La marca de agua, el tapón y el debate sobre la regulación

Este mes de agosto, Anthropic, una de las grandes empresas de inteligencia artificial, ha empezado a incorporar marcas de agua invisibles y datos de procedencia en los contenidos que genera su modelo Claude. Cumple así el artículo 50 del Reglamento europeo de Inteligencia Artificial, cuyas obligaciones de transparencia son aplicables desde el 2 de agosto. Lo significativo de tal decisión es que la empresa ha decidido aplicar el marcado en todo el mundo y no solo a los usuarios europeos. Una norma aprobada en Bruselas acaba teniendo efectos en el escenario global. Es lo que Anu Bradford bautizó como “efecto Bruselas”, explicando que cuando un mercado es suficientemente grande y potente, resulta más costoso mantener dos maneras de proceder distintas, una para Europa y otra para el resto, que acabar actuando igual en todo el mundo.

En este sentido, conviene destacar que la Unión Europea, sin disponer de una sola gran empresa tecnológica dominante, ha logrado proyectar su poder regulatorio más allá de sus fronteras. Pero, más allá de ello, lo que creo relevante es el debate sobre el propio sentido de la regulación. Una estrategia evidente es la de identificar la regulación con la voluntad de molestar y poner trabas a quienes buscan emprender. Lo que se pone en cuestión, en definitiva, es la capacidad de los poderes públicos para condicionar la actuación de poderes privados.

El tema está en el centro del debate actual sobre la evolución del mercado global. Trump ha convertido la desregulación en bandera y ha llegado a definir las normas digitales europeas como un ejemplo de barreras comerciales, exigiendo su reducción o eliminación como condición para cualquier acuerdo arancelario. Milei lo expresa a su manera en forma de motosierra. Y así, una parte creciente de las élites empresariales y tecnológicas repite el sonsonete que la democracia, con sus procedimientos lentos y sus excesos reguladores, limita la innovación y la libertad de empresa. El dinero, se nos dice, se mueve hacia donde le resulta más fácil operar, y amenaza con irse si se le ponen condiciones.

En octubre del 2024, Rajoy ironizó sobre la norma europea que obliga a que los tapones de plástico de las botellas queden sujetos al envase. Felipe González, presente en el acto del Foro La Toja, se sumó a la crítica. El argumentario de Rajoy fue que tal norma expresaba el exceso de regulación europea que “dificulta mucho las cosas”. Hace unos días Alberto Alemanno ha recuperado ese tema desde una perspectiva bien distinta. Como recuerda Alemanno la medida fue objeto de burla generalizada en su momento de ejecución, como expresión de Bruselas en su peor versión, o lo que es lo mismo, un hatajo de burócratas tratando a los ciudadanos como niños incapaces de reciclar. Lo que apenas apareció entonces es la evidencia que los tapones figuran, década tras década, entre los residuos más encontrados en las limpiezas de playas europeas, y cómo, separados de la botella, flotan, viajan lejos y acaban en el estómago de aves y tortugas marinas. En este caso no ha funcionado el “efecto Bruselas” ya que los tapones siguen sueltos en los mercados de todo el mundo donde ninguna ley les ha obligado a cambiarlos.

La posible lección a extraer de ambos casos es la misma. Tanto en el caso de la marca de agua como en el caso del tapón, el verdadero debate no es “regulación contra libertad”, sino quién asume los costes de los riesgos colectivos. Sin la regulación sería la ciudadanía, dispersa e impotente, quien los asumiría. Una norma aparentemente pequeña puede producir efectos sistémicos cuando desplaza la carga desde millones de decisiones individuales hacia quien diseña y comercializa. Por eso las empresas se oponen a las reglas y por eso, una vez existen, acaban teniendo que cumplirlas.

Lo relevante es qué quienes menos tienen son precisamente quienes más se juegan en este debate y quienes más fácilmente pueden quedar atrapados en la propaganda que mezcla regulación con exceso de burocracia. La regulación corrige lo que el mercado no resuelve nunca por sí solo, como son las externalidades que otros pagan, las asimetrías de información que nadie puede compensar individualmente, o las posiciones de dominio frente a las que el consumidor aislado nada puede. Sin reglas comunes, solo cuenta quien tiene más capacidades, más información, más abogados. La regulación europea es, en ese sentido, una forma de soberanía democrática ya que convierte derechos sociales, ambientales y de consumo en obligaciones empresariales exigibles.

Todo ello no nos debería conducir a considerar como positiva cualquier regulación. El Informe Draghi señaló en su momento que la acumulación de normas, su complejidad y las divergencias entre niveles de gobierno elevan costes, retrasan inversiones y castigan especialmente a las pequeñas empresas y a los autónomos. Pero conviene leer a Draghi entero. Y su demanda central no era menos Europa reguladora, sino una Europa más capaz, más coordinada y mejor financiada. La propia Comisión estima el ahorro anual de todo su programa de simplificación en torno al 0,07% del PIB europeo. La supuesta explosión de burocracia que explicaría la brecha de crecimiento con Estados Unidos no acaba de tener fundamento.

No confundamos reducir papeleo con desregular. Simplificar es alcanzar los mismos objetivos públicos con menos recorrido y contratiempos. Por ejemplo, que una empresa no tenga que declarar el mismo dato ante cinco administraciones, que los procedimientos sean digitales, que los criterios de aplicación no sean distintos en cada Estado. Desregular implica otras cosas, como por ejemplo retirar obligaciones, rebajar estándares, dejar de proteger. La primera perspectiva mejora la ejecución de derechos, mientras que la segunda reduce la capacidad pública de garantizarlos. Cuando la “simplificación” exime a operadores de gran impacto de sus deberes de transparencia, o traslada de nuevo a consumidores y municipios el coste de residuos y abusos que podían prevenirse desde el diseño, no estamos solo simplificando, sino que estamos desmantelando con otro nombre.

El tapón sigue unido a la botella en Europa, y la marca de agua viaja ya con los textos que genera la inteligencia artificial en todo el mundo. Ninguna de las dos cosas ocurrió por virtud espontánea del mercado. La cuestión a la que nos enfrentamos es dilucidar si la ola desreguladora que sopla desde Washington y que encuentra ecos entusiastas en Europa, permitirá mantener el proyecto político original de la Unión Europea, es decir, usar su poder normativo para proteger a la gente. Renunciar a ello en nombre de la competitividad sería, de hecho, renunciar a Europa.