Prohibido cuestionar a Felipe VI
Al Gobierno no le ha gustado que el parlamento catalán cuestione la monarquía ni siquiera de forma declarativa. En esta carrera por ver quién es más español, ahora que el eje de voto no es izquierda o derecha sino el reduccionista España o independencia, el ejecutivo socialista insiste, contra la opinión del Consejo de Estado, en llevar al Constitucional una resolución (iniciada por cierto por los comuns, no por los independentistas) que no le agrada por el simple hecho de que no le agrada, sin que haya delito. Una cosa es que no le guste, y otra que sea ilegal cuestionar el sistema monárquico que restauró Franco y que la transición prensó y encapsuló en la carta magna del 78.
Celaá informó este viernes de un paso peligroso al abismo, un precipicio en el que cuestionar el sistema, replantear el modelo de Estado, querer formar parte de los países sin rey y expresarlo por resolución parlamentaria se podría considerar delito. Va a ser un difícil malabarismo explicar cómo el gobierno de Sánchez pretende sacar del código penal el delito de injurias al rey por “anacrónico”, a la vez que manda al Constitucional una resolución legítima de un parlamento legítimo que pide el fin de la monarquía y critica la actuación de Felipe VI el 3 de octubre, una actuación de la que el propio Mariano Rajoy tenía dudas.
Justificarlo no es fácil y la portavoz del Gobierno tuvo que hacer una inferencia triple mortal tras el consejo de ministros: si se toca a Felipe VI en Catalunya quiere decir que se va a declarar la independencia, ninguneando de un plumazo el republicanismo histórico que existe antes que Quim Torra o más allá del Ebro y evidenciando que tiene el poder de detectar delitos antes de que sucedan: “Es un nuevo intento, como antes anteriores del Parlament, de iniciar un proceso unilateral que desemboque en la proclamación de una república”. Entonces, ¿por qué no un 155? Las intenciones como delito, el cuestionamiento como afrenta. O el rey o el caos: la coriácea Constitución y sus progenitores siempre al rescate de los borbones.
Mientras se constriñe la capacidad de un parlamento con reacciones airadas y efectistas para parecer un partido que no se vende al independentismo, un grupo de estudiantes de la Universidad Autónoma, donde estudió Derecho el rey Felipe VI, está organizando un referéndum, por supuesto ilegal, que está contagiando a centenares de universitarios: “No estamos dispuestxs a heredar este régimen impuesto y queremos decidirlo todo”. Habrá que preguntar a Celaá si los llevan también al alto tribunal porque su “intención” podría ser subvertir el orden. O qué va a hacer con el Ayuntamiento de Barcelona que se ha sumado al Parlament. Quizás también vea en la concejalía de Tráfico impulsos independentistas.
El Gobierno se equivoca agitando Catalunya como si fuera un espantapájaros para asustar y se embarca en esta aventura judicial para sacar músculo constitucionalista, a la vez que envuelve a Felipe VI en el cuarto manto intocable. Es confundir lo legal con lo deseado, lo ilegal con lo incómodo, la política con el marketing, la intención con el delito. Es sobreactuar y sobrepasarse.
