Golden Visa, alquiler chatarra

El destino ha querido que en el mismo día, este martes, hayan coincidido dos noticias que dejan al descubierto cómo se pueden ensanchar o encoger los aros por los que hacer pasar a los extranjeros según los intereses estratégicos, económicos o la coyuntura en cada momento. Por la mañana, el Gobierno ha anunciado tras el consejo de ministros el fin de las Golden Visa, el visado automático que se concede a los más ricos si compran una vivienda en España de más de medio millón de euros. Por la tarde, el Congreso tomaba en consideración una Iniciativa Legislativa Popular que propone la regularización administrativa de medio millón de trabajadores extranjeros, a la que le queda un largo recorrido para que, quizás algún día, pueda materializarse. No es una iniciativa de los partidos, sino que llega al Parlamento porque la sociedad civil ha logrado recoger más de 600.000 firmas en toda España.

El fin de la Golden Visa es el fin de una hipocresía sobre la migración, que reside en que no molesta el extranjero sino el extranjero empobrecido. Es lo que la filósofa Adela Cortina bautizó acertadamente como aporofobia: es el rechazo al pobre y, en su interpretación más amplia, el rechazo al que no tenga nada que ofrecerme a cambio, entiéndase dinero, favores o influencia. Es la consideración del otro según qué pueda aportarme a mí. Cuando Rajoy aprobó este atajo para conseguir permisos de residencia, en España se había desmoronado a plomo el castillo del ladrillo y el entonces presidente de Gobierno dijo que se hacía para “atraer inversión y talento extranjero”. España, al parecer, necesitaba la ayuda de un puñado de ricos extranjeros para salir del bache, algo que no fue ni mucho menos determinante para salir de la crisis. Se les propuso darles papeles si compraban casa, invertían en deuda pública dos millones o metían un millón en depósitos o empresas españolas. De alguna manera, desde entonces se le ponía precio a la legitimidad de residencia en España que a miles de personas se les había dicho que era un procedimiento legal necesario y que por eso costaba años y burocracia conseguir.

Trece años y 14.576 millonarios residentes después, el Gobierno de Pedro Sánchez liquida la idea, que acaba con una desigualdad flagrante que daba carta de naturaleza a la mercantilización de la ciudadanía, pero en su anuncio intenta conectarlo con el problema de la vivienda, que es una clave a resolver. Vienen elecciones en Euskadi, Catalunya y al Parlamento Europeo y el PSOE quiere movilizar a los progresistas y jóvenes dando titulares y medidas para quienes viven asfixiados por encontrar una vivienda o un cuarto, que son cada vez más.

El fin de la Golden Visa acaba con una injusticia administrativa pero no acabará con el problema de poder comprar o alquilar en España, acechada por la falta de oferta, el ansia de rentabilidad o la burbuja vacacional en las grandes ciudades.

Podemos vislumbró en la pasada legislatura que iba a ser un asunto de esencial importancia, que estaba asfixiando a los trabajadores –¿de cuánto sirve subir salarios o bajar el IVA si en Madrid, Barcelona, Baleares, Málaga o Valencia el coste del alquiler ha subido más de un 20%, según los nuevos datos del índice de precios del alquiler publicados por el Gobierno?–. Forzó al PSOE a formalizar una ley de vivienda que protegiera más, entre otros, a los inquilinos. A tenor de los hechos, la iniciativa –que ha podido paliar abusos– no ha sido la panacea ni ha servido para enfriar un mercado que está poniendo en apuros a muchos españoles, especialmente jóvenes –de media, han de destinar el 100% de su salario más 76 euros para vivir de alquiler–, migrantes, familias y en general trabajadores en zonas como Madrid, Málaga, Valencia o Mallorca. En Palma, de hecho, cada vez más personas tienen que vivir en caravanas.

Si la Educación es un asunto de Estado que debiera ser pactado para que no haya cambios legislativos cada cuatro años, la Vivienda es un erial del que deberían nacer ideas claras, pactadas y estructurales, sobre todo porque implica a ayuntamientos, comunidades y Estado y no se construyen casas en dos días. Empieza a ser insostenible que no haya una apuesta decidida por poner las medidas necesarias y reales para que una casa deje de ser un bien de especulación y vuelva a ser un bien de primera necesidad. Para que se cumpla, en definitiva, el artículo 47 de la Constitución. El fin de la Golden Visa puede ser un paso, pero no pone fin a un problema: los millonarios extranjeros seguirán comprando casas en España si quieren. Es urgente resolver que se las puedan comprar o alquilar desde ya mismo quienes la necesitan.