de euros y el 2,4% representaba unos 25 mil millones. Ahora son 1.700 millones más. El equivalente del 42 % del gasto sanitario de todo un año España. En 2007 teníamos superávit de ingresos sobre gastos del 2,2% del PIB y una deuda de 307 mil millones de euros, el 35% sobre el PIB; hoy estamos endeudados al 100% del PIB y pagamos intereses por 34 mil millones de euros, el segundo capítulo más importante de los presupuestos del estado. Es en lo que más gastamos después de la salud y el equivalente al 30% de las pensiones. Las recesiones de 2009 y 2012 aumentaron el paro, los seguros de los desempleados e hicieron bajar la recaudación impositiva produciendo un incremento de deuda insoportable. En cualquier caso, España viene recortando servicios públicos para acomodarlos con los ingresos desde el estallido de la crisis en el 2007. El gobierno dice promete la solución de los dos problemas: déficit y deuda a cuenta de un crecimiento económico que equilibrará el primero y diluirá el segundo. En el mejor de los casos, será insuficiente.
¿El consumo público un gasto improductivo?
Los neoliberales reniegan de la actividad económica del estado al ir dirigida al consumo no rentable, no fructificar en el circuito de la inversión privada y ser financiada con impuestos al capital y al trabajo. Defienden, en cambio, el gasto privado porque preserva la acumulación productiva del capital. La economía capitalista se reproduce, acumula continuamente, a través de la inversión material en la expectativa de obtener rendimientos para una valorización continua del capital que se concreta en el circulo virtuoso de la producción y las ventas. Por el contrario, los neoliberales consideran el consumo público un gasto improductivo, en cuanto no resulta en ganancias privadas. La financiación pública a través de impuestos al trabajo produce una exacción al circuito del capital por el no consumo privado de los asalariados y ese gasto es improcedente, porque, como señalamos más arriba, elude la reproducción capitalista privada, aun cuando la recaudación tributaria se recupera si esta se formaliza en compras o en concesiones de servicios públicos al sector privado.
Con todo, no es esta la situación cuando las actividades económicas de carácter industrial, comercial o financiero son de titularidad pública y se hacen en competencia con el capital privado en el circuito de la acumulación productiva. Lo público, en estas circunstancias, se convierte en un intruso para los neoliberales, en un socio desleal del capital privado bien porque compite o bien porque 'trabaja' a pérdidas al financiar los déficits potenciales con nuevos impuestos. En su triple papel de servidor de prestaciones públicas, de agente redistribuidor de ingresos, o de empresario público: para los neoliberales el estado es incompetente. Incluso lo es, cuando la prestación de servicios estrictamente públicos: sanidad, educación, cultura, infraestructuras, dependencia, desempleo, etc. son un acicate al empleo, el consumo y la inversión: su carácter improductivo no cambia en términos de negación de la acumulación privada rentable financiada con impuestos o deuda cargada en el largo plazo a los contribuyentes en forma de gasto público financiero.
Por eso, el discurso neoliberal argumenta que la intervención del estado en la economía ya sea en su versión estricta de servicio público universalizado o en su manifestación más identitaria con la producción de mercancías dirigidas al mercado, es siempre parasitaria para la rotación rentable del capital. Para los neoliberales el interés general ejercido por el estado a través de la intervención en la economía es una falacia, los derechos básicos de las personas se preservan con los derechos de propiedad individual. En la búsqueda del beneficio personal se satisfacen las aspiraciones colectivas, incluso morales de una sociedad. Así lo contaba Adam Smith en el siglo XIX. Para un liberal, la vida digna de los ciudadanos no es competencia del estado sino resultado de la ambición competitiva y libre de los hombres.
El equilibrio presupuestario: un imposible
Las políticas de equilibrio presupuestario impulsadas por las políticas neoliberales del gobierno la Unión Europea no se alcanzarán nunca porque para quienes hoy dirigen la Comisión Europea el estado es económicamente improductivo por definición: la igualdad ingreso/gasto no solucionará el problema. Quieren suprimir la economía pública. Por eso, además, parte del capital se refugia en los paraísos fiscales como han denunciado esta semana los 'papeles de Panamá'. Ante la crisis de oportunidades lucrativas de inversión y el temor de nuevos quebrantos bancarios los patrimonios y las actividades económicas buscan el amparo de la opacidad fuera de los espacios tributarios nacionales. Aunque las estimaciones difieren, hay quien calcula en 72 billones de dólares, casi tanto como el PIB mundial, el capital evadido. No sería raro, que una parte importante, estuviera invertido en deuda pública.
Incluso se oponen a qué los gobiernos realicen actividades industriales, comerciales o financieras porque la competencia con la iniciativa privada lastra, como se indicó más arriba, el rédito productivo. Con la justificación de la eficiencia del mercado y los precios impulsan la privatización de todo lo público. Solo admiten la regulación del mercado para la libre competencia de los agentes privados, ni siquiera servicios públicos esenciales son necesarios. El mantra de déficit excesivo con que la Comisión Europea presiona excesivamente a los Estados miembros para reducir déficit y equilibrar el presupuesto es un eufemismo neoliberal para liquidar el papel del estado en la economía.
El gobierno no solo condiciona la política económica a la consigna del déficit excesivo. El Memorándum de Entendimiento de junio de 2012 para afrontar la quiebra del sistema financiero nacional por 100 mil millones de euros fue un rescate condicionado al país en favor del capital y en contra de los ciudadanos. Se intercambiaron prestaciones sociales, ajustes estructurales se los llama, por capital fresco para los bancos en quiebra. No fue suficiente la modificación previa del artículo 135 de la constitución realizada por el gobierno anterior priorizando en la carta magna la devolución de la deuda por encima de los derechos básicos de los ciudadanos: había que garantizar la futura devolución del dinero prestado con recortes presupuestarios de la misma magnitud. Esto es lo que se ha hecho en los últimos cuatro años: cercenar derechos económicos de los ciudadanos en servicios públicos de interés general: sanidad, educación, pensiones, dependencia, infraestructuras civiles, cultura etc. para garantizar la deuda al capital financiero. Las prioridades no son las personas, las tiene el capital. Además, se magnifica la perversidad de los recortes sociales en miles de millones de euros porque los ajustes presupuestarios, son puntuales, en cambio los cálculos son porcentajes sobre estadísticas del PIB potencialmente manipulables y opinables a discreción, según la metodología de su elaboración de los hombres de negro de la Comisión Europea.
Pero no debemos llamarnos a engaño: la liquidación paulatina del estado del bienestar o lo que es lo mismo, la exclusión sistemática del papel del estado en la economía es el resultado directo de las políticas de equilibrio presupuestario a ultranza. No les interesa cuadrar las cuentas públicas, el equilibrio fiscal es una excusa, las políticas neoliberales aborrecen del estado, lo consideran improductivo, reclaman la privatización de los derechos públicos y el predominio del mercado en todos los órdenes de la vida social y económica. Cuando se intercambia estado por privatizaciones y deuda nunca será posible igualar ingresos y gastos públicos. Los servicios públicos no se pagan a través del mercado, al revés hay que excluirlos para que tengan validez universal. Para los neoliberales el estado se opone a la mejora del beneficio material de la sociedad bien porque compite deslealmente bien porque extrae forzosamente recursos de los ingresos de los agentes económicos en detrimento de la acumulación privada y empresarial.
Resulta paradójico, que cuando la producción material ha alcanzado tan extraordinarios niveles de avances tecnológicos y de productividad laboral con la automatización y la informatización generalizada de la actividad económica, una parte cada vez más importante de la misma no se pueda dedicar a satisfacer el bienestar general de la sociedad a través del gasto público. Sin duda, hay capacidad económica y material más que suficiente para fortalecer los derechos sociales y la dignidad económica a través de políticas públicas; que no nos confundan con el “déficit excesivo”; defendamos la reconstrucción plena del estado del bienestar, no su liquidación.
*Economistas sin Fronteras no se identifica necesariamente con la opinión de la autora.
