Expertos ven una “crisis humanitaria” en los campesinos desalojados de Guatemala

Una misión internacional de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) concluyó este viernes una visita de campo a Guatemala y aseguró que la comunidad de campesinos desalojados de Laguna Larga, desplazados ahora a la frontera entre Guatemala y México, viven una “crisis humanitaria”.

Esta comitiva, que comenzó su viaje el pasado 19 de mayo a esta comunidad, que sufrió un desalojo forzoso en junio de 2017, dijo en su informe final que las personas siguen “sin la atención humanitaria adecuada y sin una solución duradera”.

La misión estuvo integrada por la abogada suiza de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Ginebra, Marie Beger; de la experta en solidaridad internacional Nuria Carulla, de la organización Justicia y Paz de Barcelona (ente de la Iglesia católica para la defensa de los derechos humanos), y el director de la CIJ para Centroamérica, Ramón Cadena.

Después de este viaje, y de varias reuniones previas con funcionarios y afectados, la comitiva recordó en su informe que según los estándares internacionales los Estados tienen la obligación de “abstenerse” de practicar desalojos forzosos, así como de proteger a las personas contra estas prácticas.

“Los Estados deben reconocer que la prohibición de los desalojos forzosos incluye el desplazamiento arbitrario, que produce una alteración en la composición étnica, religiosa o racial de la población afectada”, agregó el documento, al que Efe tuvo acceso este viernes.

Como hallazgos de la visita, la comisión señaló “los efectos del transcurso del tiempo” desde que se produjo el desalojo forzoso, y recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió en 2017 otorgar medidas cautelares a favor de los pobladores de la Comunidad Laguna Larga el 8 de septiembre.

Desde el 2 de junio, día de los hechos, ha pasado el tiempo sin que “el Estado de Guatemala haya tomado todas las medidas necesarias para aliviar y finalizar la crisis humanitaria” en la que viven y advierten de que se pueden generar “mayores afectaciones” a los derechos a la vida e integridad de las personas.

“Han transcurrido casi dos años desde el desalojo forzoso sin que el Estado haya implementado una solución duradera a favor de las personas que integran dicha comunidad, habiendo constatado que la situación del derecho a la alimentación, vivienda, salud (...) permanecen igual o peor que al inicio”, explica el documento.

En este mismo sentido, detallan que el lugar en el que está ahora el campamento de desplazados internos, una zona selvática de la frontera con México, provoca aún “más desamparo” en la población, que ya cuando vivía en su lugar de origen tenía unas condiciones difíciles pero que ahora está aislada, lo que provoca una “sensación de soledad, angustia y abandono”.

“Las lluvias que se avecinan causarán aún más aislamiento y sus derechos económicos, sociales y culturales, así como su derecho a la vida, se verán especialmente afectados”, arguye.

Aunque los expertos admiten que el Gobierno de Guatemala ha entregado “ayuda humanitaria esporádica”, señala que la mayor parte de esas asistencia proviene de la cooperación internacional, como de la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia, el Comité Internacional de la Cruz Roja o la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, así como del Gobierno mexicano.

Esta “incertidumbre” que provoca la ausencia de asistencia gubernamental también crea desasosiego en la población y carencia en productos básicos, falta de energía y servicios sanitarios, salud y agua potable, la falta de medios para los nacimientos y los decesos, la educación o el acceso a la tierra.

En conclusión, señalan que las “graves carencias, dificultades y preocupaciones” producen una “permanente ansiedad y repercuten en la salud física y psíquica de los miembros de la Comunidad Laguna Larga”, lo que requiere una solución definitiva “urgente”.

“El hecho de permitir que transcurran ya dos años sin dar una vía de futuro real y digno para la comunidad Laguna Larga ha provocado que dicha comunidad esté sufriendo una condición inhumana y degradante”, arguyó.

Los campesinos aseguran que comenzaron a poblar la zona a mediados de los años 80, antes de que entrara en vigor la Ley de Áreas Protegidas, aunque reconocen que no fue hasta principios de 2000 cuando llegaron a constituirse como una comunidad que, con el paso del tiempo, llegó a contar con escuela reconocida por el Ministerio de Educación, delimitación del Consejo Nacional de Áreas Protegidas y un cementerio público.

Los campesinos huyeron del sitio, donde cada familia contaba con cultivos de pepitoria, fríjol, maíz y otros frutos, la noche del 2 de junio de 2017 cuando supieron que unos 1.400 policías se dirigían hacia la comunidad a desalojarlos.

La organización mexicana Voces Mesoamericanas advierte en su estudio “Des-esperando en la frontera: Informe de la situación de la comunidad Laguna Larga a 6 meses de su desplazamiento forzado”, que el desplazamiento de los campesinos se debe a que la zona fue dada en concesión a una petrolera canadiense.

Además, Guatemala reclama bonos de carbono por contar con mayor extensión de terreno en la zona protegida sin habitantes, un millonario proyecto que busca recuperar el llamado Triángulo de Candelaria, donde está Laguna Larga.