Un espectáculo vergonzoso

La primera obligación de cualquier gobierno es aprobar los presupuestos. En caso de no disponer de la mayoría necesaria, debe buscar los apoyos necesarios para que su tramitación sea exitosa. Que no lo consiga y más en un momento de crisis económica como la actual es culpa suya, pero no solo suya. El ejercicio de tacticismo llevado al límite en que se ha convertido la negociación de las cuentas de la Generalitat es la mejor muestra de cómo no debería abordarse una ley de esta relevancia.

ERC lo enfocó mal desde un principio. Primero por intentar hacer creer que la salida de Junts del Govern no tendría consecuencias. Los presupuestos llevaban el sello del conseller Jaume Giró, uno de los dirigentes que más peleó para que el partido de Carles Puigdemont no rompiese con los republicanos. Fracasó y esas cuentas que para Junts eran tan magníficas pasaron a ser inasumibles de un día para otro. Aun así, Pere Aragonès ha seguido insistiendo en la falacia de hacer ver que existía algún resquicio de acuerdo con sus exsocios cuando todo el mundo tenía claro que tras la ruptura del Govern no le darían ni agua. 

Otro error de ERC fue el de ningunear al PSC sabiendo que consumado el divorcio con Junts no le quedaba otra que llamar a la puerta de Salvador Illa. Oriol Junqueras, el más duro siempre con los socialistas catalanes, viró el barco cuando vio que el PSOE estaba dispuesto a aprobar la reforma del Código Penal. Lo hizo tarde y mal. Los republicanos iban explicando a los medios que estaban negociando con el PSC mientras los socialistas catalanes aseguraban que el Govern no les había enseñado ni un documento. 

Illa dejó claro que no pensaba sentarse para participar en una subasta de partidas y que ERC se hiciese a la idea de que sería un “todo o nada”. O asumían todas las peticiones de los socialistas (que no son pocas ni menores) o que fuesen pensando en prorrogar las cuentas. El todo o nada, en estas circunstancias, y cuando el todo no es poco, demuestra un tacticismo del PSC que tampoco es menor.

ERC ha sido clave para aprobar los últimos tres Presupuestos Generales del Estado y también la mayoría de los paquetes económicos de emergencia. Algunas veces los republicanos han obtenido grandes réditos, como la supresión del delito de sedición y la reforma del de malversación, y otras han sido compensaciones más limitadas, como el reconocimiento del catalán en las plataformas audiovisuales que o no se ha llegado a cumplir o apenas se ha notado. Y en todas las negociaciones el Gobierno ha apelado a la responsabilidad de un partido de izquierdas en un momento económicamente muy complejo. 

El argumento de la responsabilidad ahora va en la dirección opuesta y es ERC quien reclama al PSC pensar en las medidas de protección social que incorporan los presupuestos de la Generalitat. Las cuentas que ambos partidos negocian incluyen, por ejemplo, un aumento del 8% del indicador de renta de suficiencia (IRSC), un índice del que dependen algunas de las prestaciones más importantes para las personas más desfavorecidas, como la renta garantizada o la ley de dependencia. En Catalunya hay 100.000 familias que lo necesitan para subsistir.

En ese “todo o nada” del PSC se incluyen proyectos como son la ampliación del aeropuerto de Barcelona, el macrocomplejo de ocio del Hard Rock en Tarragona o una infraestructura tan cuestionada por su impacto medioambiental como es la B-40. Son huesos difíciles de tragar para una ERC que ha hecho bandera de su oposición a algunos de ellos y que en un momento de emergencia climática son percibidos por muchos sectores como un regreso al pasado. 

Pero incluso yendo en contra de sus intereses electorales no puede reprochar a los republicanos que no se hayan movido. El propio Junqueras salió a decir que el Hard Rock “se hará” y en el caso del aeropuerto hay coincidencia para rehacer el último acuerdo entre Ministerio y la conselleria de Territorio, una propuesta que era tan poco concreta que permitía cualquier interpretación.

Sobre la variante B-40, conocida como el Cuarto Cinturón, el Govern, pese al rechazo de su conseller a construirla, se ha avenido a incorporarla entre los planes de estudio. Es complicado que haya más concreción teniendo en cuenta que es un proyecto que lleva décadas empantanado. Que unos presupuestos salten por el aire por una infraestructura de la que se viene hablando y discutiendo desde los años 60 es difícil de concebir más allá de que los socialistas quieren exhibirlo como un triunfo entre determinados círculos, empezando por los empresariales, de cara a las municipales. 

Lo mismo pasa con los casinos de Hard Rock. El PSC se sabe fuerte y lo aprovecha hasta el punto de que más que una negociación parece buscar la humillación de ERC. Los republicanos empiezan por fin a asumir su debilidad y ven cómo les quedan ya muy pocos cromos que intercambiar en Madrid (por más que Rufián clame en el Congreso y Aragonès le pidiese auxilio a Sánchez) mientras Junts, desde su actual irrelevancia, aplaude viendo sufrir a Aragonès y compañía. 

¿A quién perjudica más que no haya presupuestos? La respuesta es a los ciudadanos, algo que la mayoría de partidos (esta vez con la excepción de los comuns) inmersos una vez más en sus estrategias y pensando solo en el regate corto de las próximas elecciones parecen haber olvidado. Los sindicatos y patronales coinciden en pedirles a todos que abandonen la calculadora porque sería “inmoral” prorrogar unas cuentas en estos momentos. Si quieren, todavía están a tiempo de arreglarlo.