El premio

Aprovechando que el Pisuerga no ha sucumbido al cambio climático y aún pasa por Valladolid, me valdré de que la palabra 'Kitchen' está de moda para hablar de 'Kichi'. O, más bien, de un premio que creó con gran pompa, en el marco del bicentenario de la Constitución de 1812, el Ayuntamiento de Cádiz bajo el mandato de Teófila Martínez y que su sucesor, José María González, conocido popularmente como 'Kichi', ha hecho saltar por los aires: el Premio Cortes de Cádiz.

La semana pasada, 'Kichi' y su equipo de gobierno anunciaron la retirada del premio al expresidente colombiano Álvaro Uribe, que lo había recibido en 2009, en la categoría de Libertad, coincidiendo con el estreno del galardón. 'Kichi' asumió como propia la petición de un centenar de organizaciones de derechos humanos, que alegaron que Uribe no es digno de dicho reconocimiento porque está relacionado con crímenes de lesa humanidad y obstaculiza el proceso de paz firmado por su sucesor, Juan Manuel Santos. La noticia pasó algo desapercibida en España, pero causó revuelo en Colombia, donde la política lleva casi 20 años dominada por el poderoso exmandatario.

Uribe se encuentra en este momento cumpliendo una orden de prisión domiciliaria en su hacienda de 1.500 hectáreas, acusado por la Corte Suprema de una operación de manipulación de testigos. Se trata de la punta del iceberg de un embrollo judicial de dimensiones mucho mayores: más de medio centenar de procesos que lo vinculan con masacres y otras violaciones de derechos humanos ocurridos durante sus mandatos como gobernador de Antioquia y presidente de la República. Para escapar a la acción de la Corte, a la que acusa de perseguirlo por animadversión política, Uribe renunció días atrás a su escaño de senador, y con ello a su fuero, consiguiendo con esa argucia que el caso pasara a la justicia ordinaria, donde confía en un trato más favorable. O, en el lenguaje de sus seguidores, más justo.

La decisión de 'Kichi' ha sido celebrada por muchos colombianos, que la ven casi como un premio de consolación ante la sospecha de que Uribe, gracias más a su poder que a su inocencia, saldrá ileso de los enredos judiciales. El expresidente, que mantiene su frenético activismo en las redes sociales pese a su privación de libertad, retuiteó la noticia con un escueto comentario: “Podemos, Maduro y Cía”, sugiriendo que fue víctima de una decisión política de su odiada 'izquierda bolivariana'.

Sin duda, fue una decisión política. Al igual que la que tomaron a finales de agosto varios comisionados de la Junta de Miami-Dade al promover el nombre de Álvaro Uribe para un tramo de autovía en ese condado estadounidense, por petición de una asociación de colombianos en Florida y el presumible respaldo de una empresa de comunicación de Washington que ha contratado el expresidente para proteger su imagen en EEUU. Sin ánimo de meternos en política, como aconsejaba Franco a sus ministros, pero puestos a elegir, suena más razonable quitar un reconocimiento que otorgárselo a alguien que se encuentra preso por decisión del máximo órgano judicial de su país. 

Algunos dirán que eso de quitar premios es cosa de fanáticos marxistas que llevan pendientes y militan en Podemos. No. También lo hace gente a la que se etiqueta convencionalmente como seria. Hace un par de semanas, el Parlamento Europeo retiró a la líder birmana Aung San Suu Kyi el premio Sájarov, que le había concedido en 1990, por su “inacción” ante el genocidio de la comunidad rohingya. Mucho antes, la fundación alemana que otorga los prestigiosos premios Quadriga a los valores democráticos se abstuvo de entregar el galardón a Vladimir Putin, tras el aluvión de protestas de miembros del patronato y anteriores galardonados. A Plácido Domingo le negaron el Premio Batuta en México por las acusaciones de acoso sexual que enfrenta en EEUU. Un instituto de Nueva York retiró el título de rector emérito al ganador del Nobel de Medicina James Watson por unos comentarios polémicos en que asociaba raza e inteligencia. De un modo u otro, esas decisiones han sido políticas. Y es que, en el fondo, todo es política: conceder o anular un premio, poner o retirar el nombre de una vía, erigir o derribar una estatua. 

En realidad, la singularidad del caso que nos ocupa es más bien de índole sobrenatural: el premio que ha originado la polémica ya no existe. El propio 'Kichi' dejó de convocarlo tras llegar a la Alcaldía en 2015 y encontrarse con la incómoda herencia de tener que entregar los galardones correspondientes a ese año a tres opositores al régimen de Maduro. “Me han dejado un premio envenenado”, tronó el flamante alcalde, quien, para quitarse de encima el incordio, trasladó la ceremonia de premiación a Madrid y se excusó de ir. Desde entonces, sin que haya mediado certificado oficial de defunción, el Premio Cortes de Cádiz se ha esfumado.

Quitar ahora el galardón a uno de sus ganadores, más allá del impacto político que tenga, ha sido como resucitar un cadáver, con todo lo que implica un fenómeno paranormal de esa naturaleza. Un periodista preguntó a 'Kichi', no sin malicia, si preveía retirar también el premio al progresista exmandatario brasileño Lula da Silva -que tiene hoy dos condenas y enfrenta otros seis procesos por corrupción-, a lo que el alcalde respondió con cierto malhumor que los delitos por los que se acusa a Uribe son de lesa humanidad, es decir, mucho más graves. Hay que anotar que Lula, en el momento de recibir el premio, gozaba de alta consideración en los círculos liberales como ejemplo de “moderación” frente a otras izquierdas más beligerantes que tomaban fuerza en Latinoamérica. Cabría también preguntar a 'Kichi' qué hará con otro de los galardonados con el Cortes de Cádiz: Juan Carlos I. A finales de agosto, el alcalde gaditano retiró a una avenida el nombre del rey emérito y la rebautizó Sanidad Pública. El interrogante ahora es si también le quitará el premio a ese providencial Prometeo que nos trajo del cielo la democracia, pero que, inducido en su senectud por una pérfida germana, cometió la imprudencia de birlar al fisco unos cuantos millones de euros mediante un reguero de cuentas en el extranjero.

Al llegar al poder, el alcalde 'Kichi' tenía dos opciones con respecto al Premio Cortes de Cádiz: mantenerlo -y utilizarlo políticamente, con un jurado hábilmente seleccionado para tal fin, como se hace con los premios que se respeten- o matarlo con todas las de la ley, con forense, acta de defunción y sepelio incluidos. Pero prefirió seguir el modelo intermedio del rey Layo, que dio instrucciones de abandonar a su pequeño hijo Edipo en el monte con la esperanza de que muriese por su cuenta, de hambre o devorado por los lobos. El final del relato de Sófocles lo conocemos. Veremos qué más sucede con el premio gaditano.