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Ciudadanos vuelve a agarrarse a Venezuela y ETA para hacer oposición al Gobierno

La diputada de Ciudadanos Inés Arrimadas y el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, este martes en el Congreso

Carmen Moraga

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La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha decidido volver a desempolvar dos de los asuntos que ya utilizó Albert Rivera para hacer oposición a Pedro Sánchez durante la anterior y corta legislatura, en estrategia conjunta también con el PP.

Por un lado, ha recuperado la crisis en Venezuela después de que el considerado “presidente encargado” del país, Juan Guaidó, tomara este martes posesión como presidente de la Asamblea Nacional. Por otro, ha intensificado sus denuncias sobre los pactos ocultos que, según Ciudadanos y el PP, ha hecho el líder del PSOE con “los herederos de ETA” al aceptar en su investidura la abstención de EH Bildu, a cuya portavoz acusan de “blasfemar” y faltar al respeto a las víctimas del terrorismo, y también de lanzar insultos contra el rey.

Estos dos temas fueron asuntos recurrentes en la línea de oposición que decidió hacer Rivera contra Sánchez en la anterior y corta legislatura, y también durante las campañas electorales. En febrero del año pasado, el exlíder de Ciudadanos ya emplazó al líder socialista a que reconociera al líder opositor  como presidente interino de Venezuela en sustitución de Nicolás Maduro “para hacer una transición democrática” y “convocar elecciones libres y justas en un tiempo prudencial” ante la crítica situación que atravesaba el país.

Entonces, varios países europeos terminaron por aceptar a Guaidó como nueva autoridad de la nación. Sánchez se sumó a ese pronunciamiento y compareció en el Palacio de la Moncloa para hacer oficial la postura de España con una declaración institucional después de que venciera el ultimátum que le dieron a Nicolás Maduro para que convocara elecciones presidenciales. “España va a estar a la altura de lo que se espera de ella en este conflicto”, afirmó entonces Sánchez.

La crisis en ese país fue ya explotada también por Rivera en plena campaña electoral de junio de 2016, año en el que viajó hasta Caracas en pleno estado de excepción decretado por Maduro. Allí logró entrevistarse con alguno de los líderes de la oposición llegando a intervenir en la Asamblea Nacional. El PP, alineado con Ciudadanos en ese frente, había intentado meses antes implicar a todo el Congreso con un viaje de la Mesa a Venezuela que no se llegó a realizar.

Ahora ambos partidos reavivan de nuevo la misma estrategia para poner a prueba a Pedro Sánchez al que exigen que comparezca “de manera urgente” en el Congreso para que explique si respalda la elección de Guaidó como jefe del Parlamento venezolano además de como presidente interino de la nación.

El pasado domingo, la Asamblea Nacional de aquel país celebró una votación para elegir la nueva cúpula parlamentaria y ratificarle en el cargo para que pudiera continuar como “presidente encargado” de Venezuela, algo que logró al conseguir burlar las medidas de seguridad desplegadas en torno al Parlamento.

Buscan abrir fisuras entre Sánchez e Iglesias

Sin embargo, esta vez las intenciones de ambos partidos de la derecha van más allá de la mera comparecencia presidencial. Tan solo un día después de que Sánchez haya sido investido presidente, buscan abrir fisuras en el Gobierno –cuya composición aún ni se conoce oficialmente– que el PSOE compartirá con Unidas Podemos, una formación a la que acusan de ser “bolivariana” y de estar financiada por “el chavismo”. En el partido de Iglesias es cierto que no gusta la figura de Guaidó y que tampoco respaldan a la oposición venezolana aunque el propio Iglesias sí ha llegado a reconocer que la situación allí es “nefasta”.

Otro de los frentes a los que Arrimadas ha decidido aferrarse es a denunciar la supuesta pasividad de Sánchez ante EH Bildu, a cuyos dirigentes la líder de Ciudadanos –y también el líder del PP, Pablo Casado– considera “los herederos de ETA”.

El pasado fin de semana, durante la intervención de la portavoz de ese grupo, Mertxe Aizpurua, en el pleno de investidura del Congreso, varios diputados de PP y Vox la llamaron “asesina” y gritaron “fuera, fuera”, mientras el popular Adolfo Suárez Illana le daba la espalda desde la Mesa del Congreso, de la que es secretario.

Después, tanto el propio Casado como luego el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, acusaron a Aizpurua de haber lanzado “infamias” contra las víctimas del terrorismo y de haber insultado gravemente al rey Felipe VI, llamándole “fascista” –palabra que la portavoz de EH Bildu no pronunció en todo el discurso–, por lo que pidieron a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que la obligara a retirar sus palabras y aplicara el reglamento para que no figuraran en las actas del diario de sesiones.

Aizpurua, en su intervención, le dijo a Sánchez que debía acceder a “democratizar el Estado, respetar el carácter plurinacional, el derecho de autodeterminación y repartir la riqueza”. Además, reiteró que en España hay una “crisis estructural” que procede “del régimen monárquico de 1978” y que este es un país “autoritario” como, a su juicio, lo demostró el rey con el discurso que pronunció el tres de octubre de 2017, dos días después del referéndum independentista en Catalunya. Pero nunca pronunció la palabra “fascista”.

Aizpurua sí citó a Arnaldo Otegi, lo que exaltó aun más los ánimos de la bancada conservadora. “Les decía Otegi que si surge una oportunidad histórica para que el Estado español se democratice, la izquierda independentista estará dispuesta a colaborar”, afirmó. Los diputados de Vox abandonaron entonces airadamente el hemiciclo mientras los del PP y Ciudadanos abroncaban a Aizpurua.

Este miércoles, Ciudadanos se adelantaba al PP y anunciaba que va a presentar en todos los ayuntamientos de España donde tiene representación una moción para reprobar a EH Bildu, “un partido que no condena el terrorismo de ETA”, y en la que piden respaldar la labor del rey y los órganos constitucionales. En el texto exigen que Aizpurua “se retracte de las palabras” que pronunció el pasado domingo durante la sesión de investidura, “contra la Corona y nuestra democracia”.

Arrimadas afirmó al finalizar el debate que se iba “triste y preocupada” al ver que el presidente del Gobierno fue “incapaz de defender al jefe del Estado y a nuestra democracia”. En la moción se reitera lo mismo y se añade “a las víctimas de las blasfemias de un partido como EH Bildu que no condena el terrorismo de ETA”. También piden al presidente del Gobierno que no haga más “concesiones” a partidos independentistas y recupere su promesa de tipificar como delito los referéndum ilegales.

Ciudadanos planea refrescar una de las propuestas que ya registró hace unos meses para que se reforme la ley de víctimas del terrorismo con el fin de esclarecer los asesinatos de ETA no resueltos. Además quiere que se impidan por ley los “reconocimientos públicos y recibimientos como héroes a asesinos terroristas”.

El discurso sobre ETA no ha dejado de estar presente tampoco en las campañas electorales del partido –con visitas a Rentería Alsasua, localidades en las que Ciudadanos no tiene ninguna representación, así como en muchas de las intervenciones de Rivera que ya en mayo de 2018 firmó un manifiesto titulado 'ETA quiere poner el contador a cero', para que los crímenes de la banda no quedaran impunes y que fue presentado por Covite en San Sebastián.

“He firmado el manifiesto por un #FinDeETASinImpunidad. Los demócratas españoles hemos derrotado juntos a los etarras, pero más de 300 familias destrozadas aún esperan que los asesinos paguen por ello. Memoria, dignidad y justicia”, dijo entonces Rivera en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

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