La reconstrucción después de la guerra

Toca empezar a definir qué es eso que hemos bautizado como nueva normalidad. Cabe entender que se trata de conformar una convivencia cotidiana teniendo en cuenta la presencia de amenazas que antes creíamos demasiado lejanas o inexistentes. El estado de ánimo generalizado es una enrevesada mezcla de rabia, dolor y confusión. La decisión política de la oposición en España de haber intentado convertir la tragedia en un arma de ataque al Gobierno ha sido especialmente desgraciada para todos. Ha despertado sentimientos de odio, de agitación y de desesperanza. Sólo ha servido para alentar una inútil confrontación social cuando más necesaria era la fuerza de la solidaridad y el esfuerzo colectivo. No podemos reencontrarnos si no aceptamos que esta batalla se ha producido y sentamos las bases para superarla.

A estas alturas del siglo XXI, las guerras basadas en el enfrentamiento militar han dejado afortunadamente de tener sentido. Lo que no ha desaparecido, ni desaparecerá, es el choque entre diferentes grupos ideológicos. Clausewitz defendía que la guerra implica la decisión de resolver un conflicto a base de someter por la fuerza a quien se opone a nuestra voluntad. El imperio de la paz implica por el contrario aceptar la obligación de buscar el acuerdo como remedio ante la división. La democracia facilita una solución cuando no se alcanza el consenso generalizado. Se acepta la voluntad mayoritaria como alternativa. El problema surge cuando quien sale derrotado en esta convención se niega a aceptar el resultado.

Una de las curiosidades más llamativas que ha tenido todo lo que hemos vivido desde el mes de marzo es que los estudios de opinión han modificado su tendencia tradicional. De forma implacable, la opinión de los ciudadanos tiende a separarse en dos grandes bloques cuando se dirime una cuestión política. Hay una lógica perversa que conduce a marcar un escenario de confrontación dual en la sociedad cada vez que la política impone el debate. Extrañamente, no ha ocurrido así en este caso. La opinión ampliamente mayoritaria ha sido en todo momento la de primar la seguridad sanitaria sobre todo lo demás. Mientras en el Parlamento se contaban los votos uno a uno para conseguir reunir la mayoría necesaria en cada ocasión, los españoles coincidíamos siempre en posiciones menos enfrentadas agrupadas en torno a asumir los menores riesgos posibles. Todas las extensiones del estado de alarma han contado con al menos dos tercios de apoyo popular.

Cuando el Gobierno declaró la guerra a la pandemia hubo voces que discrepaban de ese esquema mental. Los que más lo rechazaron defendieron otro conflicto bélico. Proclamaron una guerra política de la que pensaban que podían salir victoriosos. La guerra político-mediática que hemos padecido se ha basado en el intento de imponer lo irracional, aprovechando el desconcierto absoluto ante la excepcionalidad de lo que nos ha tocado vivir. Se han buscado demenciales teorías basadas en el deseo de imponer un régimen comunista, de pretender el hundimiento del país, de buscar la supresión de todo tipo de derechos individuales. En el colmo de la aberración, se ha querido extender la existencia de un gobierno que ignoró conscientemente la amenaza que nos acechaba pese a que sabía que iba a costar miles y miles de muertos. No cabe mayor desvarío. Quienes voluntariamente han promovido esta conflagración van a salir derrotados. Su único objetivo era revertir el resultado obtenido en las urnas hace unos meses y derrocar al gobierno democráticamente elegido. No lo han conseguido. Pero aún no se van a dar por vencidos. Un entramado político, mediático, jurídico y policial parece empezar a activarse. Queda por aclarar el relato de lo sucedido. Y esta es la nueva batalla que se avecina estas próximas semanas.

A medida que la verdad va saliendo a la luz, se corrobora lo evidente. Que los países occidentales, que no conocíamos un fenómeno similar, no estábamos preparados para una situación semejante. Que han fallado unos diques de contención que durante décadas se han ido descuidando. Que la potenciación de los servicios públicos está en la base de la construcción de una sociedad segura. Durante los últimos tiempos, especialmente tras la crisis de 2007, esta cuestión ha sido objeto de debate público. Hoy en día ya no cabe discusión. Todo lo que está saliendo a la luz sobre lo sucedido en las residencias de mayores explica dolorosamente la magnitud de la tragedia vivida.

La reconstrucción de la convivencia debe ser nuestra inmediata prioridad después de que podamos dar por superada la emergencia. Para que esa reconstrucción pueda ser efectiva resultará indispensable acabar la guerra interna que hemos tenido que librar. Para poder terminarla, es necesario asumir que se ha producido y dejar claro quién y por qué se ha desencadenado. Recuperada la serenidad, sería vital imponer la fuerza de la convivencia social por encima del conflicto político. La pandemia nos ha golpeado duramente. Hemos acertado cuando hemos actuado juntos. Hemos fracasado cuando hemos abierto frentes de combate internos. Aprendamos la lección. Parece que la nueva normalidad obliga a aceptar una sociedad físicamente distanciada. No podemos dejar que el distanciamiento anímico también se extienda.