Moral laxa, manga ancha

Hay una moral tan laxa que necesita de una manga muy ancha. El Gobierno del PP tiene una manga muy ancha para los delitos fiscales y medioambientales, frente a los que siempre tiene una amnistía en la otra manga. El traje que resulta de ambas mangas (que podríamos llamar “modelo Camps”) está hecho a la medida de la laxitud de su moral. Curiosamente, se trata de una moral amnistiadora: primero premió a los evasores con la amnistía fiscal del ministro Montoro y ahora, con la reforma de la Ley de Costas impulsada por el ministro Arias Cañete, anima a los especuladores a una nueva fase de destrucción del litoral. En ambos casos favorecen a los suyos: a los que pasean el maletín por los paraísos fiscales y a los que llenan el maletín vistiendo de ladrillo nuestros paraísos naturales. El maletín es el mismo.

Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, declaró que no puede cumplir con su programa electoral porque está muy ocupado ejerciendo sus labores como presidente del Gobierno. Hasta el momento nos quedaba claro el incumplimiento de su programa, aunque no teníamos idea de qué labores pudieran ser esas a las que se refería El Desaparecido. Pero ahora entendemos que detrás de esa retórica chorrada hay tejemanejes de esta índole, dado que, por ejemplo, la reforma de la Ley de Costas no estaba en su programa electoral. Hace un año llegó el susto: el Gobierno anunció su intención de reformarla. Y ahora llega la muerte: la inminencia de una reforma cuyos borradores de ley no se han debatido con los agentes implicados. Como denuncia Greenpeace, ninguna organización ambiental o científica ha tenido acceso al texto, ni siquiera las que pertenecen al Grupo de Trabajo del Litoral del Consejo Asesor de Medio Ambiente (del que forma parte la propia Greenpeace). María José Caballero, su directora de campañas para España, ha recordado además en el blog de esta ONG en eldiario.es que, para ser ministro, Miguel Arias Cañete hubo de abandonar el consejo de administración de Bami Newco, constructora con importantes intereses en la costa, con la que también han estado relacionados Rivero y Soler, capos del ladrillo, y de la que es consejero Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal.

A través de su investigación “Amnistía a la Destrucción”, Greenpeace destapó los descarados intereses en el negocio del ladrillo de familiares y amigos del ministro Cañete (principalmente, la familia de su esposa –hermanos, cuñados, sobrinos-), de otros miembros o exmiembros del Gobierno y de empresarios de la construcción y la inmobiliaria muy cercanos al PP (los Abel Matutes, Gabriel Canellas, Isabel García Tejería, Gonzalo Javier Piñeiro García-Lago, Bautista Soler, Joaquín Rivero Valcárcel). La imprescindible lectura de dicho informe no deja lugar a dudas sobre un escandaloso conflicto de intereses. Son los mismos de siempre dando vueltas en las puertas giratorias.

La Ley de Costas nació en 1988 con un objetivo de mínimos que frenara el avance salvaje del ladrillo a lo largo del litoral español; una acometida urbanística bestial que se inició con el desarrollismo franquista de los años 60, campó por los respetos del dominio público en los 70 y llegó a finales de los 80 habiendo arrasado gran parte el patrimonio natural costero. Entre muchos otros puntos de incidencia medioambiental y paisajística, la Ley de 1988 delimitó la zona de servidumbre hasta los 100 metros de la costa, prohibiendo la construcción en dicha franja. Con la reforma actual, la franja protegida se reducirá a 20 metros, legitimando así lo que se ha ido construido ilegalmente y permitiendo la nueva edificación.

Viendo el nivel de destrucción de las zonas costeras españolas, los cientos de edificios y urbanizaciones fantasma, las grúas abandonadas y la situación de la economía española después de la burbuja inmobiliaria, pretender vendernos de nuevo el modelo de especulación urbanística es una tomadura de pelo monumental. Además, con la reforma de la Ley, serán los Ayuntamientos quienes tengan potestad sobre las licencias de obras, y no nos hace falta imaginar, porque por desgracia lo conocemos de sobra, el subsiguiente cachondeo de favores, comisiones, mordidas y sobres.

De la palabra sostenibilidad ni hablamos, ni de la palabra ecología: no les cabe en la cabeza que su modelo es insostenible porque en la cabeza solo les cabe lo que cabe en un maletín. Y la palabra belleza, desde luego, mejor no despilfarrarla con ellos: no entienden que nos opongamos a que se destruya una sola duna más, no ven el drama en la desaparición de un arenal, de una marisma, del contorno de una ría porque solo entienden de números sucios. Con la falacia de potenciar un turismo que acabará por huir de una costa horrenda, lo que está haciendo el Gobierno reformando la Ley de Costas es defender sus intereses personales. Esa es su moral y la hechura de su traje. Basta con leer “Amnistía a la Destrucción”, de Greenpeace, para comprobarlo.

Confío en que algún día todo el peso de una Justicia justa caiga sobre los culpables y los cómplices de estos delitos. Habrán destruido lo mejor de entre lo de todos y tendrán que pagar por ello un precio acorde con lo irrecuperable.

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