Parte de guerra

Te das cuenta de que eres una antigua cuando te llevas las manos a la cabeza de cómo un diario de papel ha podido dedicar un día una página completa a decir que la Audiencia Nacional iba a hacer una cosa y al día siguiente ves que por unanimidad hacen la contraria. Ahí es donde aprecias que el lawfare, la guerra de trincheras jurídica, no sólo vive de tribunales colonizados y dispuestos a impedir gobernar, y hasta nombrar, a un gobierno que no les gusta, sino de la connivencia en la intoxicación de los medios que cierran la pinza.

No pasemos por alto este revolcón a Pérez de los Cobos y a la derecha que lo sostiene y lo sostenía cuando ayudaba en un espurio procedimiento penal a intentar cargarle al delegado del Gobierno de Madrid, José María Franco, el mochuelo de un delito por no impedir el 8M. ¡Recuerden aquella movida! El lawfare es largo y tedioso y tiene sucesivos episodios, pero no parece buena idea hacerles el juego contando sólo lo que favorece a los asediadores y olvidando los momentos en los que unos cuantos jueces de veras hacen su trabajo. 

El firmante de la exclusiva frustrada se jactaba de que “en mentideros judiciales” hablaban de una bala de plata contra Marlaska. No se puede ser más preciso: mentideros. Esa seguridad de que iba a haber otra trifulca contra el Gobierno -por haber cesado a Pérez de los Cobos- se les iba en los deseos. Se relamían de ganas porque si se confirmaba la sentencia, Marlaska hubiera tenido que caer con el consiguiente golpe al Ejecutivo. Tenían una primera sentencia favorable de un juez unipersonal, al que la sala deja bien en evidencia al negarse a revalidar su fallo, y al recoger en los fundamentos jurídicos que su paso “de la existencia de motivación para el cese al examen de la legalidad y realidad” de los argumentos era totalmente contraria a toda jurisprudencia. Añaden además: “los argumentos de la sentencia apelada sobre la desviación de poder y sobre el resultado de las pruebas practicadas, incluido el argumento sobre los efectos o eficacia de la ”última palabra“ en el acto de la vista oral, no es que resulten superfluas, sino que no tienen la trascendencia, a los efectos declarados, dados los límites que acotan el ámbito de la revisión del cese en estos supuestos”. 

Pérez de los Cobos, a la sazón jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, recibió de forma extraña el encargo de la juez Rodríguez-Medel, hija de general del Cuerpo, de asumir la investigación de delirantes delitos que achacaban al delegado del Gobierno en Madrid por no haber prohibido la manifestación del 8M. Él directamente no, claro, sus hombres. Fue raro porque la competencia de estas cosas en la capital es del Cuerpo Nacional de Policía. Prefirió la magistrada a los picoletos. Héteme aquí que el coronel Pérez de los Cobos, el enviado por Rajoy a Cataluña cuando el Piolín y todo aquello, decide no informar a sus superiores de que en su Comandancia se está investigando al delegado del Gobierno y eso cuando normalmente se da cuenta del número y tipo de investigaciones que están en marcha.

Recordarán que fue cesado por pérdida de confianza y recordarán que toda la movida acabó en un archivazo como una casa -que era previsible y que debió cursar con una inadmisión a trámite- pero que sirvió durante semanas para hostigar al gobierno de coalición. Por mucho que Marlaska no sea santo de mi devoción y de que esté convencida de que deberían de sustituirlo al frente de Interior, no se me ocurre mayor motivo de pérdida de confianza que ése. La batalla librada desde la derecha para estigmatizar ese cese y apoyar que los jueces obligaran a restituir a Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de Madrid forma parte de la guerra que pretende impedir al gobierno legítimo hasta sus más elementales prerrogativas, como son las de contar con los puestos de libre designación y de confianza, tal y como pueden hacer los gobiernos de derechas en su turno. 

La pretensión ahora es utilizar los tribunales para evitarlo. En esa misma categoría se encuentra el recurso presentado ante la Sala III por el PP y Vox para intentar anula el nombramiento de la fiscal general del Estado. Hace unos días los medios afines a la ultraderecha intoxicaron también dando por sentado que los jueces tumbarían el nombramiento de Delgado, cuando lo cierto es que lo que están intentando es sacarlo de la sección a la que le ha correspondido fallarlo para llevarlo a un pleno de toda la Sala en el que creen que habría más posibilidades de cobrarse la cabeza. “Por deferencia institucional”, dicen los muy taimados cuando es, como se ha hecho tantas veces, para meter un número mayor de magistrados favorables a la destitución. El primer escándalo de tal petición es la falta de legitimación activa de los partidos políticos en esta cuestión, con jurisprudencia afianzada. Lo esperable, si las huestes de la guerra judicial no se salen con la suya, sería que la sala no entre siquiera a valorar el fondo. En segundo lugar, es obvio que la fiscal general cumple con los requisitos formales y materiales para el puesto que es lo único que pueden entrar a dilucidar. 

Han decidido volcarse en una lucha casa a casa como dicen los militares o, por mejor decir, sentencia a sentencia, auto a auto, juez por juez y tribunal por tribunal. Si los jueces se arrogan el derecho a entrar a controlar algo más que la legalidad formal de los nombramientos estarán entrando a saco en una guerra togada contra la legitimidad de la actuación de un gobierno que no les gusta. 

No podemos olvidar tampoco los esfuerzos sesgados de García-Castellón desde la AN. Ese juez que se lanzó a intentar cargarse al vicepresidente del Gobierno, y que recibió un guantazo de vuelta del Supremo, o que ha decidido que la Kitchen la montaron solitos para defender al PP, Fernández-Díaz y el ángel Marcelo, sin que lo supieran los jerifaltes del partido. Ese mismo juez que siempre parece equivocarse hacia el mismo lado acaba de procesar por terrorismo a los CDR catalanes a los que la Guardia Civil les ha construido una bonita historia de explosivos, atentados previstos contra objetivos estratégicos que estudiaban paseando alrededor y contra Casado. Y lo ha hecho justito un día antes de la Mesa de Diálogo. Justito. Ya le tiraron las prisiones y ya le dijo la Sala que de terrorismo no veían nada. Veremos hasta dónde llega el procesamiento ahora y, si de ser a juicio, como termina pero ya se pueden imaginar, titiriteros mediante. 

No me gusta que se me pierdan entre escaramuza y escaramuza. El lawfare es largo y ellos no se cansan. Aún quedan jueces. Veamos a ver cuántos.