El Régimen del 78 se embarra en un pantanal

Es como si hubieran perdido hasta el pudor, ya ni disimulan. Asistimos a una progresión de hechos inquietantes y un tanto bochornosos que se suceden sin que nadie les ponga coto, nadie en absoluto de quienes deben y pueden hacerlo. Por eso está ocurriendo. En un marco muy preciso - que tiene un gran papel en la historia- asistimos a una escalada judicial que se ceba -como última cota hasta ahora- en el diputado de Podemos Alberto Rodríguez, al tiempo que se realizan nombramientos verdaderamente obscenos para renovar, dicen, la dirección de las altas instituciones. Los trazos de este pantanal son tan claros que es fácil encontrar el rastro. Solo hay que seguir la línea de puntos.

“Si se persiste en el error, será el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, eso sí a largo plazo, el que vuelva a anular una sentencia que busca instaurar un antidemocrático gobierno de los jueces sobre la totalidad del espectro de los poderes del Estado”, asegura José Antonio Martín Pallín, ex fiscal y ex magistrado del Supremo, en un muy razonado artículo. Numerosos juristas de prestigio como él llegan a la misma conclusión. Lo que están haciendo con Alberto Rodríguez es un escándalo, uno más en esa línea. 

Están todos los elementos del manual. Sin pruebas concluyentes, según la propia sentencia judicial, sino atendiendo a testimonios policiales, es condenado a 45 días de inhabilitación por hechos sucedidos 8 años atrás. Se le acusó de delito de atentado contra la autoridad y falta o delito leve de lesiones durante una manifestación. Si ya chirría el origen, la cacería actual es de dejar perplejos. El juez Marchena, asumiendo la representación del Tribunal Supremo, se empecina en echar a Rodríguez del Congreso pese a que la inhabilitación a la que ha sido condenado solo contempla la inelegibilidad y queda anulada con una multa que ha pagado.

Y acude todo el ejército desplegado en estas ocasiones. Pablo Casado vuelve a Bruselas. Va, dice, a “defender a la justicia española frente a diputados delincuentes”. Gesto agresivo y obviando la larga lista de latrocinios e impunidades de su partido. Salen todos, hasta la presidenta del partido exiguo, Inés Arrimadas, y toda la ultraderecha. La tropa mediática dispara en primera línea de fuego. Todos, desde los valles televisivos, a los púlpitos radiofónicos y a la prensa de puro papel.

Porque sí, faltaba Batet, Meritxell Batet. La presidenta del Congreso se muestra partidaria de suspender la condición de diputado de Rodríguez como le pide Marchena en otro procedimiento sorprendente. Y lo hace en contra de la mayoría de la Mesa del Congreso, y sobre todo, de los juristas de la Cámara en unanimidad. Al final, cede en preguntar al Supremo por qué cauces se les ocurre quitarle el acta a Rodríguez. Y Marchena responde a Batet que no cabe aclaración pero evita mencionar la pérdida del escaño. insiste el juez del Supremo en que se ejecute la sentencia pero no explica cómo lo entiende él, si quitándole el escaño, suspendiendolo por un tiempo o qué, para que sea la presidenta del Congreso quien se moje y evitar ser acusado de prevaricación según algunos expertos. Finalmente Meritxell Batet claudica y cumple la voluntad de Marchena y las derechas: expulsa a Alberto Rodríguez de diputado, le retira el acta. Unidas Podemos se ha querellado contra ella por prevaricación. En esas denuncias que gestionará la justicia española.

Batet ha quedado marcada, y no solo ella porque dudosamente es suya solo la decisión tan trascendente. La prensa conservadora le daba palmaditas de apoyo y presión a un tiempo. El dilema de Batet, le decían varios medios, es cumplir con la ley… o con los socios de Sánchez.

¿Quiénes son a estas alturas los socios de Sánchez, por cierto? Los partidarios del mal menor que se entusiasman a la menor brizna de indicio se congratulan de que PSOE y PP hayan llegado a un acuerdo para renovar las instituciones, para eso que llaman renovar. Han sido cuatro, menos el Poder Judicial (CGPJ) que es la traca final. Al Tribunal Constitucional manda el PP nada menos a Concha Espejel, “querida Concha” como la llamó Cospedal, recusada en el Tribunal de la Gürtel por su afinidad manifiesta con el PP, y a Enrique Arnaldo, un catedrático que maniobró con Ignacio González y que aparece él mismo en el sumario del caso Lezo. Estuvo también imputado por sobornar a Jaume Matas, pero la causa fue archivada por prescripción a pesar de que el Juez José Castro acreditó la existencia de ese contrato. A los propuestos por el PSOE, Ramón Sáez Valcárcel e Inmaculada Montalbán, no les oponen grandes pegas desde la derecha, salvo que él es “el preferido de Podemos”. García Egea declara: gracias al PP no queda “atisbo de politización” en los órganos constitucionales renovados. En serio. Y así distrae al personal.

También hay aplausos generales para el nombramiento de Ángel Gabilondo como Defensor del Pueblo, el sereno filósofo sin duda alguna que, sin embargo, vio crecer a Ayuso al infinito en su nula oposición.

Hasta tres años ha costado llegar a estas esplendorosas renovaciones que no dejan de seguir la estela de lo ocurrido con el Consejo de RTVE en el que -en este caso todos los partidos- votaron lo acordado incluyendo por el PP a Carmen Sastre y Jenaro Castro (éste con un flamante cero en su proyecto para el cargo), dos de los más señalados profesionales de la manipulación. Amén de algún otro submarino.

Y siguiendo la línea de puntos llegamos al marco: el reciente Congreso de la unidad y la reconciliación del PSOE. Han pasado cuatro años de aquel que defenestró con escarnio a Pedro Sánchez un 1 de octubre –fecha de grandes acontecimientos-. Y ahí está Felipe González, el expresidente que orquestó ese derribo de Sánchez en compañía de otros. Ya desde enero de 2016 se puso en acción: González reunirá a la vieja guardia para frenar a Sánchez, se dijo y se hizo.

 En 2021, González acude a apoyar al presidente Sánchez. Y el presidente Sánchez, avalado por el éxito por el que tanto luchó, indulta a quienes le traicionaron, incluido un Antonio Hernando que parecía irrecuperable con su defensa de dejar gobernar a Rajoy y… no querer a Podemos por nada del mundo, lo que implicaba quedarse en la oposición. ¿Qué ha pasado? Además de lo que Pedro Sánchez considera su misión histórica en la reivindicación del PSOE que camina hacia su siglo y medio de trayectoria.

Lo diré en palabras del periodista de La Vanguardia Enric Juliana, lo resume a la perfección: “En casa de los militantes socialistas ya no preocupa el hijo que vota a Podemos. Ahora el tema de conversación es el primo que simpatiza con Vox y los compañeros de trabajo que van a votar a Santiago Abascal”.

Sigamos la línea ya que va del embrollo judicial y la cacería de Alberto Rodríguez, la claudicación de Batet, a los acuerdos con el PP y el nuevo y viejo PSOE de Sánchez. Y ya lo tienen. De momento, porque se suceden los datos sin respiro. Antes de la agitada tarde de este viernes, Unidas Podemos pide una reunión urgente al PSOE. Y explican que es por la “intromisión” de Calviño en la derogación de la reforma laboral. La vicepresidenta del PSOE no es partidaria de derogar completa la del PP y ha declarado que “la negociación se inicia realmente ahora”. Los socios minoritarios del Gobierno lo entienden como un incumplimiento del acuerdo pactado y como una “injerencia” en el diálogo social desplegado desde hace cinco meses. Pedro Sánchez desde Bruselas respalda el papel de Nadia Calviño en la reforma laboral y niega que haya intromisión: “Afecta a cinco ministerios”, dice. Luego Calviño escribe a Yolanda Díaz y le dice que el asunto de la Reforma Laboral lo coordina ella. Se está mascando una crisis grave. Recordemos que Yolanda Díaz es la política más valorada según el CIS y anda gestionando un bloque electoral de izquierda.

Está el dinero de la UE y la supuesta tendencia europea hacia la socialdemocracia con los ojos puestos en nuestra Alemania de siempre. Aunque el socialdemócrata haya ganado por un puñado de puntos y sea considerado más heredero de Merkel que el candidato de la CDU, y se perfile como ministro de Hacienda un miembro del coaligado partido liberal que quería echar a Grecia de la UE. En Italia también le han dado un buen sopapo a la ultraderecha, pero solo fueron a votar el 44% de los electores.

España es diferente y todos lo deberíamos saber.  El PP está presidido por Pablo Casado, un señor que cree haber logrado un sorpasso al PSOE como le dijo a Carlos Alsina ¡en solo dos años!, esos dos años, porque se ha creído las encuestas que le fabrican ad hoc. Ese presidente del PP que va a Bruselas día sí y día no para sembrar desconfianza en España por puro interés... en los fondos UE. El que puso en peligro el proceso para el fin de ETA, como afirmó con datos el mediador británico Jonathan Powell.  El que sí logró José Luis Rodríguez Zapatero, que hoy conserva su gran humanidad.

Pero a Felipe González le gusta mucho más Pablo Casado que ningún líder de la izquierda, normalmente sus diatribas son contra estos últimos. Orgulloso de su legado, aduce que todo el mundo que ha hecho algo sin vivir del cuento lleva una mochila –de esas cerradas y opacas-, lo importante es el legado, por eso pide que vuelva Juan Carlos I y que se respete su presunción de inocencia porque quien no lo haga es “anticonstitucionalista”. Las mochilas pesan tanto que relajan la ética.

La añoranza por el Régimen del 78 –forzado a firmarse con algunas trampas- ciega a la España que manda hoy. La que ignora que se dejó impune el fascismo criminal, revitalizado hoy con la ayuda de sus diferentes tropas. Y que ni siquiera prevé quién pierde más en los juegos de trileros. Ojalá no sea lo que parece y nadie menosprecie las capacidades para salir triunfante de una lucha en el barro. Al final se va a por lana, y se sale trasquilado, desnudo y enfangado. Un error de cálculo puede sentar a la ultraderecha en La Moncloa, pero no lo pagará ninguno de quienes lo han propiciado. Espabilen.