El plan de Vox para las mujeres

Aparentemente el conflicto estaría resuelto y, por ahora, no parece que se vaya a aplicar el protocolo antiabortista propuesto por Vox en Castilla y León (donde cogobierna junto al PP). Un plan disfrazado de “fomento de la natalidad” con el que la extrema derecha pretendía que las mujeres que fuesen a interrumpir su embarazo optaran, tras el ofrecimiento de su médico, a ayuda psicológica, una ecografía 4D y escuchar el latido fetal. El protocolo quería forzar a los médicos a tener una actuación provida que pasaría por encima de la voluntad de las mujeres para influir en su estado emocional y tratar de que cambiasen de opinión.

Este modo de proceder, que no deja de ser una forma de coacción hacia la mujer, podría llegar a ser constitutivo de delito atendiendo a la modificación que se hizo, el pasado mes de abril, al art. 172 quater del Código Penal. Un artículo pensado para supuestos como los piquetes antiabortistas que se apostan delante de las clínicas para “disuadir” a las mujeres que acuden a estas a interrumpir su embarazo, y cuya aplicación podría haber tenido cabida de haberse aprobado el susodicho protocolo al castigar (con pena de cárcel o trabajos en beneficio de la comunidad) a quien obstaculice el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo de una mujer mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad.

Más allá de que ahora quede en el aire el misterioso protocolo de Castilla y León y las consecuencias legales de su aplicación, es necesario tener claro que Vox —al igual que no renuncia a su retórica negacionista de la violencia machista a pesar de que la realidad de las cifras de asesinatos a mujeres por parte de sus parejas o exparejas es abrumadora— no va a renunciar a materializar sus planes antiabortistas cada vez que tenga ocasión y poder. Otro ejemplo de ello lo tenemos en el veto que el partido de extrema derecha ha presentado en el Senado a la reforma de la ley de salud sexual y reproductiva para oponerse a que las mujeres puedan decidir abortar por sí solas al entender que deben contar con la opinión del hombre. Un planteamiento completamente ajeno al marco de derechos de las mujeres que se ha venido reconociendo en democracia. Si el hombre desea tener algún papel no es otro que el de apoyar y respetar las decisiones que toma la mujer sobre su cuerpo y no tratar de decidir (o influir) por ella y sobre ella.

Los planes de Vox para las mujeres tienen poco que ver con la natalidad, con la vida y con España. De hecho, sus propuestas no son una idea original. Sus planes, incluido el protocolo de Castilla y León, son un copia y pega de una agenda diseñada fuera de nuestras fronteras y que no está pensada en clave de convivencia democrática, sino en clave de lógica autoritarita y neoliberal. Una agenda que responde a una estrategia internacional que reúne tanto a fundamentalismos religiosos como grupos ultraconservadores en una hoja de ruta anti derechos humanos de las mujeres pero, también, de las personas LGTBI, de las personas racializadas y de otras etnias y culturas, de las personas que migran...

Cuando Vox defiende que no hacen falta políticas específicas para las mujeres ni que estas tengan una protección especial ni que se las trate como colectivo, tiene un objetivo político claro: restar valor a los derechos de las mujeres hasta ridiculizarlos. De hecho, sus principales propuestas son derogar todas aquellas leyes y normas que garantizan los derechos de las mujeres, como la ley de violencia de género o la ley del aborto, porque son leyes feministas y discriminan a los hombres (algo completamente falso). Esa forma de actuar responde a un patrón sumamente peligroso que vemos como tal cuando nos llega la información de que los talibanes han ordenado decapitar a todos los maniquíes de mujeres de las tiendas y comercios porque son figuras antiislámicas: todo aquello que sean derechos humanos de las mujeres, hay que eliminarlo. Una idea que se parece mucho a la que inspira los planes de Vox.