Negociar derechos para formar un gobierno

Ahora que ya sabemos oficialmente que el candidato a la investidura Pedro Sánchez negocia una amnistía con Junts y ERC, ahora que ya se ha dicho la palabra tabú, es claro que, si se logra asegurar una mayoría para gobernar, el Gobierno se constituirá por el PSOE y Sumar. De esto no hay duda, no la ha habido en ningún momento desde que se convocaron las elecciones del 23 de julio, pues así lo afirmaron reiteradamente en la campaña quienes dirigen ambas formaciones.

Ha insistido Sumar – y ha hecho bien -, en la necesidad de abordar un programa de gobierno que contemple seguir avanzando en, entre otras, materias laborales y de protección social. Y no es que el PSOE vaya a oponerse a ello – no, al menos, de manera total, en absoluto, no lo parece y así es de esperar - pero, en todo caso, es preciso ir concretando tal proyecto.

Y es que estas cuestiones, que son las que por razones obvias, a mí más me interesan por querencia natural, han tenido un protagonismo importante en los programas electorales de los dos partidos – también de otros, desde luego, pero no están llamados por ahora a gobernar, aunque hayan de apoyar la investidura y el curso de la legislatura -. 

Unos programas que han recogido, en este terreno, cuestiones tales como, en el caso del PSOE, resumidamente expresado, un Pacto por el pleno empleo, la garantía de que el SMI alcanzará el 60% del salario medio; la igualdad salarial; la intensificación de la protección social para parados de larga duración; el refuerzo de los subsidios y el Ingreso Mínimo Vital; el impulso de la economía social y una nueva Ley de Sociedades Laborales; políticas para eliminar la brecha salarial – transparencia, inspecciones...-, siguiendo la Directiva Europea de Transparencia Salarial; actualizar la Ley de Prevención de Riesgos laborales para incorporar la perspectiva de género; actualizar la normativa de enfermedades profesionales incorporando las que afectan en especial a las mujeres; aumento del permiso de maternidad y paternidad a 20 semanas; un Pacto para la racionalización de los horarios; aumento del 20% hasta 2027 del complemento para reducir la brecha de género; seguir revalorizando las pensiones, en particular de las mínimas.

Por su parte, el programa de Sumar recoge, también en un muy apretado resumen, los siguientes compromisos: vincular la formación con el trabajo en la empresa y la orientación en el empleo, priorizando el empleo de determinados colectivos; la limitación de la jornada laboral máxima a 37,5 horas semanales en 2024 y apertura de un proceso de diálogo social para llegar a las 32 horas por semana; garantizar la soberanía sobre el tiempo y la flexibilidad horaria; garantía del derecho de las personas trabajadoras a la salud física y mental en el trabajo; ordenación del tiempo de trabajo para garantizar la corresponsabilidad; reforma de la regulación del trabajo a turnos y nocturno; garantía de voluntariedad en el teletrabajo y limitaciones estrictas al poder de dirección y control de la actividad laboral; incremento del SMI – si bien en este apartado aprecio un error, pues afirma que “haber alcanzado, con los 1.080 euros, el 60% del salario medio, si bien es un gran avance...”, lo que evidentemente no es así todavía, pero sigue siendo un objetivo -; control efectivo de la brecha salarial utilizando el algoritmo HER; actualización de las pensiones según el IPC con un incremento mayor de las pensiones mínimas y no contributivas para superar el umbral de pobreza; incremento de los permisos de maternidad-paternidad hasta 32 semanas para las familias monoparentales; la aprobación de un nuevo Estatuto de los Trabajadores – el del Siglo XXI -; una mayor protección frente al despido, mediante un sistema restaurativo y disuasorio y refuerzo de la causalidad, con derecho del trabajador a la readmisión o la indemnización y con una indemnización adicional que compense efectivamente el daño causado en relación a las circunstancias del despido y a la capacidad económica de la empresa; protección social para las personas que, aunque estén en situación irregular, presten trabajo; incremento de la protección de las personas empleadas del hogar; garantía de igualdad de las condiciones esenciales de trabajo de las personas externalizadas en relación con las personas trabajadoras de la empresa principal.

Como se puede apreciar, algunas de las propuestas son muy concretas, en tanto que otras son más vagas o genéricas y, en algunas, hay coincidencia total o parcial entre ambos programas y en otras no o son materias que no se repiten en ambas ofertas electorales.

No cabe pensar que entre el PSOE y Sumar vaya a haber problemas que impidan o dificulten la formación de Gobierno; sería una verdadera sorpresa. Pero sí conviene conocer el alcance de las discrepancias - los acuerdos se conocerán, claro está, cuando se presente el programa para la coalición – para que la ciudadanía pueda valorar dónde están las reticencias, qué frenos existen para determinados avances o qué intereses se protegen y cuáles no por cada una de estas fuerzas políticas.

Es cierto que el Gobierno ahora en funciones ha desarrollado en gran medida el programa de coalición con el que cerraron el acuerdo a finales de 2019. Cuestiones de extraordinaria relevancia han sido abordadas y reguladas – el derecho a una muerte digna; la garantía de que las mujeres y todas las personas seguiremos siendo dueñas de nuestras decisiones sobre nuestras vidas, nuestra maternidad y nuestra libertad en todos los terrenos; un avance hacia la igualdad real… -. 

Pero, en todo caso, y en otros terrenos que son imprescindibles para mantener la plena condición de ciudadanía y el ejercicio de todo el paquete de derechos a ella asociados, siguen haciendo falta muchos y decididos avances, para permitir de verdad redistribuir la riqueza y someterla a los intereses generales, que son los de quienes más lo necesitan, para garantizar una vida digna – vivienda incluida, algo para lo que no es suficiente la Ley de Derecho a la Vivienda, siendo necesarias más y más decidas medidas - a todas las personas y para potenciar eficazmente la educación pública que permita una real igualdad de oportunidades.

Es igualmente imprescindible un acuerdo programático para desarrollar los derechos de ciudadanía, para permitir que podamos seguir – o volver a – expresarnos en libertad, para recuperar la calle y la palabra sin temor y para que la seguridad que importa sea la que nos brinda el trabajo y la lucha compartida, derogando o modificando en lo sustancial la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana – la conocida como “Ley Mordaza” -.

Sin olvidar, desde luego, situar la cooperación al desarrollo en un lugar relevante de la acción política para alcanzar lo antes posible, o sea, ya mismo, el 0,7% del PNB y los objetivos de desarrollo sostenible y justicia global.

Por no hablar de la Justicia que, al margen de los graves problemas sobre su órgano de gobierno, precisa de una garantía plena de independencia respecto de todos los poderes, públicos o privados, conocidos o desconocidos, y eficaz; una justicia que sea un verdadero baluarte para los derechos de todas las personas y que permita defender a las más débiles frente a los abusos de cualquier clase, lo que sigue exigiendo una gran inversión en medios personales y materiales – estos, en gran medida, transferidos a la mayoría de las Comunidades Autónomas -.

Un programa que reconozca el derecho de la ciudadanía de cada nación a expresarse sobre su futuro, sin prisa ni agobios, pero con decisión y seguridad, y que permita que la convivencia se sustente sobre la libertad y no sobre la imposición.

Y así, indefinidamente, pero sin falsas ensoñaciones, pues todo, absolutamente todo, es realizable. Y, en este momento, es de exigir que del diálogo y las negociaciones abiertas surjan respuestas audaces y firmes a las demandas sociales más apremiantes. No será fácil, nadie ha dicho que lo sea, pero para eso está la política.

Sobre las dificultades de base para configurar un Gobierno ya se escuchan muchas y muy interesantes voces. Yo he preferido, hoy, pensar en otras cuestiones no menos relevantes.