España, cara al fascismo

En estos días, en una reunión entre el Ministro de Sanidad y los Consejeros que tienen estas competencias en las Comunidades Autónomas, se llegó a un acuerdo sobre la adopción de una serie de medidas destinadas a “paliar” el aumento de los contagios por la COVID 19. Entre ellas destaca la prohibición de fumar en espacios públicos, siempre que no se pueda mantener una “distancia de al menos dos metros”, y su extensión alcanza a todo el territorio nacional.

Entre esas 11 medidas a adoptar y 3 “recomendaciones” no hay ninguna medida que hable de los rastreadores, del número necesario, de si los tienen o no quienes tienen las competencias para tenerlos, ni de si reforzaron la atención primaria y en qué medida, o si de nuestro sistema público tiene ya o no los medios humanos y técnicos para desplegar esta acción fundamental en el combate contra la pandemia. Lo cual indica dos cosas, ambas preocupantes: una, es difícil comprender por qué el Gobierno de España quiere agradar a los partidos de la derecha haciendo suyas las propuestas de estos, y dos, que van a ciegas en este combate contra el virus que nos asola y que padecemos. Hace 5 meses se podía comprender su actuación (la del Gobierno y la de las Comunidades Autónomas), pero después de este tiempo, de lo que pasó aquí y de lo que pasó en el resto del Mundo, no hay comprensión ni justificación posible.

No saben dónde está el virus, y si no se sabe, malamente, se pueden adoptar las medidas adecuadas para combatirlo. Solo es un virus, y nos encontramos en el año 2020, con un desarrollo de la medicina como nunca lo hubo en la historia de la Humanidad: hoy se realizan operaciones, que si nos dicen hace no mucho que se podían realizar, pensaríamos y no sin razones, que eso era ciencia ficción. Pasado el Confinamiento (el más duro y restrictivo que se aplicó de entre los que se aplicaron en los distintos países del Mundo), se estaba en buena posición para “controlar” la enfermedad; sin embargo, otra vez, volvemos a las transmisiones comunitarias. Es decir, a lo que está fuera de control.

Pero llegados a este punto, los rastreadores lo tienen muy difícil. No obstante, su trabajo es fundamental porque permite saber donde está el virus y hasta donde se expandió. Hecho esto, se pueden adoptar las medidas sanitarias precisas para combatirlo. Y mienten, mintió el Gobierno de España cuando, al anunciar el Estado de Alarma no explicó a los ciudadanos cuál era la situación de la Sanidad Pública en cada una de las Comunidades Autónomas, y que eso y no otras circunstancias imponderables, obligaban a decretar el mencionado Estado. Mienten los Gobiernos autónomos, cuando no nos dicen el número exacto de rastreadores con los que cuentan o, nos dicen cifras relativas a estos, que son puramente inverosímiles. Por ejemplo, en Galicia el número de rastreadores (según fuentes de la Consellería de Sanidade), es de 226,3 por cada 100.000 habitantes. Lo cual, significa que hay un rastreador por cada 442 personas. Si esto fuera así, no habría ni un solo caso de coronavirus; ni uno. O los que hubiese estarían bajo control, y no sería necesaria implantar medidas de dudosa legalidad, peregrinas y absurdas como esa de que no se puede fumar en la vía pública.

Estamos -según dice la Constitución Española-, en un “Estado social y democrático de derecho”, aunque, a cada día que pasa, yo tengo más dudas a este respecto. Y esto significa que tenemos unas Leyes que rigen nuestra vida en Comunidad, y son ellas las que hacen posible la convivencia entre todas las personas que la conforman. Las Leyes tienen una jerarquía, y no es lo mismo una Ley Orgánica que una Ley ordinaria, o esta que un Real Decreto o un Real Decreto Legislativo, pero todas, excepto esas que están motivadas por una “necesidad urgente”, salen de una votación en las Cortes o en los respectivos parlamentos autonómicos. Del mismo modo, una Ley no puede entrar en contradicción con otra o, una de inferior rango puede sobreponerse a una de un rango superior. No basta con que una norma se publique en el Diario Oficial de la Comunidad o el Boletín Oficial del Estado, tiene que ser aprobada por los órganos que representan a la Soberanía del pueblo. Y aquí todo ha de estar negro sobre blanco. En la Ley no caben interpretaciones; precisamente, para que todos sepamos a que atenernos.

En el Diario Oficial de Galicia de 12 agosto de 2020, se dice: “La modificación operada en el acuerdo tiene su fundamento normativo en la Ley orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud pública; en la Ley 14/1986, de 25 de abril, general de sanidad; en la Ley 33/2011, de 4 de octubre, general de salud pública, y en la Ley 8/2008, de 10 de julio, de salud de Galicia”. Si esto es así, por qué no lo aplicaron en todos estos años. Pero, existe también la Ley 28/2005, modificada parcialmente en la Ley 42/2010 que regula el consumo de tabaco en los espacios públicos. Esta Ley está en vigor, y no fue derogada y sustituida por otra, ya que de ser así, nos encontraríamos en un vacío legal… que podría dar lugar a cualquier tipo de arbitrariedad.

¿Cómo se puede afirmar, por poner un ejemplo, que la distancia de seguridad entre mesas en una terraza es de 1,5 metros, y que el fumador ha de estar “al menos” a dos metros de otra persona que esté sentada con él? Y en la vía pública lo mismo, ¿quién marca la distancia de seguridad?, porque sitio hay para todos.

Choca un poco (a mí que soy una persona crítica, y cuyo cerebro registra alguna actividad), que muchas personas acepten lo que les digan sin cuestionarse nada, y sin saber, quiero pensar eso antes que otras cosas, que les amparan las Leyes, y que las Leyes, como dijo el sinvergüenza del Borbón, “son iguales para todos”.

Decía mi admirado y querido Walt Whitman, que había que “resistir mucho y obedecer poco”. Viene esto a cuento de que, en mi opinión, no podemos aceptar lo que nos digan o nos obliguen a hacer, sin más, porque sino, en vez de estar en un país democrático, estamos en una Dictadura, donde tiranos (grandes y pequeños), creen que la vida de otros está en sus manos. Somos sujetos de derecho, y esto significa, que todo aquello que rige nuestra vida en Comunidad, tiene que ser aprobado en las Instituciones por nuestros representantes políticos. Y si una Ley es injusta, es un deber desobedecerla y luchar hasta cambiarla.

Algunas medidas -peregrinas como esta-, lo único que reflejan es su incompetencia para resolver problemas como este. Podemos echarle la culpa a los políticos, pero la verdadera culpa es nuestra; por no exigir que ellos doten de músculo a nuestra sanidad pública; por no exigir que se respete la Ley y nuestros derechos. Todos y cada uno. Si aceptamos las cosas, sin más, estamos abriendo las puertas -mal que nos pese a algunos-, al fascismo.

¿Es eso lo que queremos?