Bolsonaro apela al patriotismo del Congreso para aprobar reforma de pensiones

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, apeló al “espíritu patriótico” de los congresistas para aprobar la polémica reforma de las pensiones impulsada por su Gobierno, en un pronunciamiento nacional divulgado este miércoles en radio y televisión.

El texto, que propone un endurecimiento de las condiciones para obtenerse esa prestación, superó en la víspera la primera barrera al ser avalada por una aplastante mayoría en la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara Baja de Brasil.

Bolsonaro, en el poder desde el pasado 1 de enero, agradeció “el empeño” de la mayoría de los integrantes de esa comisión y “el compromiso” del presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, con el que tuvo sus diferencias semanas atrás con cruces de declaraciones que hicieron temer el trámite de la reforma.

El proyecto tendrá ahora que someterse al análisis de una segunda comisión, que lo evaluará desde el punto de vista político y económico.

“El Gobierno continúa contando con el espíritu patriótico de los parlamentarios para aprobar el nuevo sistema de jubilaciones en esta segunda etapa y posteriormente en el pleno de la Cámara de Diputados”, afirmó Bolsonaro, líder de la extrema derecha en Brasil.

En caso de que esa segunda comisión lo apruebe, la reforma pasaría al pleno de la Cámara Baja, y solo después de ser apoyado por una mayoría calificada de los diputados llegaría al Senado, que tendría la última palabra.

Bolsonaro advirtió que si la reforma no se aprueba, el país “no tendrá recursos para garantizar las pensiones de todos los brasileños” y “no habrá condiciones para invertir” en áreas como “salud, educación y seguridad”.

“Tenemos certeza de que el nuevo sistema de Seguridad Social permitirá a Brasil retomar el crecimiento, crear empleos y, principalmente, reducir la desigualdad social porque con la reforma los más pobres pagarán menos”, añadió.

El jefe de Estado finalizó su pronunciamiento resaltando que “Brasil tiene prisa”.

El proyecto, presentado por el Gobierno como una enmienda a la Constitución, plantea endurecer gradualmente el acceso al actual régimen de reparto, en el que el Estado gestiona las contribuciones de los trabajadores y las distribuye entre los jubilados.

Asimismo, dejaría allanado el camino para adoptar un régimen de capitalización individual privado, similar al chileno, en el que la jubilación dependerá de lo que cada trabajador haya podido ahorrar a lo largo de su vida.

Según el Gobierno, la reforma propiciará al Estado un ahorro de unos 265.000 millones de dólares en una década, lo que ayudaría a acabar con el crónico déficit fiscal en las cuentas públicas del país.

Sin embargo, la oposición y los sindicatos sostienen que ese déficit pudiera revertirse con otras medidas de corte fiscal, y no con una reforma que, en su opinión, es una “condena” para los trabajadores.