La derecha puede, ¿por qué la izquierda no?

Hay una ley no escrita por la que los gobiernos del PP se cargan de un plumazo nada más llegar las leyes progresistas, mientras los de izquierda se eternizan para apenas modificar las pautas conservadoras. El Partido Popular le da la vuelta al calcetín y al tumbar las normas que les molestan agudiza su ideología, PSOE –ahora con Unidas Podemos - marean la perdiz al extremo para implementar reducidos cambios. Tanto la reforma laboral del PP como su Ley Mordaza, la de Educación y tantas otras se aprobaron en solitario, sin consenso alguno y fuerte oposición además. La derecha sin complejos tiene muy claro quién manda en este país. Porque de eso se trata al gobernar.

Parecemos la liebre que corre tras una zanahoria cuyo alcance se aleja por más que corra. Cierto que el gobierno progresista ha conseguido logros casi impensables en estas circunstancias como la subida del Salario Mínimo y que -por más que se empeñen- su gestión de la pandemia ha sido notable, pero los grandes pilares que plantó Rajoy y que prometió suprimir siguen ahí. La palabra derogación se diluye en otra que no significa lo mismo: cambios.

Cuentan las llamadas distintas sensibilidades en el Gobierno. Y la participación desigual entre PSOE y Unidas Podemos. Está claro que el Ejecutivo de Pedro Sánchez contiene desde neoliberalismo neto a izquierda moderada. Y que esa realidad exige negociación y consenso. Y que cuentan también los socios de investidura más a la derecha y más a la izquierda del arco. Y las presiones –bulos incluidos- del brazo mediático a favor de la derecha más que extrema. Y los barones y señores de taifas locales del PSOE indistinguibles de la derecha. ¿Han visto a García-Page invitado a enseñar liderazgos en el chiringuito de Albert Rivera? Pero este marco solo explica, no justifica.

La gota que ha colmado el vaso ha sido la escandalosa presunta renovación de las instituciones. En particular, el Tribunal Constitucional; en concreto, la inclusión como magistrado propuesto por el PP de Enrique Arnaldo, cuyo currículo resulta altamente inapropiado para el cargo. Lo gravísimo, lo bochornoso, como cuenta Infolibre, es que Odón Elorza ha sido apartado por el PSOE de la portavocía de la Comisión de Nombramientos tras su intervención crítica con el candidato del PP, a quien puso contra las cuerdas con los datos y documentos que ponen en duda su imparcialidad“. Loable gesto el de Elorza, por cierto. Y nos dicen que el Gobierno no tumbará la candidatura de Arnaldo al TC por temor a que el PP vuelva al bloqueo de todas las instituciones. El Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, que han votado a favor de este candidato dentro de sus acuerdos y repartos. Y esto no puede ser. El mal menor ha hecho estragos inmensos en este país y son intolerables en un gobierno progresista.

¿Tres años con las instituciones caducadas para llegar a esta impresentable “renovación”? ¿Quién gobierna aquí? El tema de la justicia es esencial porque de esas cúpulas que ahora se eligen depende todo el sistema. ¿Basta que el PP se oponga –en su vicio de oponerse a todo- para que se cumplan sus deseos? ¿Por qué? ¿Vieron este titular? ¿Es admisible con lo que estamos contemplando?

 Sí, es todo ese conglomerado menos opaco de lo que parece el que tiene un peso desproporcionado a la voluntad popular. El que está logrando esas mareas de cenutrios que se comen postulados antisociales y antidemocráticos sin necesidad siquiera de un antiácido. Es decir, dar un vuelco más o menos grande, por completo reversible, a las tendencias electorales. Que ya nos vale con la derecha que tenemos. Pero es que las promesas de Gobierno han de cumplirse, sin rebajas. Incluso ir más allá, a la vista de las necesidades.

La experiencia nos demuestra que una vez tras otra, como encabezaba este artículo, la derecha pone patas arriba el marco en cuanto llega al Gobierno. Y el PSOE, ahora con Unidas Podemos, se alarga en reformas que como mucho lo modifican: se le atraganta el verbo derogar. Y resulta incongruente hasta dentro de una lógica simple: ¿Por qué no se puede volver siquiera al estado anterior? La oposición es férrea, eso sí.

El gobierno de Mariano Rajoy fue un ejemplo digno de estudio –cosa que no se ha hecho-, una auténtica máquina con expresión despistada. El primer tijeretazo nada más llegar fue la reforma laboral, en febrero de 2012. Esa que sigue renqueando –y destruyendo- derechos. A continuación tomó la guadaña contra sanidad y educación –las grandes bicocas a repartir en privatizaciones-. Y además recortó drásticamente en ciencia, investigación, cultura, dependencia…

Capítulo aparte fue el copago farmacéutico —repago como lo llamábamos- de Ana Mato, la poco ejemplar ministra que llegaría a ser condenada por corrupción. Salieron de la cartera subvencionada más de 400 medicamentos para “ahorrar” 450 millones de euros al erario. Son cosas superfluas decían: antidiarreicos, antitusivos y expectorantes para bronquitis (que evitan el agravamiento de la enfermedad), antiácidos estomacales, pomadas para las hemorroides, lágrimas artificiales o vasodilatadores periféricos, útiles al riego sanguíneo y, por tanto, al movimiento y la capacidad de pensar. “Muchos remedios naturales pueden servir igual”, decía Ana Mato. ¿Lo han olvidado?

Dos huelgas generales se desarrollaron en España durante 2012 en oposición a la reforma laboral y las políticas de austeridad. Llegaron las mareas verdes y blancas, las protestas de distintos colectivos y de ciudadanos. Se llegaron a contabilizar 10 manifestaciones diarias de media en 2012. Algunos lo veían como un gasto en ese afán de ahorrar en salud y en derechos.

¿Y qué hizo Rajoy? ¿Cambió algo? Sí, aprobó en 2013, en solitario repito, la ley mordaza para acallar con represión las protestas. Y ahí sigue, a ver si se suprimen “los aspectos más lesivos”, suelen decir. Las criticas internacionales eran intensas; las españolas, escasamente.

Rajoy intentó privatizar hasta el Registro Civil, pero en 2015 el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional esa privatización encubierta, se dijo. El Gobierno del PP pretendía poner el servicio público en manos de los registradores de la propiedad, el gremio al que pertenecía el presidente.

En 2013, el PP reformó el Consejo General del Poder Judicial, modificando “a la medida” su composición, nombramientos y funciones. En solitario de nuevo, con toda la oposición en contra y todas las asociaciones salvo la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, que fue la única en participar en su reforma. Es lo que ahora pagamos y que, encima, exige ahora cambiar Pablo Casado.

La política informativa inauguró con Rajoy las ruedas de prensa sin preguntas a través de un plasma y destruyó RTVE a niveles no conocidos ni con Aznar. Y ahí también ha cedido o participado el PSOE, tanto como la mayoría de los grupos, en dejar un Consejo de Administración con reparto de partidos y graves piezas en su composición.

Faltaba una sonora campanada. El rescate bancario de hasta 100.000 millones de euros que anunció Rajoy con un pie en el aeropuerto casi para irse a Polonia al fútbol donde jugaba la selección española. Ese que no nos iba a costar nada, dijeron, que no han devuelto y que se da por perdido.

Por cierto, Rajoy dijo en esa comparecencia que teníamos que haber pedido el rescate financiero tres años antes, tras haber negado reiteradamente que España lo necesitara –“No habrá un rescate bancario”. declaró varias veces- hasta ese 9 de junio de 2012 cuando lo anunció. Y ése viene a ser el modus operandi del PP en el terreno estricto de su funcionamiento.

  Ahora, repítanos el gobierno –todo o en parte-  que no se puede, que mejor modificar, que el Partido Popular es esencial en España y hay que contar con él (antes que con los ciudadanos) y sobre todo: ¿por qué? Cuéntenos por qué todo esto. Y qué carencias –alimenticias, tal vez- tiene esta sociedad para que olvide tanto y tan rápido. Y sobre todo por qué el PP hace lo que le viene en gana y el gobierno progresista no. O será que no quiere.