Todos espiados

Hecho: al Centro Criptológico Nacional, dependiente del CNI, no se le ocurrió hasta el viernes pasado revisar los teléfonos del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa. Fue ese día, y no antes, pese a que el escándalo Pegasus llevaba dos semanas en el debate público nacional como consecuencia del espionaje al mundo independentista y unos cuantos meses antes, en la esfera internacional, después de que se supiera que varios jefes de Gobierno habían sido objetivos de este sistema informático.

Hecho: el pasado sábado, el Gobierno ya tenía sospechas de que los terminales móviles de Sánchez y Robles habían sido hackeados.

Hecho: el domingo, el Centro Criptológico remitió a La Moncloa sendos informes sobre la fecha en que Pegasus entró en ambos móviles y la cantidad de información sustraída.

Hecho: el domingo por la mañana, el Gobierno decidió poner toda la información en conocimiento de la Justicia e informar públicamente de lo ocurrido al día siguiente.

Hecho: antes de la madrugadora rueda de prensa del ministro Bolaños este lunes, el jefe de gabinete de Sánchez, Óscar López, se puso en contacto con la jefa de gabinete del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, para hacerle partícipe de lo sucedido. E hizo lo mismo con la Casa Real. Al mismo tiempo, desde La Moncloa se remitió un mail a todos los ministros para comunicarles lo sucedido e informarles de que sus móviles serían sometidos a una revisión integral de forma inmediata.

Hecho: el presidente Pedro Sánchez y la ministra de Defensa, Margarita Robles, fueron espiados con el programa israelí que, en teoría, solo se vende a gobiernos y a agencias oficiales. Las intrusiones se produjeron en mayo y junio de 2021 y los hackers extrajeron del teléfono del jefe del Gobierno 2,6 gigas en una primera intrusión y 130 megabites, en la segunda. El Ejecutivo no sabe aún cuál fue la información robada ni desde qué lugar se hizo, pero sí que sólo se entró en las terminales en esas tres ocasiones y que, después, no ha vuelto a ocurrir.

Hecho: una vez que el Gobierno tuvo fechados y firmados por el Centro Criptológico los informes el domingo por la tarde decidió hacerlos públicos y presentar la denuncia ante la Audiencia Nacional de manera inmediata el lunes por la mañana ante el temor de que la información pudiese ser filtrada. Nada que ver con la exótica teoría de que se hizo para restar protagonismo a los actos del Dos Mayo que presidía Isabel Díaz Ayuso.

Hecho: el ministro de la Presidencia defiende en rueda de prensa que  las “intrusiones consumadas” han sido “ilícitas” y “externas”. No señala la autoría de los ataques informáticos, pero sí que son “ajenos a organismos del Estado”, incluido el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la única agencia española que oficialmente tiene el programa Pegasus. Fuentes gubernamentales deslizan que el programa pudo ser utilizado por otro país o alguna agencia internacional, pero no hay evidencias ni de lo uno ni de lo otro.

A partir de aquí, que cada cual saque sus conclusiones. En el aire quedan, no obstante, algunas preguntas de momento sin respuesta. ¿Por qué ahora, y no hace un año, conocemos que el teléfono del presidente fue pinchado? ¿Por qué el examen del centro dependiente del CNI se realiza en estos momentos, y no cuando se supo hace meses que hasta 14 primeros ministros habían sido espiados por idéntico método? ¿Por qué el Gobierno está tan seguro de que todo este escándalo es ajeno a las estructuras del Estado? ¿Si fuera así, trataría de ocultarlo? ¿Por qué fue el ministro Bolaños quien informó del asunto, y no la titular de Defensa, que tiene prevista una comparecencia este miércoles en el Congreso? ¿Por qué el Gobierno tuvo conocimiento de otros pinchazos telefónicos a ex ministros en 2020 y también en 2021 y no ordenó una “operación forense” de todos los teléfonos del gabinete en aquella o sucesivas fechas?  ¿Por qué si los pinchazos a varios líderes del independentismo fueron con orden judicial se empleó el programa Pegasus en lugar de interceptar las llamadas a través de las compañías operadoras de telefonía móvil?

Demasiadas incógnitas. Hay razones más que sobradas para pensar, dudar, preguntar, indagar y, sobre todo, para poner en marcha una investigación. Cuanto antes. No basta con que el Gobierno intente dar una nueva dimensión al escándalo Pegasus ni que ponga el asunto sin más en manos de la Justicia. 

Si todo esto ha ocurrido sin que hasta ahora se haya enterado el Ejecutivo, España tiene un problema grave de seguridad nacional y habrá que depurar responsabilidades por ello. Y si lo sabía y lo ha denunciado en este momento sólo por motivos tácticos, como sugiere la oposición, o para dar un giro de guión al espionaje del que fue objeto el mundo independentista, la gravedad es aún mayor. 

El Estado de Derecho no admite atajos. Ni relatos alternativos. Ni justificaciones. La vulneración de derechos fundamentales es igual de grave afecte al presidente del Gobierno, a la ministra de Defensa, a los líderes independentistas o a cualquier ciudadano anónimo.

La respuesta no puede ser sin más que esto no tiene nada que ver con los servicios secretos españoles sino con “agentes externos” o que se trata de un problema global del que todos podemos ser víctimas. Y, a priori, esa parece ser la narrativa que intenta construir el Gobierno con la denuncia ante la Audiencia Nacional presentada este lunes festivo en media España. La política, además de la Justicia, debe llegar hasta el final del asunto. Hablamos de democracia. Y para evitar especulaciones, nada mejor que saber la verdad caiga quien caiga. El Gobierno dice que está en ello. Continuará...