¿A qué espera Montoro?
No debe haber ciudadano que no asista entre indignado y perplejo al culebrón, o mejor al thriller, que se está proyectando, en riguroso estreno, desde la Agencia Tributaria. Salvo, quizás, los técnicos y los inspectores de Hacienda, a los que se supone conocedores de lo que se está cociendo ahí dentro y que parecen ser los más irritados con la situación. De hecho, ellos, los jefes de todos ellos, son los que están dimitiendo irrevocablemente o los que están siendo destituidos fulminantemente de sus altos cargos, en una especie de loca carrera, que se acelera por segundos. A la hora de escribir esto, a media tarde del 5 de diciembre, habían caído otros cinco altos cargos, y lo mismo cuando el artículo vea la luz, ya son el doble. Desde hace unas semanas, suman ya varias decenas, algunos centenares.
Mientras, sin embargo, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sigue sin decir ni pío. Como si esta película de suspense -o de terror, ya se verá- no le afectara a él como responsable de la Agencia Tributaria, ni a la ciudadanía, a la que él se debe. Y va dejando, con su incomparecencia, que se extienda la idea de que el caso, el escándalo, parece más bien provocado por injerencias políticas, por el trato de favor que se da a los grandes contribuyentes, que por el navajeo entre profesionales, celosos de los ascensos ajenos, como quieren hacer creer.
De hecho, en las últimas horas se han conocido nombres de inspectores y de jefes de inspectores que nunca hasta ahora se habían sabido, y parecía que ese anonimato garantizaba su neutralidad a la hora de controlar por igual el fraude fiscal de cualquier empresa o ciudadano. Circulan rumores de despachos que trajinan para lograr que se rebajen o se anulen multas por fraude a sus grandes clientes. Se escucha que algunos de esos despachos están vinculados con gentes próximas al Gobierno, o que en ellos trabajan antiguos inspectores que han dejado el servicio público para ponerse al servicio de intereses privados, pasando por esa puerta giratoria, tan deleznable, por la que algunos salen de la Administración y entran en empresas sobre las que hasta ese momento estaban decidiendo. En fin, se oyen cosas tan poco edificantes, que no se entiende a qué está esperando Montoro para dar explicaciones y para dimitir.
Porque, al fin y al cabo, del prestigio de la Agencia Tributaria depende en buena medida que los contribuyentes se mantengan honrados y paguen los impuestos sin buscar artimañas para defraudar. Los que pudieran hacerlo, claro. Porque la mayoría de los que tributan en España, es decir, la mayoría de los que contribuyen con sus impuestos a la solidaridad colectiva, a que sigan funcionando los servicios públicos esenciales, la sanidad, la educación, las pensiones, los subsidios... la mayoría de los que pagan puntualmente sus impuestos son trabajadores, empleados con nómina, a los que no les suele sobrar el dinero. Cabe recordar que el sindicato de técnicos de Hacienda, Gestha, explicaba hace unos días, que el 71,8% del fraude fiscal en España lo perpetran los grandes patrimonios y las grandes empresas.
Por cierto, cuentan que en el origen del escandaloso culebrón de la Agencia Tributaria está la negativa de una inspectora a eliminar una multa de 450 millones a una de esas grandes empresas, la cementera mexicana Cemex. ¿A qué espera Montoro para dar explicaciones? ¿No ve que informaciones como esa agravan el descrédito de instituciones que deberían ser ejemplares?
