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El Gobierno quiere incluir a los denunciantes de casos de corrupción en protección de testigos

La Ministra de Justicia, Dolores Delgado cree urgente una reforma legal para "frenar el aumento de las intimidaciones o el miedo a sufrir represalias" 

Delgado considera que la ley de 1994 que regula la protección de testigos es "insuficiente" y está "superada por la realidad"

Delgado asegura al PP que evitará el uso partidista y político de la Fiscalía

EFE

La Ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha dicho este miércoles en el Congreso de los Diputados que es necesario modificar la ley que regula la protección de testigos para incluir a los denunciantes de los casos de corrupción con el fin de "frenar el aumento de las intimidaciones o el miedo a sufrir represalias" de los mismos.

Delgado ha recordado en la Comisión de Justicia que la Cámara Baja está tramitando la Proposición de Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes porque se hace imprescindible implantar instrumentos que protejan a "aquellos que en un ejercicio de responsabilidad ciudadana se atreven a dar el paso de alertar sobre la comisión de delitos relacionados con la corrupción".

En esta línea, la ministra ha recalcado que es "urgente" que se frene "el aumento de las intimidaciones o el miedo a sufrir represalias; evitar la publicidad o difusión de datos personales de estas personas protegidas que aumentan su riesgo desde el primer momento". Para ello, considera necesario reformar la ley de 1994 que regula la protección de testigos ya que, a su juicio, es "insuficiente" y está "superada por la realidad".

Además, considera que hay que reconocer las carencias materiales y personales de los sistemas de protección de denunciantes, testigos, colaboradores o víctimas y que hay que actualizar la norma a las "nuevas formas de criminalidad que provocan tensión en el proceso penal desvirtuando sus fines".

Por otro lado, ha anunciado que se desarrollará un estatuto jurídico del arrepentido en los delitos de corrupción pública que "permita conjugar la sanción de su conducta (la de los arrepentidos) con la obtención de pruebas incriminatorias para todos los partícipes del hecho criminal".

También se ha encargado a la Comisión General de Codificación un estudio para reubicar en un solo título del Código Penal todas las conductas penales actuales relacionadas con la corrupción pública.

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